Dictar órdenes y más: las responsabilidades que se le imputan a exgenerales en caso Alto Mando

La formalización de cargos por parte del Ministerio Público contra el exalto mando de Carabineros, durante el Estallido Social, se extendió por dos días, tiempo suficiente para detallar las responsabilidades que se le imputan a los exgenerales, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate.

Los tres se encuentran en calidad de imputados en medio del denominado “caso Alto Mando”, donde se les acusa por sus posibles responsabilidades, por el cargo que desempeñaban en la institución policial, en delitos cometidos durante las manifestaciones que comenzaron en 2019.

Cabe recordar que en el periodo mencionado, Ricardo Yáñez se desempeñaba como director de Orden y Seguridad; Mario Rozas como general director; y Diego Olate como subdirector.

A los exgenerales se les apunta por 228 casos

Así, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, terminó de detallar, uno a uno, los 228 casos que son utilizados para argumentar los delitos de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio”.

Por su parte, del total de las causas incluidas, sólo hay un caso con resultado de muerte. Se trata de Cristián Valdebenito, quien falleció debido a una laceración de arteria por impacto de objeto contundente, luego que personal de Carabineros desplegado en una manifestación, en la intersección de las calles Ramón Corvalán con Carabineros de Chile, hizo uso de la carabina lanza gases con munición .37 mm de manera directa a las personas, específicamente al cuerpo de los manifestantes, sin resguardar además una distancia, segura ni en parábola, según Fiscalía.

En tanto, según los abogados defensores de la causa, de los 228 casos utilizados para argumentar las acusaciones, cerca de 50 contarían con una condena que está firme y ejecutoriada, mientras que el resto todavía se encuentra con procesos judiciales abiertos.

Asimismo, en la intervención de la Fiscalía, también se hizo referencia a los informes de organismos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos, en los que se cuestiona, respecto a Carabineros, la violación del derecho a la integridad personal que generó la utilización de escopetas antidisturbios sin respetar los criterios y exigencias dispuestos en los protocolos para el mantenimiento del orden público, basados en el derecho internacional de los derechos humanos.

De este modo, los persecutores acusaron que los imputados, en las calidades ya referidas, ejerciendo cargos y funciones públicas en Carabineros de Chile, tomaron conocimiento de que, en contexto de las acciones de control del orden público, sus subordinados, de forma consistente en el tiempo y en todas las regiones del país, incurrieron en una serie de conductas constitutivas de delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, mediante abuso de su cargo y al margen de las reglas de uso de la fuerza, y con infracción de las mismas. También, que bajo ese escenario, estando en posición de hacerlo y contando con autoridad para ello, no desplegaron medidas eficaces ordenadas a impedirlos o hacerlos cesar, estando obligados a ello.

Entre los casos que fueron utilizados para sostener los delitos imputados, se consideró el de la senadora independiente Fabiola Campillai.

“El, a esa fecha, capitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda hizo uso de la carabina lanza gases, con munición 37 milímetros, de forma directa a las personas, específicamente al cuerpo de los manifestantes, sin el resguardo de la distancia”, dijo la fiscal Chong.

“No habrá justicia sin considerar el contexto”

Una vez terminada la audiencia, el exgeneral Yáñez reiteró sus críticas a la investigación y acusó que “la imputación que el día de hoy se nos ha hecho carece de mucho, omite muchos antecedentes que contextualizan lo que ocurrió en esa época. Es muy fácil hoy hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ello, pero había que estar ahí”.

“No habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió es periodo. No podemos dejar la democracia en manos del vandalismo y la destrucción”, agregó.

Según el defensor del ex subdirector de la institución uniformada, Diego Olate, el abogado Sergio Contreras, la Fiscalía se encuentra incluso cuestionando los resultados de los sumarios administrativos que hubo al interior de la institución, al no obtener los resultados, que según él, esperaba el ente persecutor.

Por su parte, la abogada querellante y defensora de los Derechos Humanos, Karinna Fernández, explicó que “son cuatros los ejes sobre los que se levanta esa obligación que fue omitida, en la idea que no se hizo cesar”.

En ese sentido, detalló que son “la responsabilidad en materia de derechos humanos”, “el gasto de munición”, “supervisión” y “disciplina”.

Las responsabilidades que se imputan a Yáñez, Rozas y Olate

De esta manera, según el Ministerio Público, Mario Rozas debía aprobar la adquisición, el retiro del servicio y la enajenación de armamento conforme a los criterios técnicos institucionales, sin perjuicio de las disposiciones legales sobre dichas materias.

También, le correspondía aprobar y disponer el uso y aplicación de todas las publicaciones oficiales internas de su Institución y los textos de estudio de sus planteles. Además, al entonces general director de Carabineros, le correspondía dictar órdenes generales, disposiciones obligatorias para toda la institución policial, e instrucciones por medio de circulares, y emitir Boletines Oficiales.

En cuanto a Diego Olate, como ex subdirector de la institución, le correspondía asesorar al general director de Carabineros en el proceso de dirección estratégica, especialmente en el estudio e implementación de políticas, planes, programas y estrategias que permitan mejorar la gestión institucional.

Por su parte, a Ricardo Yáñez, mientras se desempeñaba como ex Director Nacional de Orden y Seguridad, le correspondía planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar a nivel estratégico el cumplimiento de la misión institucional de seguridad y orden público, que se realiza a través de las zonas de Carabineros dependientes de él, a la vez que era el puente de comunicación y de relación entre las jefaturas de Zona de su dependencia y la Dirección General.

En tanto, la formalización será reanudada el próximo lunes 14 de octubre, luego de que fuese suspendida antes de comenzar con la discusión de las medidas cautelares de los imputados, con el fin de que la nueva defensa de Yáñez pueda prepararse de forma adecuada.