Expresidenta del TC detalla eventuales problemas del proceso en Acusación Constitucional contra Muñoz

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La ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, calificó como histórico el día en que se aprobaron las acusaciones constitucionales contra los ex ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, destituyéndolos y prohibiéndoles ejercer cargos públicos por cinco años. Peña mencionó que esta situación es inusual al tratarse de dos autoridades diferentes por hechos distintos, lo que generó una discusión álgida. Respecto a la posible defensa de Muñoz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Peña expresó que podría haberse afectado el debido proceso legal al tramitar la acusación constitucional de forma anómala. También opinó sobre el fondo de la acusación contra Muñoz, señalando que el primer capítulo acusatorio se pudo haber configurado, pero no así el segundo.

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La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marisol Peña, conversó con La Radio sobre lo ocurrido este miércoles en el Senado, donde se aprobaron las acusaciones constitucionales contra los ahora exministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, motivo por el que no podrían ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

Frente a este escenario, la abogada sostuvo que “es histórico en su conjunto”, ya que “el día de ayer han quedado destituidos, en virtud de una Acusación Constitucional, dos ministros de la Corte Suprema, independiente de que una ya no estaba (Ángela Vivanco)”.

“Es histórico porque nunca habíamos visto, y ayer la discusión fue muy álgida en torno a este punto, que se dedujera una Acusación Constitucional en contra de dos autoridades distintas, por hechos distintos, lo cual forzó naturalmente a tramitar la acusación en términos que me atreví a calificar, desde un comienzo, como anómalos”, agregó.

Por otra parte, al ser consultada sobre el posible éxito del juez Muñoz, en caso de presentar un recurso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Peña sostuvo que “al haber admitido y haber tramitado, estoy hablando en la Cámara de Diputados, una Acusación Constitucional que se refería a dos personas distintas, por hechos distintos, en circunstancias que una Acusación Constitucional lo que persigue son responsabilidades constitucionales y personales, eso creo que se podría argumentar que complica el derecho a la defensa”.

“Y, tanto en la Constitución chilena como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 sobre garantías judiciales, efectivamente es un punto que podría colisionar con el debido proceso”, siguió.

“Habría existido afectación del debido proceso legal”

En la misma línea, la expresidenta del TC planteó que “los principios esenciales del debido proceso se aplican a todo tipo de procedimiento, incluyendo los que se conocen normalmente como juicios políticos, o acusaciones constitucionales. Por lo tanto, diría que sí, al menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que cuando se desarrolla un juicio político hay que equilibrar muy bien la no afectación del principio de la independencia judicial, para lo cual es indispensable que el derecho a la defensa como parte del debido proceso se cumpla estrictamente”.

Asimismo, comentó que “pienso que sí habría elementos para sostener que en el caso del Juez Muñoz habría existido afectación del debido proceso legal, sobre todo porque, creo, la Cámara tenía una salida”.

En cuanto al fondo de la AC contra Sergio Muñoz, a quien se le apuntó por notable abandono de deberes, la jueza señaló que, “después de escuchar el debate, estaría con la posición de los senadores Chahuán y Cruz-Coke”.

“Creo que, en el caso del juez Muñoz, en el primer capítulo acusatorio se ha configurado, o se pudo haber estimado configurado; no así el segundo capítulo acusatorio”, continuó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.

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La ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, calificó como histórico el día en que se aprobaron las acusaciones constitucionales contra los ex ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, destituyéndolos y prohibiéndoles ejercer cargos públicos por cinco años. Peña mencionó que esta situación es inusual al tratarse de dos autoridades diferentes por hechos distintos, lo que generó una discusión álgida. Respecto a la posible defensa de Muñoz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Peña expresó que podría haberse afectado el debido proceso legal al tramitar la acusación constitucional de forma anómala. También opinó sobre el fondo de la acusación contra Muñoz, señalando que el primer capítulo acusatorio se pudo haber configurado, pero no así el segundo.

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La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marisol Peña, conversó con La Radio sobre lo ocurrido este miércoles en el Senado, donde se aprobaron las acusaciones constitucionales contra los ahora exministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, motivo por el que no podrían ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

Frente a este escenario, la abogada sostuvo que “es histórico en su conjunto”, ya que “el día de ayer han quedado destituidos, en virtud de una Acusación Constitucional, dos ministros de la Corte Suprema, independiente de que una ya no estaba (Ángela Vivanco)”.

“Es histórico porque nunca habíamos visto, y ayer la discusión fue muy álgida en torno a este punto, que se dedujera una Acusación Constitucional en contra de dos autoridades distintas, por hechos distintos, lo cual forzó naturalmente a tramitar la acusación en términos que me atreví a calificar, desde un comienzo, como anómalos”, agregó.

Por otra parte, al ser consultada sobre el posible éxito del juez Muñoz, en caso de presentar un recurso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Peña sostuvo que “al haber admitido y haber tramitado, estoy hablando en la Cámara de Diputados, una Acusación Constitucional que se refería a dos personas distintas, por hechos distintos, en circunstancias que una Acusación Constitucional lo que persigue son responsabilidades constitucionales y personales, eso creo que se podría argumentar que complica el derecho a la defensa”.

“Y, tanto en la Constitución chilena como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 sobre garantías judiciales, efectivamente es un punto que podría colisionar con el debido proceso”, siguió.

“Habría existido afectación del debido proceso legal”

En la misma línea, la expresidenta del TC planteó que “los principios esenciales del debido proceso se aplican a todo tipo de procedimiento, incluyendo los que se conocen normalmente como juicios políticos, o acusaciones constitucionales. Por lo tanto, diría que sí, al menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que cuando se desarrolla un juicio político hay que equilibrar muy bien la no afectación del principio de la independencia judicial, para lo cual es indispensable que el derecho a la defensa como parte del debido proceso se cumpla estrictamente”.

Asimismo, comentó que “pienso que sí habría elementos para sostener que en el caso del Juez Muñoz habría existido afectación del debido proceso legal, sobre todo porque, creo, la Cámara tenía una salida”.

En cuanto al fondo de la AC contra Sergio Muñoz, a quien se le apuntó por notable abandono de deberes, la jueza señaló que, “después de escuchar el debate, estaría con la posición de los senadores Chahuán y Cruz-Coke”.

“Creo que, en el caso del juez Muñoz, en el primer capítulo acusatorio se ha configurado, o se pudo haber estimado configurado; no así el segundo capítulo acusatorio”, continuó.

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