Los efectos tras la ofensiva del Ministerio Público ante las filtraciones del caso Hermosilla

El Ministerio Público comenzó una ofensiva para combatir las filtraciones de antecedentes de causas judiciales que mantienen carácter de reservadas, luego de la apertura de la investigación por violación de secretos.

En ese sentido, ya se registraron los primeros efectos: el abogado Enrique Aldunate, quien solo hasta horas de la tarde de ayer aún figuraba como el representante de la querella ingresada por diputados del Partido Socialista, en el marco del caso Hermosilla, fue el primer damnificado.

El jurista pasó de ser querellante en un caso a convertirse en uno de los investigados por las filtraciones del mismo. Y es que la Fiscalía Metropolitana Occidente lo ha señalado como uno de los posibles responsables de filtrar información de la carpeta investigativa de la causa por la que fueron formalizados los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, un caso liderado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y que se encuentra bajo reserva judicial.

La ofensiva del Ministerio Público

De esta manera, el pasado miércoles se llevaron a cabo dos diligencias, una en domicilio de Aldunate, ubicado en la comuna de Viña del Mar, y otra en las oficinas de del Estudio Jurídico Zúñiga-Campos Abogados, en Providencia.

Hasta esos dos lugares llegaron equipos del OS9 de Carabineros para ingresar y registrar las pertenencias del jurista, buscando todo lo que pueda ser útil en la investigación, entre ellos su celular y equipos tecnológicos que pudiesen guardar información sobre las posibles filtraciones de antecedentes reservados que habría cometido.

Sin embargo, según información de La Radio, el allanamiento no estaría relacionado con la divulgación de los chats de Hermosilla, sino que la pesquisa se centra en la filtración de documentos de la carpeta investigativa.

En tanto, la investigación se inició después de que una funcionaria del Estudio Jurídico Zúñiga-Campos denunciara al abogado por, según ella, instruirle que retirara un pendrive con información confidencial de la causa contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Ángulo.

Asimismo, Enrique Aldunate, en su rol de querellante, le habría pedido a la funcionaria que entregara el dispositivo a una persona de su “total confianza”, quien, según la investigación preliminar, resultó ser una periodista de La Tercera.

Lo anterior, se extrajo de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Aldunate y la denunciante, en los que se visualizan instrucciones sobre el traslado del pendrive.

Efectos tras diligencias por filtraciones en caso Hermosilla

Las repercusiones de las diligencias encargadas por el Ministerio Público no se hicieron esperar. Los parlamentarios representados por Aldunate en el marco del caso Hermosilla, Daniela Ciccardini y Daniel Manouchehri, le quitaron el patrocinio de la causa.

El diputado Manouchehri planteó que “la denuncian en contra del abogado Aldunate, hecha sospechosamente por una militante del Partido Republicano, se debe investigar. Nosotros no le hemos dado ninguna instrucción al abogado Aldunate de filtrar nada. No obstante, para no darle excusas a la banda de Hermosilla, le hemos revocado el mandato judicial”.

“Ojalá Chile supiera todo lo que hay en el celular del caso Hermosilla”, agregó.

Por otra parte, el abogado tenía un rol de asesor legislativo de parlamentarios del PS, pero esa labor, también, terminó el pasado jueves, luego de que enviara una carta a la colectividad, valorando los 20 años trabo junto a la bancada y asegurando que lo hace para concentrarse en su defensa.

Frente a esta situación, el subjefe de bancada socialista, el diputado Nelson Venegas, sostuvo que “somos absolutamente determinantes en este tipo de situaciones. No las vamos a tolerar, no las vamos a aceptar”.

“Efectivamente, la bancada decidió poner término al contrato, porque no vamos a aceptar situaciones de esta naturaleza”, añadió.

Además, señaló que, pese al “cariño” y al “trabajo realizado por mucho tiempo, no vamos a tolerar que se realicen actos que atenten contra la credibilidad y la seriedad que como bancada hemos tratado de sostener”.

“Valoramos profundamente las medidas que está tomando el fiscal Nacional”

Por su parte, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, también abordó la polémica y apuntó a que “el problema con las filtraciones, o las circunstancias en las que se hace pública información que es reservada de las investigaciones penales, es un problema que tiene muchas décadas”. Aquello le ha significado problemas al Ministerio Público.

En tanto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respaldó la ofensiva de la Fiscalía: “Es clave para el éxito de las investigaciones, sobre todo si se declaran reservadas, que esta reserva se pueda resguardar de la mejor manera posible. Ahí, valoramos profundamente las medidas que está tomando el fiscal nacional”.

De esta manera, el allanamiento en el Estudio Jurídico Zúñiga-Campos es la primera diligencia de este tipo relacionada con las filtraciones en el caso Hermosilla. Esta medida ha sido considerada poco común, incluso inédita, para un caso de filtraciones a la prensa.

Además, hasta el momento, no se han hecho públicas otras medidas que pudieran involucrar a empleados de la propia Fiscalía, que podrían haber tenido acceso a los mensajes privados de Hermosilla con figuras públicas.