Preocupación por lento avance de fast track de seguridad: sólo 4 de 31 proyectos han sido despachados

Publicado por Diego Álvarez Calvo
La información es de Gonzalo Olguín
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El balance del segundo fast track legislativo de seguridad revela que solo 4 de 31 proyectos han sido aprobados hasta ahora. Sin embargo, se destaca la flexibilidad en el trámite y promulgación de leyes de seguridad, con más de 60 iniciativas despachadas durante este gobierno, incluyendo medidas como sancionar la tenencia de tecnología en cárceles y regular la venta de vehículos robados. Avances significativos como la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la Ley Antiterrorista han sido destacados, junto con la próxima votación de la Ley de Inteligencia en enero. Por otro lado, se señala la necesidad de acelerar el trámite de proyectos críticos como Infraestructura crítica y Reglas del Uso de la Fuerza en el Senado, donde han enfrentado obstáculos por diferencias ideológicas y densas discusiones.

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A pocos días de que termine el presente año, el balance en torno al segundo fast track legislativo de seguridad dejó sólo 4 de 31 proyecto aprobados en esta materia.

De todas maneras, cabe destacar que, a diferencia del primer fast track, en esta ocasión ha habido más flexibilidad en dar trámite y promulgación a proyectos de ley que son de seguridad, sin necesidad de incorporarse al listado.

De hecho, durante este gobierno se han despachado más 60 iniciativas relacionadas con la seguridad, destacando el que sancionar la tenencia de elementos tecnológicos en las cárceles, la prevención de venta de vehículos motorizados robados y la agenda de proyectos de regulación migratoria, con diversas propuestas despachadas y otras con buenos avances.

Ministerio de Seguridad y Ley Antiterrorista

Por otro lado, en una mirada más cualitativa, el despacho a ley de la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la Ley Antiterrorista son avances históricos, que, sumados a la Ley de Reincidencia y la regulación de narcofunerales, cierran un balance positivo para La Moneda y el oficialismo.

El ministerio 25 separará las funciones de estrategias de seguridad y control de orden público del Ministerio del Interior, creando un nuevo seremi de seguridad y fortaleciendo la figura del delegado presidencial.

En tanto, La ley Antiterrorista mejoró los criterios objetivos para castigar la asociación terrorista, ampliando el catálogo de delitos. Además, en izquierda y derecha reconocen que el debate por el IMSI catcher, que no irá al Tribunal Constitucional, no forma parte del “corazón” de la iniciativa.

En ese sentido, la jefa de comité del Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes, destacó la aprobación del Ministerio de Seguridad y de la Ley Antiterrorista, señalando que “lo más importante es cómo se trabajó (…) Un atisbo de lo que pueden ser acuerdos”.

Ley de Inteligencia

Por otra parte, se espera que enero sea un mes frenético para una serie de los proyectos de la agenda y se podría dar un despacho histórico. Esto porque, el 22 de enero del 2020, la Ley de Inteligencia llegó a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja y cinco años después, finalmente podría votarse en Sala.

Ante este escenario, la diputada y presidenta de la instancia, Camila Flores (RN) aseguró que “no cabe otra alternativa que despachar la Ley de Inteligencia en enero (…) Lo que queda precisamente es la propuesta de la planta de la ANIC (Agencia Nacional de Inteligencia Civil), que es una propuesta que requiere iniciativa del gobierno”.

“Hemos tenido un buen diálogo con el gobierno, hemos tenido buen diálogo con la oposición, pero falta voluntad por parte del oficialismo”, agregó.

RUF e Infraestructura crítica

En una mirada general de los 27 proyectos priorizados que se encuentran en trámite, dos tercios de toda la agenda están en el Senado con una particularidad: ninguna de las iniciativas está aún alojada en la Comisión de Seguridad.

Hacienda, Constitución, Gobierno Interior, Transporte, Defensa y hasta la comisión de mujer, tramita iniciativas de esta agenda y el 2025 la cámara alta tendrá la misión de destrabar las iniciativas.

En ese sentido, el presidente de la comisión recién mencionada, el senador Iván Flores (DC), destacó que “hay dos proyectos que son críticos”.

“Infraestructura crítica, que está en la Comisión de Defensa, y Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que está en comisiones unidad de Defensa y Seguridad (…) Claramente, tenemos un problema con la menor velocidad que esa comisión, que no depende de nosotros, sino de las urgencias que le ponga el gobierno y la velocidad con que trabaje esa comisión”.

Por otro lado, han pasado más de dos meses desde que una reunión en La Moneda, entre el gobierno y la presidencia de ambas cámaras, sellara un acuerdo político: se pactó que estas dos iniciativas estarían en el centro de las prioridades para tener avances.

Así, en el Senado entienden que son iniciativas que están hermanadas: Infraestructura crítica para saber qué proteger y RUF para saber cómo protegerlo.

Ante este escenario, Gastón Saavedra (PS), integrante de la omisión de Defensa del senado, aventuró que “son proyectos que requieren esta urgencia en la tramitación (…) Tenemos que avanzar”.

En tanto, voces de la comisión unida de Defensa y Seguridad dicen que el trámite ha sido lento por diferencias ideológicas y por la densidad de la discusión de principios y obligaciones de las Reglas de Uso de la Fuerza para Carabineros y efectivos militares.

Una petición está sobre la mesa para ver si durante el mes de enero la tramitación puede agilizarse y sesionar al menos una vez a la semana, a diferencia del trabajo quincenal que marcó los últimos meses del 2024.

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El balance del segundo fast track legislativo de seguridad revela que solo 4 de 31 proyectos han sido aprobados hasta ahora. Sin embargo, se destaca la flexibilidad en el trámite y promulgación de leyes de seguridad, con más de 60 iniciativas despachadas durante este gobierno, incluyendo medidas como sancionar la tenencia de tecnología en cárceles y regular la venta de vehículos robados. Avances significativos como la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la Ley Antiterrorista han sido destacados, junto con la próxima votación de la Ley de Inteligencia en enero. Por otro lado, se señala la necesidad de acelerar el trámite de proyectos críticos como Infraestructura crítica y Reglas del Uso de la Fuerza en el Senado, donde han enfrentado obstáculos por diferencias ideológicas y densas discusiones.

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A pocos días de que termine el presente año, el balance en torno al segundo fast track legislativo de seguridad dejó sólo 4 de 31 proyecto aprobados en esta materia.

De todas maneras, cabe destacar que, a diferencia del primer fast track, en esta ocasión ha habido más flexibilidad en dar trámite y promulgación a proyectos de ley que son de seguridad, sin necesidad de incorporarse al listado.

De hecho, durante este gobierno se han despachado más 60 iniciativas relacionadas con la seguridad, destacando el que sancionar la tenencia de elementos tecnológicos en las cárceles, la prevención de venta de vehículos motorizados robados y la agenda de proyectos de regulación migratoria, con diversas propuestas despachadas y otras con buenos avances.

Ministerio de Seguridad y Ley Antiterrorista

Por otro lado, en una mirada más cualitativa, el despacho a ley de la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la Ley Antiterrorista son avances históricos, que, sumados a la Ley de Reincidencia y la regulación de narcofunerales, cierran un balance positivo para La Moneda y el oficialismo.

El ministerio 25 separará las funciones de estrategias de seguridad y control de orden público del Ministerio del Interior, creando un nuevo seremi de seguridad y fortaleciendo la figura del delegado presidencial.

En tanto, La ley Antiterrorista mejoró los criterios objetivos para castigar la asociación terrorista, ampliando el catálogo de delitos. Además, en izquierda y derecha reconocen que el debate por el IMSI catcher, que no irá al Tribunal Constitucional, no forma parte del “corazón” de la iniciativa.

En ese sentido, la jefa de comité del Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes, destacó la aprobación del Ministerio de Seguridad y de la Ley Antiterrorista, señalando que “lo más importante es cómo se trabajó (…) Un atisbo de lo que pueden ser acuerdos”.

Ley de Inteligencia

Por otra parte, se espera que enero sea un mes frenético para una serie de los proyectos de la agenda y se podría dar un despacho histórico. Esto porque, el 22 de enero del 2020, la Ley de Inteligencia llegó a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja y cinco años después, finalmente podría votarse en Sala.

Ante este escenario, la diputada y presidenta de la instancia, Camila Flores (RN) aseguró que “no cabe otra alternativa que despachar la Ley de Inteligencia en enero (…) Lo que queda precisamente es la propuesta de la planta de la ANIC (Agencia Nacional de Inteligencia Civil), que es una propuesta que requiere iniciativa del gobierno”.

“Hemos tenido un buen diálogo con el gobierno, hemos tenido buen diálogo con la oposición, pero falta voluntad por parte del oficialismo”, agregó.

RUF e Infraestructura crítica

En una mirada general de los 27 proyectos priorizados que se encuentran en trámite, dos tercios de toda la agenda están en el Senado con una particularidad: ninguna de las iniciativas está aún alojada en la Comisión de Seguridad.

Hacienda, Constitución, Gobierno Interior, Transporte, Defensa y hasta la comisión de mujer, tramita iniciativas de esta agenda y el 2025 la cámara alta tendrá la misión de destrabar las iniciativas.

En ese sentido, el presidente de la comisión recién mencionada, el senador Iván Flores (DC), destacó que “hay dos proyectos que son críticos”.

“Infraestructura crítica, que está en la Comisión de Defensa, y Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que está en comisiones unidad de Defensa y Seguridad (…) Claramente, tenemos un problema con la menor velocidad que esa comisión, que no depende de nosotros, sino de las urgencias que le ponga el gobierno y la velocidad con que trabaje esa comisión”.

Por otro lado, han pasado más de dos meses desde que una reunión en La Moneda, entre el gobierno y la presidencia de ambas cámaras, sellara un acuerdo político: se pactó que estas dos iniciativas estarían en el centro de las prioridades para tener avances.

Así, en el Senado entienden que son iniciativas que están hermanadas: Infraestructura crítica para saber qué proteger y RUF para saber cómo protegerlo.

Ante este escenario, Gastón Saavedra (PS), integrante de la omisión de Defensa del senado, aventuró que “son proyectos que requieren esta urgencia en la tramitación (…) Tenemos que avanzar”.

En tanto, voces de la comisión unida de Defensa y Seguridad dicen que el trámite ha sido lento por diferencias ideológicas y por la densidad de la discusión de principios y obligaciones de las Reglas de Uso de la Fuerza para Carabineros y efectivos militares.

Una petición está sobre la mesa para ver si durante el mes de enero la tramitación puede agilizarse y sesionar al menos una vez a la semana, a diferencia del trabajo quincenal que marcó los últimos meses del 2024.