La formalización contra el polémico abogado Luis Hermosilla, y otras personas, ha revelado múltiples antecedentes que darían cuenta de las relaciones e influencias que mantenía. Asimismo, la información entregada por el Ministerio Público ha salpicado a diferentes personalidades políticas y públicas.
Durante este viernes, se llevará a cabo el tercer día de formalización contra los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, y del esposo de esta última, Luis Angulo, todos imputados por diferentes delitos, como soborno, lavado de activos y delitos tributarios, en el marco del denominado Caso Audio, o Hermosilla.
Así, el recién pasado jueves, en el segundo día de la instancia, el Ministerio Público, en una extensa exposición realizada por el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Angel Orellana, hizo un repaso completo de los nexos y las redes con las que supuestamente contaba Luis Hermosilla, o al menos eso hacía parecer.
Orellana tuvo la misión de entregar la oferta de antecedentes con los que cuenta la Fiscalía para acreditar el delito de lavado de activos, basado principalmente en el conocimiento de los imputados del delito base, y el aprovechamiento de los recursos provenientes de los ilícitos.
La propia fiscalía tituló como uno de los capítulos de esta formalización, el rol que jugaba Luis Hermosilla dentro de la estructura que albergó un plan criminal entre los hermanos Jalaff, los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg.
Sobre la relación de Hermosilla con los hermanos Jalaff, el fiscal explicó que esta supera el vínculo cliente-abogado. “Con los antecedentes recabados durante el desarrollo de la investigación, se considera un hermano, que no sólo está interesado en los asuntos procesales, o jurídicos técnicos, de las actividades profesionales o personales de los hermanos Jalaff, sino, también, en sus resultados económicos”, dijo.
Las influencias y vínculos de Hermosilla
Pero, el perfil de Hermosilla que intentó construir el Ministerio Público para la apreciación de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Leyton, no se detuvo ahí. La Fiscalía Oriente quiso ir más allá, detallando los alcances de las influencias y los vínculos con el “poder”, al que decía tener acceso el propio penalista, a través de personalidades y ex autoridades de la esfera política.
En este marco, se dio cuenta de una conversación del 2016 entre Luis Hermosilla y Álvaro Jalaff, en la cual se buscaba planificar una comida con el expresidente Sebastián Piñera, de la que supuestamente el exmandatario estaba bastante interesado, “on fire”, como lo habría definido Jalaff.
A esto se suma una conversación dada a conocer por la Fiscalía entre el propio abogado con uno de los hermanos Jalaff, en la que hablan sobre el nombramiento de Sebastián Sichel, el 2020, en la presidencia del Banco Estado.
Álvaro Jalaff le envió esa noticia a Hermosilla con la pregunta: “¿Esto es bueno para nosotros?”. “No bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH”, respondió el jurista.
Por otra parte, el fiscal Orellana se refirió al interés que tenían los Jalaff con el nombramiento de Felipe Ward como ministro de Vivienda, durante la segunda administración de Sebastián Piñera.
Las reacciones a los antecedentes presentados pro fiscalía en la audiencia fueron inmediatas.El abogado de la familia Piñera Morel, Juan Domingo Acosta, descartó cualquier cercanía de sus representados con el polémico abogado, apuntando a que se trataría a otra de sus mentiras.
“Lo informado por la Fiscalía da cuenta de una conversación entre el imputado, el Sr. Hermosilla, y una tercera persona que, también, está cuestionada, en la investigación. El contexto de esta conversación no es distinto a otros casos en que dicho imputado se ha atribuido relaciones, vínculos o influencias que no tenía”, señaló.
Un “charlatán”
En tanto, el ex presidente del Banco Estado y ahora candidato a alcalde por Ñuñoa, Sebastián Sichel, respondió a través de redes sociales, asegurando que “presentaremos acciones legales contra el Sr. Hermosilla”.
“Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito. No voy a dejar que este charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”, agregó.
De este modo, el manto de duda continúa en torno a la probidad de la procedencia del dinero y los recursos que manejaba Luis Hermosilla. Según su propio hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, “está más o menos claro que aquí había una línea de crédito, según repitió en muchas veces, por parte de Factop”.
“Lo que sostiene el Ministerio Público es que el uso de esa línea de crédito, incluso, dice que es como que fuera un banco, que al usar esa línea de crédito con dineros provenientes de eso, se mezclaba con los ingresos lícitos de Luis, y eso podría contaminar ese tipo de operaciones, u otras. Si eso es así, vamos a tener una tremenda discusión jurídica”, añadió.
Por su parte, la abogada defensora de María Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, reiteró la inocencia de su representada en los delitos que se le están imputando, argumentando que ella “es una víctima de un delito específico”.
Hermosilla, Chadwick y Matus
Con la aparición de más y nuevos nombres de autoridades que participaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, aumentan las dudas y la desconfianza sobre los dineros que giraron en torno a Andrés Chadwick, tanto por el informe en derecho del alemán Kai Ambos, que habría sido pagado con cuentas de Factop, además de las transferencias realizadas por el penalista al exministro del Interior, que rodean los 19 millones de pesos.
Uno de los salpicados por esta arista ha sido el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, quien según pudo conocer la radio, se encuentra con licencia médica desde el 12 de agosto y precisamente se le termina hoy.
Así las cosas, este viernes finalizará la intervención del Ministerio Público, explicando la necesidad de cautela respecto de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, y Luis Angulo, a quienes se les ha solicitado la prisión preventiva.
Posteriormente, harán lo propio con sus alegatos los querellantes del caso, entre ellos el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado, para que luego finalmente las defensas de los imputados puedan esgrimir sus propias versiones de los hechos, y buscar desestimar las acusaciones del ente persecutor.
Sin embargo, se espera que la audiencia se extienda hasta el próximo lunes, e incluso martes, para finalmente conocer la decisión de la jueza Mariana Leyton sobre si decreta o no prisión preventiva para los silenciosos y mudos imputados, que esta jornada deberán volver a llegar hasta el Centro de Justicia.