Aumenta la polémica en torno a la "permisología" tras suspensión de millonario proyecto de Colbún

Las ventajas comparativas de Chile, tanto a nivel geográfico como productivo, posicionan al país como una economía que resalta en la zona. Sin embargo, desde hace años se arrastra un problema que podría poner en jaque el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Se trata de la “permisología”, que es el término que al menos este año ha sido mencionado innumerables veces.

De todas maneras, una sola palabra no es suficiente para abarcar los procesos burocráticos que enfrentan los sistemas de permisos, que hoy demoran más tiempos que hace algunos años. Esto se traduce en caída en la inversión, salida de capitales, entre otras cosas.

Todo esto, a raíz de la suspensión del proyecto de US $1.400 millones de Colbún, en Paposo, en la región de Antofagasta.

Cronología de la suspensión del proyecto de Colbún

La empresa Colbún, dos años atrás, presentó al Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta su Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto “Central de Bombeo Paposo”, que contenía diálogos con las comunidades. Este informe fue acogido a revisión en junio de este año y un mes más tarde —en agosto— el servicio determinó cerrar el proceso de evaluación.

Sin embargo, la empresa presentó un recurso de reposición que nuevamente fue rechazado. El SEA acogió parcialmente el recurso y dijo que efectivamente hay cosas del estudio que podían ser subsanadas, pero resulta que actualmente hay 2 comunidades, recientemente constituidas, que el SEA pidió caracterizar por separado.

Lo anterior fue uno de los puntos que criticó el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien sostuvo que “son comunidades que al comienzo no existían, que no estaban en la Conadi, que es el organismo técnico que ve este tema. Se lo terminan pidiendo después, al final del periodo, pero cuando parte el proceso de tramitación medioambiental no existían estas comunidades”.

En tanto, la respuesta del CEO de la compañía controlada por el grupo Matte, José Ignacio Escobar, fue de sorpresa: “No nos corresponde opinar o comentar las decisiones administrativas que adopta el servicio”, dijo.

Cabe mencionar que la resolución terminó con la salida del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ramón Guajardo.

Proyectos en torno a la “permisología”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que tenemos sistemas que no tienen una racionalidad compartida o una coherencia entre sí, pero aseguró que el Ejecutivo “se está ocupando”, aludiendo a los dos proyectos que se encuentran en el Congreso en materia de “permisología”.

“El Ministerio de Medio Ambiente trabajó en un proyecto para racionalizar todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, que está actualmente en el Senado, que también es parte del Pacto Fiscal”, dijo.

Además, agregó que “es importante que los funcionarios que intervienen actúen con criterio, actúen con juicio”.

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, evadió abordar la salida de capitales como tal y argumentó que, en materia de inversión extranjera directa, “lo que uno ve en los últimos años es un aumento”. De hecho, el año 2023 tuvimos la mejor inversión extranjera directa desde el año 2014.

El titular no quiso referirse en particular al caso Colbún. Pero, comentó que “es algo que viene hace mucho tiempo, no es algo que creamos nosotros como gobierno, pero sí es un problema que vamos a solucionar como gobierno”.

“Lo que a nosotros nos toca como gobierno, y creo que como toda la sociedad en general, es apoyar a la institucionalidad existente, al mismo tiempo que hacemos los cambios legislativos para subsanar las cosas que no funcionan bien”, continuó.

El proyecto de permisos sectoriales, avanza más rápido en el Congreso y ya está listo para votarse en la sala de la Cámara de Diputados, para luego pasar al Senado. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el proyecto que busca agilizar los permisos medioambientales y que lidera la ministra de la cartera, Maisa Rojas, en el Senado.

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