Continúa formalización de exgenerales de Carabineros en medio de dudas por prisión preventiva

Publicado por Diego Álvarez Calvo
La información es de Miguelángel Araya
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Durante el proceso de formalización del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y otros dos generales en retiro, Mario Rozas y Diego Olate, se les acusa del delito de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio” durante el Estallido Social. A pesar de los intentos de reprogramar la audiencia por parte de la defensa de Yáñez, esta se llevó a cabo, con la fiscal entregando detalles sobre las responsabilidades de mando de los imputados. Se redujo la cantidad de casos imputados por violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas del 2019. Se mantiene la incertidumbre sobre las medidas cautelares que podrían enfrentar los exgenerales, con la posibilidad de prisión preventiva en el horizonte.

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Durante este miércoles, continuará la formalización del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien está acusado por el Ministerio Público, que lo considera uno de los responsables del delito de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio”, durante el Estallido Social.

Pero Yáñez no el único apuntado de la institución policial, ya que en el banquillo de los acusados lo acompañan otros dos generales en retiro: Mario Rozas y Diego Olate, a quienes se les acusa el mismo delito.

Esta audiencia de formalización se está llevando a cabo luego de los varios intentos que realizó la defensa de Yáñez para reprogramarla. Lo intentaron con recursos de amparo, inhabilitaciones, apelaciones al Tribunal Constitucional, entre otros. Sin embargo, ninguna tuvo éxito.

Primer día de formalización de Yáñez y otros exgenerales

Así, la formalización del denominado “caso Alto Mando” comenzó el recién pasado martes, con el exgeneral Ricardo Yáñez ingresando raudamente al Centro de Justicia de Santiago por el acceso de los funcionarios, luego de que el tribunal lo autorizará, debido a que se preveían manifestaciones y posibles desórdenes al exterior.

Sin embargo, el exnúmero de uno de la institución policial no iba solo en su vehículo, sino que iba acompañado de sus coimputados.

De esta manera, ingresaron los tres imputados por los delitos de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio” durante el estallido social, en el ejercicio de sus respectivos cargos a la fecha.

Ricardo Yáñez como director de Orden y Seguridad; Mario Rozas como general director; Diego Olate como subdirector.

Previo a iniciar con la audiencia como tal, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, rechazó reagendar la instancia, como fue solicitado por la defensa de Yáñez. Pero, sí permitió que al finalizar con la lectura de cargos por parte del Ministerio Público, que la audiencia sea suspendida entre 7 a 10 días, según se defina, probablemente hoy, para que la representación del exgeneral director pueda preparar una debida defensa de cara a la discusión de medidas cautelares.

En uno de los recesos, Ricardo Yáñez grabó un video, en el que está acompañado por Rozas y Olate, y en el que calificó el proceso como injusto y absurdo, considerando el contexto que afectó al país a contar del 18 de octubre del 2019.

“Me parece absolutamente injusta y absurda. Se nos pedía, de acuerdo a los antecedentes que estamos recogiendo, lo imposible. Los carabineros tuvimos que actuar con los medios y con las capacidades que el Estado nos había entregado. Tuvimos que hacer frente a un hecho que es inédito desde que volvimos a la democracia, con la violencia desatada que hubo en este país (…) Creo que esto es injusto, que es el pago de Chile a quienes pusimos la cara, a quienes pusimos el pecho a las balas”, dijo.

Reducción en casos que se les acusan a exgenerales de Carabineros

Durante la formalización, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, entregó el contexto y las acusaciones en contra de los ex altos mandos de Carabineros, sosteniendo que ellos estaban llamados a garantizar que la ley sea respetada por la totalidad del personal, lo que debe materializarse en mecanismos eficaces de monitoreo y fiscalización para prevenir y enfrentar vulneraciones de la ley, sobre todo si estas vulneraciones se presentan con relativa generalidad.

La persecutora detalló las normas nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza que no se habrían cumplido por parte de Carabineros, a la vez que desglosó las responsabilidades de mando que le cabían a cada uno de los imputados, poniendo principal énfasis en el caso del general en retiro, Ricardo Yáñez.

“El imputado Yáñez Reveco, como director de Orden y Seguridad, fue el responsable de la evaluación periódica de planes y programas que guarde relación con el orden y la seguridad pública, a nivel nacional, debiendo disponer los cambios que sean pertinentes”, sostuvo.

Cabe señalar que en un comienzo se hablaba sobre la posibilidad de que se imputarán cerca de 1.386 casos en los que supuestamente se habrían concretado violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de las protestas del 2019. Sin embargo, la cifra se habría reducido considerablemente en lo que se encuentra imputando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quedando en sólo 229 casos, de los cuales ya han sido detallados 139. De esos, la mayoría se trata de casos que no se encuentran con una sentencia judicial, o que no han sido formalizados.

Frente a esta situación, la abogada Karinna Fernández, defensora de los Derechos Humanos y querellante en la causa, señaló que “esos son los casos que se consideran base sobre los cuales de alza la figura de omisión. Es decir, los que pudieron haber evitado y no lo hicieron los altos mandos de Carabineros”.

“Más bien, tiene que ver con el criterio que utilizó el Ministerio Público, pero eso no desestima que hayan otros graves casos en nuestro país, de los cuales existen investigaciones individuales”, agregó.

Por otra parte, estaba previsto que, previo a la audiencia, los generales en retiro hicieran un punto de prensa en el que hablaría, según se había informado, solamente el exgeneral director Ricardo Yáñez. Finalmente, esto no se concreto debido a la presencia de manifestantes que se apoderaron del micrófono y del espacio que había sido preparado.

Entre quienes aprovecharon el espacio para lanzar sus críticas a la institución verde oliva por su accionar durante el Estallido Social, estuvo la senadora independiente, Fabiola Campillai, quien, además, valoró el trabajo del los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, entre aplausos y ovaciones de los presentes.

“Se habla de nuestros compañeros como delincuentes. Hoy, tenemos aquí a los verdaderos delincuentes, los que dieron ordenes, o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país”, dijo.

En tanto, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, también criticó el actuar de las fuerzas policiales durante las manifestaciones del 2019 y 2020: “No sólo corresponda que responsan quienes apretaron el gatillo en Plaza Italia, en Plaza Dignidad, o en otras plazas a lo largo de Chile, sino, también, quienes dieron las órdenes, o o quienes deliberadamente omitieron tomar acciones para cesar con las violaciones a los derechos humanos”.

Incertidumbre por prisión preventiva

También, según se detalló en la audiencia, la cantidad aproximada de personas afectadas por situaciones de violencia institucional, solo en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, es de 2.438 personas, desde el 18 de octubre 2019 al 31 de marzo del año 2020.

De esos casos, 1.002 casos corresponden a lesiones provocadas con proyectiles de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza o cuello. De las lesiones ocurridas en la cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares.

Es así como hoy se espera que la fiscal Chong finalice con los 90 casos pendientes que faltan por individualizar de la lista de imputaciones, a la vez que se mantiene la incógnita sobre qué cautelares serán requeridas para el entonces alto mando de Carabineros de Chile, mientras algunos querellantes ya han adelantado que podría corresponder la prisión preventiva de los imputados.

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Durante el proceso de formalización del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y otros dos generales en retiro, Mario Rozas y Diego Olate, se les acusa del delito de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio” durante el Estallido Social. A pesar de los intentos de reprogramar la audiencia por parte de la defensa de Yáñez, esta se llevó a cabo, con la fiscal entregando detalles sobre las responsabilidades de mando de los imputados. Se redujo la cantidad de casos imputados por violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas del 2019. Se mantiene la incertidumbre sobre las medidas cautelares que podrían enfrentar los exgenerales, con la posibilidad de prisión preventiva en el horizonte.

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Durante este miércoles, continuará la formalización del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien está acusado por el Ministerio Público, que lo considera uno de los responsables del delito de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio”, durante el Estallido Social.

Pero Yáñez no el único apuntado de la institución policial, ya que en el banquillo de los acusados lo acompañan otros dos generales en retiro: Mario Rozas y Diego Olate, a quienes se les acusa el mismo delito.

Esta audiencia de formalización se está llevando a cabo luego de los varios intentos que realizó la defensa de Yáñez para reprogramarla. Lo intentaron con recursos de amparo, inhabilitaciones, apelaciones al Tribunal Constitucional, entre otros. Sin embargo, ninguna tuvo éxito.

Primer día de formalización de Yáñez y otros exgenerales

Así, la formalización del denominado “caso Alto Mando” comenzó el recién pasado martes, con el exgeneral Ricardo Yáñez ingresando raudamente al Centro de Justicia de Santiago por el acceso de los funcionarios, luego de que el tribunal lo autorizará, debido a que se preveían manifestaciones y posibles desórdenes al exterior.

Sin embargo, el exnúmero de uno de la institución policial no iba solo en su vehículo, sino que iba acompañado de sus coimputados.

De esta manera, ingresaron los tres imputados por los delitos de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio” durante el estallido social, en el ejercicio de sus respectivos cargos a la fecha.

Ricardo Yáñez como director de Orden y Seguridad; Mario Rozas como general director; Diego Olate como subdirector.

Previo a iniciar con la audiencia como tal, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, rechazó reagendar la instancia, como fue solicitado por la defensa de Yáñez. Pero, sí permitió que al finalizar con la lectura de cargos por parte del Ministerio Público, que la audiencia sea suspendida entre 7 a 10 días, según se defina, probablemente hoy, para que la representación del exgeneral director pueda preparar una debida defensa de cara a la discusión de medidas cautelares.

En uno de los recesos, Ricardo Yáñez grabó un video, en el que está acompañado por Rozas y Olate, y en el que calificó el proceso como injusto y absurdo, considerando el contexto que afectó al país a contar del 18 de octubre del 2019.

“Me parece absolutamente injusta y absurda. Se nos pedía, de acuerdo a los antecedentes que estamos recogiendo, lo imposible. Los carabineros tuvimos que actuar con los medios y con las capacidades que el Estado nos había entregado. Tuvimos que hacer frente a un hecho que es inédito desde que volvimos a la democracia, con la violencia desatada que hubo en este país (…) Creo que esto es injusto, que es el pago de Chile a quienes pusimos la cara, a quienes pusimos el pecho a las balas”, dijo.

Reducción en casos que se les acusan a exgenerales de Carabineros

Durante la formalización, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, entregó el contexto y las acusaciones en contra de los ex altos mandos de Carabineros, sosteniendo que ellos estaban llamados a garantizar que la ley sea respetada por la totalidad del personal, lo que debe materializarse en mecanismos eficaces de monitoreo y fiscalización para prevenir y enfrentar vulneraciones de la ley, sobre todo si estas vulneraciones se presentan con relativa generalidad.

La persecutora detalló las normas nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza que no se habrían cumplido por parte de Carabineros, a la vez que desglosó las responsabilidades de mando que le cabían a cada uno de los imputados, poniendo principal énfasis en el caso del general en retiro, Ricardo Yáñez.

“El imputado Yáñez Reveco, como director de Orden y Seguridad, fue el responsable de la evaluación periódica de planes y programas que guarde relación con el orden y la seguridad pública, a nivel nacional, debiendo disponer los cambios que sean pertinentes”, sostuvo.

Cabe señalar que en un comienzo se hablaba sobre la posibilidad de que se imputarán cerca de 1.386 casos en los que supuestamente se habrían concretado violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de las protestas del 2019. Sin embargo, la cifra se habría reducido considerablemente en lo que se encuentra imputando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quedando en sólo 229 casos, de los cuales ya han sido detallados 139. De esos, la mayoría se trata de casos que no se encuentran con una sentencia judicial, o que no han sido formalizados.

Frente a esta situación, la abogada Karinna Fernández, defensora de los Derechos Humanos y querellante en la causa, señaló que “esos son los casos que se consideran base sobre los cuales de alza la figura de omisión. Es decir, los que pudieron haber evitado y no lo hicieron los altos mandos de Carabineros”.

“Más bien, tiene que ver con el criterio que utilizó el Ministerio Público, pero eso no desestima que hayan otros graves casos en nuestro país, de los cuales existen investigaciones individuales”, agregó.

Por otra parte, estaba previsto que, previo a la audiencia, los generales en retiro hicieran un punto de prensa en el que hablaría, según se había informado, solamente el exgeneral director Ricardo Yáñez. Finalmente, esto no se concreto debido a la presencia de manifestantes que se apoderaron del micrófono y del espacio que había sido preparado.

Entre quienes aprovecharon el espacio para lanzar sus críticas a la institución verde oliva por su accionar durante el Estallido Social, estuvo la senadora independiente, Fabiola Campillai, quien, además, valoró el trabajo del los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, entre aplausos y ovaciones de los presentes.

“Se habla de nuestros compañeros como delincuentes. Hoy, tenemos aquí a los verdaderos delincuentes, los que dieron ordenes, o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país”, dijo.

En tanto, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, también criticó el actuar de las fuerzas policiales durante las manifestaciones del 2019 y 2020: “No sólo corresponda que responsan quienes apretaron el gatillo en Plaza Italia, en Plaza Dignidad, o en otras plazas a lo largo de Chile, sino, también, quienes dieron las órdenes, o o quienes deliberadamente omitieron tomar acciones para cesar con las violaciones a los derechos humanos”.

Incertidumbre por prisión preventiva

También, según se detalló en la audiencia, la cantidad aproximada de personas afectadas por situaciones de violencia institucional, solo en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, es de 2.438 personas, desde el 18 de octubre 2019 al 31 de marzo del año 2020.

De esos casos, 1.002 casos corresponden a lesiones provocadas con proyectiles de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza o cuello. De las lesiones ocurridas en la cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares.

Es así como hoy se espera que la fiscal Chong finalice con los 90 casos pendientes que faltan por individualizar de la lista de imputaciones, a la vez que se mantiene la incógnita sobre qué cautelares serán requeridas para el entonces alto mando de Carabineros de Chile, mientras algunos querellantes ya han adelantado que podría corresponder la prisión preventiva de los imputados.