Judicial, administrativos y políticos: flancos abiertos tras la denuncia por violación contra Monsalve

Publicado por Diego Álvarez Calvo
La información es de Daniela Ruiz-Tagle
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Los últimos antecedentes del caso de la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, han generado una crisis en La Moneda, afectando aspectos judiciales, políticos y administrativos. Destaca la orden de Monsalve de revisar las cámaras del hotel Panamericano, donde presuntamente ocurrieron los hechos, así como el traslado en avión de Carabineros y la ausencia de escoltas en la fecha de los supuestos delitos. Además, se reveló que el Presidente Boric podría ser citado a declarar, y se evidencian tensiones en la coalición de gobierno tras críticas internas entre los partidos. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, es cuestionada por su actuación en el caso, mientras se descarta la aplicación de la Ley Karin y se confirma la apertura de un sumario administrativo en el Ministerio del Interior. La defensa de la denunciante está a cargo del abogado Roberto Ávila Toledo, cercano a la senadora Paulina Vodanovic.

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Los últimos antecedentes conocidos respecto a la denuncia por violación y abuso sexual interpuesta contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desataron una crisis al interior de La Moneda, dejando flacos abiertos en materia judicial, política y administrativa.

De hecho, durante esta jornada de lunes se llevará a cabo un nuevo comité político, donde participarán diversas personalidades oficialistas, y se abordará esta compleja situación.

Flancos administrativos en caso Monsalve

Algunas de las principales interrogantes respecto a este caso son la orden de la exautoridad, antes de enterarse de la denuncia en su contra, para revisar los cámaras de seguridad del hotel Panamericano, mismo donde habrían ocurrido los hechos que se acusan.

Frente a este flanco, el ahora subsecretario del Interior y exministro de Justicia, Luis Cordero, en conversación con el programa Estado Nacional, aseguró que “no hay ningún indicio ni antecedente que dé cuenta que esas cámaras hubiesen sido alteradas”. Además, sostuvo que las grabaciones ya están en poder del Ministerio Público.

Por otro lado, abordó y justificó el traslado en un avión de Carabineros del exsubsecretario Monsalve, a la región del Bío Bío, una vez que se enteraron de la denuncia en su contra al interior del Palacio de La Moneda.

En ese sentido, descartó la existencia de alguna anomalía en el procedimiento.

También, señaló que el cargo de subsecretario del Interior requiere de protección, por lo que se hace necesaria la compañía de escoltas. Sin embargo, todo parece indicar que el 22 septiembre, fecha donde habrían ocurrido los hechos que se le apuntan a Monsalve, este habría estado sin escoleta. Aquello es parte de un sumario abierto por la Policía de Investigaciones (PDI).

Frente a este escenario, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, comentó que a “cada hora que pasa se ve con más claridad la incapacidad del equipo de gobierno, encabezado por el presidente, para manejar una crisis”.

“Se nota la ausencia de conceptos respecto a la responsabilidad que implica cada cargo. Era tan fácil como acogerse al cumplimiento de la ley”, agregó.

Pero, eso no es todo. En el extenso punto de prensa realizado por el Presidente Gabriel Boric, que duró un poco más de cincuenta minutos y donde respondió más de treinta preguntas, el mandatario reveló que Manuel Monsalve le comentó que había solicitado las cámaras de seguridad del hotel Panamericano.

Lo anterior, podría abrir la posibilidad de que el jefe de Estado sea citado a declarar.

El diputado Henry Leal (UDI) abordó este contexto: “Autoridades a cargo de la seguridad dedicadas 100% a este problema y no a defenderse, o dar explicaciones, o ver como salen mejor parados comunicacionalmente. Ese es el problema de fondo, el presidente no dimensiona la crisis que tenemos en seguridad, y ahora una crisis política. Llegó la hora de que el gobierno haga un cambio radical”.

Arista política

Además de lo anterior, se suman las discrepancias al interior de la coalición de gobierno, específicamente entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

En particular, se agudizaron las tensiones entre el Partido por la Democracia y el Frente Amplio. Esto, luego que el diputado Raúl Soto (PPD) hiciera públicos sus cuestionamientos a la manera en que el Ejecutivo ha abordado la crisis.

“El peor enemigo del gobierno y del Presidente Boric, hoy, es el propio Presidente Boric”, dijo Soto.

Posteriormente, un amplio grupo de parlamentarios frenteamplistas criticaron sus declaraciones. Por ejemplo, la diputada Camila Rojas (FA) sostuvo que “el peor enemigo de un gobierno son los parlamentarios oficialistas cuando comienzan a buscar ganancias personales por sobre los temas de fondo”.

En tanto, Maite Orsini, también a través de redes sociales, señaló que “al diputado Raúl Soto le haría bien recordar que no está en campaña, que es parte de una coalición de gobierno y que resulta asqueroso, bajísimo y repulsivo intentar sacar provecho personal de una denuncia de violación a un subsecretario de la cartera liderada por su partido”.

Frente a ello, la bancada de diputados independientes del PPD respaldó al diputado Raúl Soto, a través de un comunicado, donde apuntan a que “es necesario asumir que se cometieron errores en la forma y fondo en que el Gobierno y el Presidente de la República, Gabriel Boric, enfrentaron estos hechos, ya que evidentemente faltó más agilidad en la toma de decisiones y un mejor manejo comunicacional”.

Asimismo, el diputado Jaime Araya argumentó que “los desacuerdos políticos nunca pueden tratarse con descalificaciones e insultos, de la manera en que lo han hecho algunas diputadas y diputados del Frente Amplio respecto del diputado Soto. Raúl planteó un punto político, una discrepancia que uno podrá compartir o no (…) Merecen una disculpa por parte del Frente Amplio, No podemos caer en la cultura de la cancelación y el matonaje”.

Por otra parte, se encuentran los cuestionamientos contra la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien reveló que se enteró días después de que se concretara la denuncia, ya que se encontraba de gira fuera del país.

La diputada republicana Catalina del Real enfatizó en que “no podemos tener a Antonia Orellana en un cargo que no lidera 100% y mucho menos comprometida. Ella se defiende con que no sabía nada porque estaba fuera de Chile. Entonces, ¿quién le informa a ella cuando está de gira? Me pregunto ¿qué sucede con sus asesores o jefa de gabinete? Realmente tenemos un gobierno de aprendices y de cartón en temas relacionados con la mujer”.

En tanto, su par de Demócratas, Érika Olivera, señaló que “la señales enviadas no fueron las correctas. Perdimos una gran oportunidad y creo que la ministra tuvo una importante responsabilidad en ello”.

“Fue triste ver las declaraciones de la ministra cuando se refiere al caso, parecía un recuento legislativo y no una grave situación que afecta a una funcionaria del gobierno”.

Por el contrario, la diputada Nathalie Castillo (PC) planteó que “no es a lugar hacer una suspensión de estas características a propósito de este tema que es grave, que es cuestionable. Pero, en todo contexto, también, tiene su tiempo. No creo que debiera tener un cuestionamiento público, tampoco desde la Cámara, respecto de cómo ha sido su actuar”.

Además, desde el Ministerio del Interior informaron que se descarta la aplicación de la denominada Ley Karin, ya que no existió una denuncia interna, a través de los canales gubernamentales. De todas maneras, ya se habría notificado a la víctima para que sea atendida en la Mutual de Seguridad, en caso de que acepte asistencia psicológica. También, se ratifica la apertura de un sumario administrativo al interior de la cartera.

Por último, la defensa de la funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció a Monsalve, la sume defensa la asume abogado Roberto Ávila Toledo, un abogado de la Universidad de Chile, egresado en 1983, histórico jurista defensor de causas de Derechos Humanos, exmilitante del Partido Socialista (PS) y, según fuentes de BBCL Investiga, cercano a la senadora y presidenta de dicha colectividad, Paulina Vodanovic. Ingresaron una querella por violación contra la exautoridad.

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Los últimos antecedentes del caso de la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, han generado una crisis en La Moneda, afectando aspectos judiciales, políticos y administrativos. Destaca la orden de Monsalve de revisar las cámaras del hotel Panamericano, donde presuntamente ocurrieron los hechos, así como el traslado en avión de Carabineros y la ausencia de escoltas en la fecha de los supuestos delitos. Además, se reveló que el Presidente Boric podría ser citado a declarar, y se evidencian tensiones en la coalición de gobierno tras críticas internas entre los partidos. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, es cuestionada por su actuación en el caso, mientras se descarta la aplicación de la Ley Karin y se confirma la apertura de un sumario administrativo en el Ministerio del Interior. La defensa de la denunciante está a cargo del abogado Roberto Ávila Toledo, cercano a la senadora Paulina Vodanovic.

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Los últimos antecedentes conocidos respecto a la denuncia por violación y abuso sexual interpuesta contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desataron una crisis al interior de La Moneda, dejando flacos abiertos en materia judicial, política y administrativa.

De hecho, durante esta jornada de lunes se llevará a cabo un nuevo comité político, donde participarán diversas personalidades oficialistas, y se abordará esta compleja situación.

Flancos administrativos en caso Monsalve

Algunas de las principales interrogantes respecto a este caso son la orden de la exautoridad, antes de enterarse de la denuncia en su contra, para revisar los cámaras de seguridad del hotel Panamericano, mismo donde habrían ocurrido los hechos que se acusan.

Frente a este flanco, el ahora subsecretario del Interior y exministro de Justicia, Luis Cordero, en conversación con el programa Estado Nacional, aseguró que “no hay ningún indicio ni antecedente que dé cuenta que esas cámaras hubiesen sido alteradas”. Además, sostuvo que las grabaciones ya están en poder del Ministerio Público.

Por otro lado, abordó y justificó el traslado en un avión de Carabineros del exsubsecretario Monsalve, a la región del Bío Bío, una vez que se enteraron de la denuncia en su contra al interior del Palacio de La Moneda.

En ese sentido, descartó la existencia de alguna anomalía en el procedimiento.

También, señaló que el cargo de subsecretario del Interior requiere de protección, por lo que se hace necesaria la compañía de escoltas. Sin embargo, todo parece indicar que el 22 septiembre, fecha donde habrían ocurrido los hechos que se le apuntan a Monsalve, este habría estado sin escoleta. Aquello es parte de un sumario abierto por la Policía de Investigaciones (PDI).

Frente a este escenario, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, comentó que a “cada hora que pasa se ve con más claridad la incapacidad del equipo de gobierno, encabezado por el presidente, para manejar una crisis”.

“Se nota la ausencia de conceptos respecto a la responsabilidad que implica cada cargo. Era tan fácil como acogerse al cumplimiento de la ley”, agregó.

Pero, eso no es todo. En el extenso punto de prensa realizado por el Presidente Gabriel Boric, que duró un poco más de cincuenta minutos y donde respondió más de treinta preguntas, el mandatario reveló que Manuel Monsalve le comentó que había solicitado las cámaras de seguridad del hotel Panamericano.

Lo anterior, podría abrir la posibilidad de que el jefe de Estado sea citado a declarar.

El diputado Henry Leal (UDI) abordó este contexto: “Autoridades a cargo de la seguridad dedicadas 100% a este problema y no a defenderse, o dar explicaciones, o ver como salen mejor parados comunicacionalmente. Ese es el problema de fondo, el presidente no dimensiona la crisis que tenemos en seguridad, y ahora una crisis política. Llegó la hora de que el gobierno haga un cambio radical”.

Arista política

Además de lo anterior, se suman las discrepancias al interior de la coalición de gobierno, específicamente entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

En particular, se agudizaron las tensiones entre el Partido por la Democracia y el Frente Amplio. Esto, luego que el diputado Raúl Soto (PPD) hiciera públicos sus cuestionamientos a la manera en que el Ejecutivo ha abordado la crisis.

“El peor enemigo del gobierno y del Presidente Boric, hoy, es el propio Presidente Boric”, dijo Soto.

Posteriormente, un amplio grupo de parlamentarios frenteamplistas criticaron sus declaraciones. Por ejemplo, la diputada Camila Rojas (FA) sostuvo que “el peor enemigo de un gobierno son los parlamentarios oficialistas cuando comienzan a buscar ganancias personales por sobre los temas de fondo”.

En tanto, Maite Orsini, también a través de redes sociales, señaló que “al diputado Raúl Soto le haría bien recordar que no está en campaña, que es parte de una coalición de gobierno y que resulta asqueroso, bajísimo y repulsivo intentar sacar provecho personal de una denuncia de violación a un subsecretario de la cartera liderada por su partido”.

Frente a ello, la bancada de diputados independientes del PPD respaldó al diputado Raúl Soto, a través de un comunicado, donde apuntan a que “es necesario asumir que se cometieron errores en la forma y fondo en que el Gobierno y el Presidente de la República, Gabriel Boric, enfrentaron estos hechos, ya que evidentemente faltó más agilidad en la toma de decisiones y un mejor manejo comunicacional”.

Asimismo, el diputado Jaime Araya argumentó que “los desacuerdos políticos nunca pueden tratarse con descalificaciones e insultos, de la manera en que lo han hecho algunas diputadas y diputados del Frente Amplio respecto del diputado Soto. Raúl planteó un punto político, una discrepancia que uno podrá compartir o no (…) Merecen una disculpa por parte del Frente Amplio, No podemos caer en la cultura de la cancelación y el matonaje”.

Por otra parte, se encuentran los cuestionamientos contra la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien reveló que se enteró días después de que se concretara la denuncia, ya que se encontraba de gira fuera del país.

La diputada republicana Catalina del Real enfatizó en que “no podemos tener a Antonia Orellana en un cargo que no lidera 100% y mucho menos comprometida. Ella se defiende con que no sabía nada porque estaba fuera de Chile. Entonces, ¿quién le informa a ella cuando está de gira? Me pregunto ¿qué sucede con sus asesores o jefa de gabinete? Realmente tenemos un gobierno de aprendices y de cartón en temas relacionados con la mujer”.

En tanto, su par de Demócratas, Érika Olivera, señaló que “la señales enviadas no fueron las correctas. Perdimos una gran oportunidad y creo que la ministra tuvo una importante responsabilidad en ello”.

“Fue triste ver las declaraciones de la ministra cuando se refiere al caso, parecía un recuento legislativo y no una grave situación que afecta a una funcionaria del gobierno”.

Por el contrario, la diputada Nathalie Castillo (PC) planteó que “no es a lugar hacer una suspensión de estas características a propósito de este tema que es grave, que es cuestionable. Pero, en todo contexto, también, tiene su tiempo. No creo que debiera tener un cuestionamiento público, tampoco desde la Cámara, respecto de cómo ha sido su actuar”.

Además, desde el Ministerio del Interior informaron que se descarta la aplicación de la denominada Ley Karin, ya que no existió una denuncia interna, a través de los canales gubernamentales. De todas maneras, ya se habría notificado a la víctima para que sea atendida en la Mutual de Seguridad, en caso de que acepte asistencia psicológica. También, se ratifica la apertura de un sumario administrativo al interior de la cartera.

Por último, la defensa de la funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció a Monsalve, la sume defensa la asume abogado Roberto Ávila Toledo, un abogado de la Universidad de Chile, egresado en 1983, histórico jurista defensor de causas de Derechos Humanos, exmilitante del Partido Socialista (PS) y, según fuentes de BBCL Investiga, cercano a la senadora y presidenta de dicha colectividad, Paulina Vodanovic. Ingresaron una querella por violación contra la exautoridad.