Pese a que el polémico abogado, ayer, estaba acompañado de cuatro personas en el banquillo de los acusados, durante esta jornada sólo estará con María Leonarda Villalobos, imputada por los mismos delitos que él, delitos tributarios, soborno, y lavado de activos, y el esposo de esta, Luis Angulo, acusado sólo de delitos tributarios y lavado de activos. Todo en el marco del denomido Caso Audio.
Este jueves, Luis Hermosilla deberá volver a presentarse ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, para continuar con la audiencia de formalización en su contra, tras ser imputado por delitos tributarios, soborno, y lavado de activos, en el denominado Caso Audio.
Pese a que ayer estaba acompañado de cuatro personas en el banquillo de los acusados, durante esta jornada sólo estará con María Leonarda Villalobos, imputada por los mismos delitos, y el esposo de esta, Luis Angulo, acusado sólo de delitos tributarios y lavado de activos.
Son las tres personas respecto de las que el equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente se encuentra solicitando la prisión preventiva.
En tanto, este miércoles, los alegatos comenzaron con la fiscal regional oriente, Lorena Parra, quien detalló cada uno de los delitos imputados, como también las cifras asociadas a estos.
Así, sostuvo que el dinero recibido por Luis Hermosilla desde el factoring Factop, que asciende a $5.500.000.000, por distintos conceptos, como, por ejemplo, la línea de crédito que manejaba de la empresa, entre los años 2019 y 2023, girando cheques en ese mismo periodo en favor de las empresas Factop Spa y Comercial Textil Ziko Limitada.
En tanto, respecto de Villalobos y Angulo, los dineros provenientes de Factop SPA, STF corredora de bolsa y empresas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg superan los $ 24.243.000.000, entre los años 2017 a 2023, girando cheques en ese mismo periodo en favor de las empresas Factop Spa y Comercial Textil Ziko Limitada.
Tras el primer día de audiencia, la abogada de María Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, señaló que, “en general, aquí no existe lavado de activos”.
“Consideramos que existe un delito, que es una estafa, por parte de los involucrados en Factop. Lo que hubo antes de eso, es imposible que configure un lavado de activos”, agregó.
Pago de “coimas” a funcionarios públicos
El Ministerio Público acreditó el pago de “coimas” a funcionarios públicos a través de la revisión del celular de la abogada Villalobos, en el que se encontraron decenas de pantallazos y fotografías de comprobantes de transferencias o depósitos.
En el caso de Renato Robles, funcionario de la Tesorería General de la República y uno de los acusados, se encontraron 11 ingresos de dineros, entre el 2019 y el 2023, desde una cuenta corriente de una sociedad relacionada en propiedad a María Leonarda Villalobos, Steuern SpA, a la cuenta personal del imputado, sumando más de $1 millón 500 mil pesos.
Por su parte, Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos, habría recibido 20 pagos según pudo comprobar la Fiscalía, realizados desde la misma cuenta antes mencionada, aunque esta vez sólo durante el año 2023, sumando más de $14 millones. Esto, a cambio de revisar las declaraciones de renta y sus rectificaciones, e, incluso, anular en el sistema cuatro anotaciones respecto de 3 contribuyentes, entre otras ayudas.
De este modo, los dos funcionarios públicos, que habrían sido los “coimeados”, fueron formalizados de manera más rápida, debido a que ya se había conversado entre Fiscalía y sus defensas las medidas cautelares con las que quedarían. Tanto Mejías como Robles, acusados únicamente por el delito de cohecho, quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El abogado defensor de Patricio Mejías, Juan Eduardo Torres, explicó que las medidas cautelares “se habían conversado anteriormente con la Fiscalía. Las habíamos pactado antes de la audiencia”.
Soborno y asociación entre los imputados
Así las cosas, en esta jornada se espera que el equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, compuesto por la fiscal regional, Lorena Parra, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, y el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, finalice sus alegatos, siendo hoy el turno de mostrar algunos de los elementos de prueba para acreditar la necesidad de cautela de cada uno de los imputados sobre lo que se ha solicitado la prisión preventiva.
En la primera jornada de formalización, el fiscal Felipe Sepúlveda leyó parte de los diálogos que se escuchan en el polémico audio filtrado, que servirían para sostener la comisión de los delitos de soborno, además de la organización entre los imputados.
“Dice Hermosilla ‘o sea, de aquí a mañana tienen que estar los diez palos, porque a este hue… yo le quiero pedir lo siguiente: Compadre, quiero que me dis lo máximo que me puedas dar’. Él pudo como condición: ‘Hue…, no me hue…, ponganme primero las diez lucas que me deben de abril. Ahora quiero que me den lo máximo"”, relató.
Hermosilla y Chadwick
Con el caso han salido a la luz diversos antecedentes que han abierto distintas aristas, algunas de ellas judicializadas como el posible tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.
Sin embargo, una de las que ha generado mayor revuelvo es la que vincula a Hermosilla con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de que participara activamente en su defensa tras la acusación constitucional de la que fue parte en el año 2019.
Se trata de transferencias que superan los $190 millones, entre 2020 y 2023, cuatro meses después de la acusación constitucional que mantiene al exsecretario de Estado sin posibilidad de optar a cargos públicos.
Esto, además del pago de 30 mil euros para la contratación del abogado alemán, Kai Ambos, contactado por el entonces académico de derecho, Jean Pierre Matus, quien hoy se desempeña como ministro de la Corte Suprema. Dinero que, según la Fiscalía, habría salido desde Factop para ser pagado. Es decir, dinero fraudulento.
El abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, dijo no manejar la información con claridad, aunque llamó a la tranquilidad, asegurando que se trata de pagos lícitos.
“Chadwick es una persona correcta y vi que sacó una declaración él, que esto tiene que ver con honorarios profesionales. Así que esto no me sorprendería que sea tal cual. Es así”, dijo.
Por su parte, el consejero y abogado del Consejo de Defensa del Estado, querellante en este caso, Daniel Martorell, sostuvo que se debería decretar la prisión preventiva contra los imputados. “De acuerdo a los antecedentes que están exponiéndose y con los argumentos que se van a acompañar, creo que es la medida procedente respecto de este caso, por gravedad, reiteración y todo lo que significan los elementos que están transcribiéndose”, comentó.