"Acabar con la política de besamanos": La Moneda ingresa reforma al sistema de nombramientos del PJUD

El ministro de Justicia, Luis Cordero, asistió a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y presentó los lineamientos del proyecto que busca una reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial.

El secretario de Estado sostuvo que, “en términos sencillos, esto es acabar con la política de besamanos, de quienes la promueven y quienes la solicitan”.

Todo esto mientras en el Senado se revisaba la Acusación Constitucional contra el, ahora, exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

El actual funcionamiento sistema de nombramientos es: la Corte Suprema emite una quina; el Presidente de la República elige un nombre; y el Senado lo ratifica, o no. Sin embargo, diferentes autoridades apuntan a que está obsoleto, considerando los últimos antecedentes sobre presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial.

Los lineamientos del proyecto que modificaría el sistema de nombramiento

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El proyecto ingresado por La Moneda a la comisión de Constitución de la Cámara Baja, con urgencia simple, se fundamenta en la necesidad de separar la función jurisdiccional de la de gobierno judicial, que es el área administrativa, para garantizar independencia judicial externa.

En ese sentido, se crea un Consejo de Nombramientos, que tendrá como función única la preparación de propuestas jerarquizadas de candidatos, en base a concursos competitivos. Asimismo, tendrá integración mixta, con mayoría de miembros del Poder Judicial sujetos a mecanismos de selección por sorteo y durarán una cantidad de cinco años, sin reelección.

Además, las normas que regulan el funcionamiento y organización del Consejo podrían ser derivadas a la respectiva ley orgánica constitucional

En el caso de la Corte Suprema, se mantendría la ratificación del Senado.

Por otra parte, se plantea la eliminación de la figura de los abogados integrantes de la Corte, para evitar conflictos de interés y conservar la independencia de los tribunales.

También, se busca reestablecer a los colegios profesionales el control de la ética y definir las sanciones judiciales para quienes incumplan, con castigos que llegarían hasta suspensión de la profesión. Así lo mencionó el ministro Cordero: “Estableciendo sanciones para las infracciones éticas que en la legislación actualmente no existen para los nuevos afiliados, dijo.

“Y, en segundo lugar, imponiendo a los colegios profesionales la obligación de promoción y legitimación activa para requerir judicialmente las sanciones disciplinarias, en términos éticos para los nuevos afiliados, que puede llegar hasta la suspensión de la profesión legal”, agregó.

Reacciones al proyecto

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), señaló que en el proyecto “se atiende, en definitiva, el problema de fondo, la crítica que se hace al sistema de nombramientos de ministros de Corte. Y, evidentemente, frente a la crisis que hoy vive, tenemos que ver esto como una oportunidad para corregir errores, o vicios, que se vienen arrastrando por más de 30 años, desde la impplementación de este modelo”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), valoró la separación de las funciones jurisdiccionales: “En ese sentido, la incorporación de la Contraloría, un órgano externo nuevo que va a ver la separación de la parte administrativa con la parte jurisdiccional, son elementos muy importantes”.

“Creo que la constitución de este consejo va a ser muy valioso para mejorar los estándares de nominación de los jueces en nuestro país”, siguió.

De esta manera, en el parlamento, en general, hay consenso en la necesidad de avanzar en esta materia, respecto a la crisis que hoy vive el Poder Judicial y la falta de confianza en aquella repartición. Sin embargo, no existiría tanta expectativa a propósito de esta iniciativa, en base a la sospecha de que la discusión pasará a ser técnica y académica, más que política, lo que podría empantanar el debate, de manera que en la Cámara prevén un debate extenso.

Así, los reparos no se hicieron esperar y el diputado republicano y jefe de bancada de la colectividad, Luis Sánchez, sostuvo que “es importante revisar el sistema de control disciplinario de los jueces. No puede ser un control a lo compadre, entre ellos mismos”.

“Aquí hay harto que cambiar, hay hartas normas que revisar. Esperamos que hays un análisis serio y en profundidad. Hay cosas buenas en la propuesta del Ejecutivo que habrá que rescatar y, también, cosas que vamos a tener que cambiar”, continuó.

En la misma línea, otro punto que fue criticado desde distintos sectores fue que la propuesta mantenga la participación política como un eje de decisión en las designaciones, mediante la participación del Presidente de la Republica y del Senado.

Lo anterior, basado en la idea de que mantener la participación política hace al sistema propenso a los tráficos de influencia. De hecho, al interior de la instancia donde se detalló el proyecto, se escuchó: “Basta solo con un llamado telefónico o un mensaje para que se incida en una votación”.

Ante esto, el diputado Raúl Soto (PPD) señaló que el proyecto “no cumple el objetivo principal, que es blindar el sistema de nombramientos de jueces y el funcionamiento de la justicia de influencias ajenas, especialmente las políticas”.

En tanto, su par independiente socialcristiano, Johannes Kaiser, se preguntó “¿cuál va a ser nuestro mayor conflicto? Va a ser si van a aceptar desde el Ejecutivo que los nombramientos sean el resultado de sorteos”.

En cuanto a este último punto, en el Ejecutivo defienden la participación del Senado, señalando que esta se justifica en un mecanismo de audiencias públicas, en base al modo de evaluación de mérito y concursabilidad que posee la propuesta.

En el marco del debate, el exministro de Justicia, Hernán Larraín, planteó que lo esencial es clarificar quién resuelve la designación de los jueces.

“¿Quien lo resuelve? Este es el tema central, si es sorteo, si es una comisión. En fin, no es irrelevante el que la comisión sea simplemente alguien que propone. O resuelve la comisión, o le propone, porque si dejamos la comisión como solamente una que propone, entonces dónde resolvemos el problema. No lo hemos resuelto”, dijo.