Sigue el debate en torno a la investigación del Ministerio Público por las filtraciones en caso Audio

Los allanamientos al domicilio y oficinas del abogado Enrique Aldunate, en el marco de la investigación que comenzó el Ministerio Público por las filtraciones en el caso Hermosilla, o caso Audio, han agudizado el debate en esta materia.

Cabe mencionar que el artículo 31 de la Ley 19.913, más conocida como “Ley de Lavado de Activos”, señala que “el que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”.

De esta manera, se trata de diligencia que fueron desarrolladas el pasado 4 de diciembre, en el marco de las pistas que sigue el Ministerio Público, para despejar las responsabilidades de la presunta filtración de antecedentes reservados en la investigación.

La causa se inició después de que una funcionaria del Estudio Jurídico Zúñiga-Campos denunciara a Aldunate por instruirle que retirara un pendrive con información confidencial de la causa contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Ángulo. El abogado, en su rol de querellante, le habría pedido a la funcionaria que entregara el dispositivo a una persona de su “total confianza”, quien, según la investigación preliminar, se trataría de una periodista de La Tercera.

De todas maneras, según indicaron fuentes de La Radio, a diferencia de como ha sido el protocolo de búsqueda de la Fiscalía regional Oriente con el celular de Luis Hermosilla, los análisis se harán únicamente respecto de aquellos marcadores que tengan relación con la filtración u órdenes de filtrar antecedentes de la investigación del caso “Audio”.

De este modo, el resto de conversaciones, mensajes, o elementos multimedia que puedan estar relacionados con otros casos o causas quedarían resguardados por el secreto profesional que ampara al abogado.

¿Una estrategia de la defensa de Luis Hermosilla?

Pese a lo anterior, hoy el debate es en torno a las filtraciones se ha agudizado. En ese sentido, hay quienes apuntan a que la investigación por esto sería una estrategia de la defensa de Luis Hermosilla, para que intentar desacreditar a los acusadores, como ya lo habría hecho con Fiscalía, luego de que se conociera la relación que tenía la fiscal Lorena Parra con el polémico penalista.

Por ejemplo, el diputado y exrepresentado por Aldunate en la causa, Daniel Manouchehri (PS), sostuvo que “la estrategia de Luis Hermosilla y su red es clara: cerrar las revelaciones (…) Un debate peligros, que amenaza con abrir la puerta a ataques contra la libertad de prensa y la persecución de periodistas”.

“Revocamos poder a Aldunate y no apoyamos su actuar a nuestra espalda (…) Lo que sí es irónico es que la Fiscalía actuara acá en menos de una hora, mientras que a imputados como Chadwick aún no se les revisa el teléfono”, agregó.

Por su parte, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, apuntó a que Aldunate no es militante del partido socialista, que la bancada puso término a sus servicios inmediatamente, cuando se tomó conocimiento por la prensa”.

Además, añadió que “no tengo ningún antecedente en relación a que pudiera haber antecedentes de una operación política. Yo respaldo la querella, en el sentido que, me parece, hay un interés público involucrado”.

Filtraciones en investigaciones reservadas

Es importante recordar que el caso Audio no es la única causa en la que se han evidenciado los bajos estándares de protección a la integridad y reserva de las investigaciones, existiendo incluso sumarios administrativos al interior del Ministerio Público por presuntas filtraciones en las que pudo haber intervenido algún funcionario.

En ese sentido, el caso más fresco y reciente es el del fiscal Maximiliano Krause, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, quien habría entregado sus claves de acceso al sistema del Ministerio Público a funcionarios de inteligencia de la Policía Marítima de la Armada, aprovechando de la situación e ingresando presuntamente a la carpeta investigativa del caso “Monsalve”.

Frente a esta situación, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, planteó, a través de un oficio al Ministerio de Justicia, una serie de cambios en los procesos judiciales, para evitar las filtraciones que se han generado en el último tiempo.

Por su parte, ex presidente del Consejo para la Transparencia y académico de la Universidad Católica, Francisco Leturia, consideró que hay ocasiones en las que se exagera con el secretismo y la reserva en investigaciones, que debieran ser conocidas por la opinión pública.

“Es verdad que el éxito de las investigaciones y los derechos de los involucrados son cosas importantes, pero deben conjugarse con las demás exigencias de la vida democrática, por ejemplo, nuestro derecho a estar informados; el derecho a saber cómo están haciendo su trabajo los demás organismos del Estado; e, incluso, con el deber del Ministerio Público y los tribunales de justicia de informar todo lo que sea de interés público. Puede haber excepciones, pero estas deben ser muy pocas y justificadas”.