Las discrepancias entre sectores políticos por control en cárceles: se agudizan tras reo decapitado

El hallazgo de un reo decapitado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Bío Bío, en Concepción, encendió la alerta respecto al control en las cárceles del país y agudizó las diferencias entre oficialismo y oposición en esta materia.

El cadáver de la víctima fue encontrado el recién pasado lunes en la misma celda que compartía con su asesino. Además, en el lugar, que estaba con sangre en las paredes, se encontró una biblia y escritos con símbolos satánicos.

La horripilante escena, según el fiscal del caso, Michelangelo Bianchi, “no se trataría de crimen organizado, sino más bien de una situación particular que hay que investigarla”.

Frente a esta situación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tuvo que explicar sus palabras de este fin de semana, cuando sostuvo que el Estado tiene el control de las cárceles del país.

“Nuestra institucionalidad controlo los establecimientos penales. ¿Qué significa esto? Que Gendarmería puede entrar a cualquier establecimiento penal. No hay ningún establecimiento penal en nuestro país que se encuentre en manos de los internos, ninguno. En nuestro país no pasa lo que ocurre en otros países de la región, donde son los internos los que controlan el establecimiento penal”, aclaró.

Sin embargo, el reo decapitado en Concepción, sumando a otros hechos de violencia al interior de las cárceles, como los ocurridos en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), donde en junio de este año se registraron destrozos al mobiliario y amenazas de muerte a gendarmes, o la fuga de reos registradas hace un mes en Osorno, preocupan a algunos expertos y, también, a distintos sectores políticos.

Por situación en cárceles: “Sabemos que hay una corrupción”

En ese sentido, el senador y presidente de la comisión de Seguridad, Iván Flores (DC), apuntó a que los los dichos del ministro Gajardo son “relativos”: “Una cosa es que no tengamos motines, otra cosa es que no se nos arranquen los presos de las cárceles. Pero, otra cosa es no haya corrupción o que no haya algún tipo de perforación a nuestro sistema carcelario”, señaló.

“Y sabemos que hay una corrupción, sabemos que ingresan teléfonos celulares, sabemos que ingresan drogas, que ingresan otros elementos que están prohibidos”, agregó.

Por su parte, la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, indicó que parecieron “raras las declaraciones del ministro de Justicia”, ya que “en las cárceles se siguen cometiendo delitos, en las cárceles se lidera la comisión de delitos, siguen sin estar bloqueados los celulares, así que naturalmente tenemos diferencias de fondo”.

En la misma línea, el diputado José Miguel Castro (RN) destacó la propuesta de su sector político, llamado el Plan Cárceles: “No ha habido más números, no ha existido ninguna clase de segregación, tampoco se le ha cumplido a Gendarmería (…) No solamente hemos estado con los parlamentarios de la comisión de Seguridad Ciudadana, a la cual pertenezco, sino que con técnicos y exdirectores de Gendarmería que lo que han hecho es aportar con soluciones, que no solamente son en términos de dinero, sino de logística, y se puede lograr”, dijo.

Por el contrario, en el oficialismo respaldaron a La Moneda. Por ejemplo, la diputada Alejandra Placencia (PC) expresó que “hoy Gendarmería de Chile está cumpliendo, está integrada a lo que significa el trabajo contra el crimen organizado de bandas que pudieran operar dentro de las cárceles”.

“La crisis penitenciaria en Chile es un reflejo de deficiencias estructurales y de gestión”

Han pasado algunos meses desde que el Presidente Gabriel Boric anunció diferentes medidas en materia de seguridad, entre las que se encontraba la creación de una cárcel de máxima seguridad en la región Metropolitana. Finalmente, se trataba de la ampliación de Santiago 1, lo que es parte de una fast track de cárceles que se tramita en el Congreso.

Sin embargo, más allá de la construcción de más recintos penales, expertos apuntan a que el debate es más de fondo.

El abogado litigante en la materia y académico de la Universidad Finis Terrae, Gustavo Balmaceda, apuntó a que “la evidencia indica que la crisis penitenciaria en Chile es un reflejo de deficiencias estructurales y de gestión en los recintos carcelarios”.

“La presencia de armas, drogas y celulares al interior de las cárceles pone de manifiesto fallas críticas en los sistemas de seguridad, lo que compromete el control estatal sobre estos espacios”, siguió.

En la misma línea, planteó que “para abordar esta temática, me parece fundamental que exista transparencia y auditorías constantes en los procedimientos penitenciarios; colaboración interinstitucional para detectar redes de corrupción que facilitan el ingreso de objetos ilícitos; y, por último, la promoción de políticas de reinserción social que reduzcan la reincidencia y desactiven redes criminales internas”.

Por otra parte, el ministro Jaime Gajardo aseguró que, “en caso de cárceles, nosotros ya aprobamos una ley que nos permite ampliar los establecimientos penales que se encontraban en zonas que tenían congelamiento de sus planes reguladores”.

De esta manera, planteó que se están ultimando los detalles para que esta semana ingrese el proyecto que permitirá construir las cárceles de una manera mucho más rápida, disminuyendo un conjunto de trámites que hoy se requieren. En cuanto al por qué de la fecha, el titular de Justicia explicó que se estaba esperando que terminara la tramitación de la Ley de Presupuestos, “para que precisamente en la tramitación de esa legislación estén los recursos para el plan de infraestructura penitenciaria que tenemos”.