Son diversas las iniciativas del fast track en materia de seguridad las que se debaten en el Congreso. Pese a que algunos de los proyectos han generado amplio consenso, hay otros en los que se han complicado los acuerdos, como es el caso de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
Durante esta semana, la comisión mixta que trabaja en esta legislación trabajó cambiando formas y buscando crear un clima de confianza, para despachar la iniciativa a la Cámara de Diputados y al Senado, a finales de septiembre.
Las principales diputas son por el rol que jugarán las delegaciones presidenciales regionales y qué facultades políticas tendrá -o no- el ministerio del Interior. Asimismo, hasta la eliminación o mejora de la Subsecretaría de Prevención del Delito ha sido un debate reabierto en los últimos días, y la discusión muestra una constante: que los jefes de servicio y encargados no sean designados políticamente.
Otro de los nudos es el momento en que entrará en vigencia la nueva institucionalidad. Parlamentarios del oficialismo plantean que ‘no tiene sentido’ -con la crisis de seguridad que atraviesa el país- que este gobierno no implemente el nuevo ministerio.
El senador y presidente de la comisión mixta, Iván Flores (DC), sostuvo que “si no hacemos una institucionalidad con presupuesto y tecnología suficiente, el crimen organizado nos sobre pasa”.
“Ojalá entre en vigencia lo antes posible. Para tranquilizar a moros y cristianos, queremos un ministerio muy técnico, donde, también, las jefaturas intermedias sean ADP, Alta Dirección Pública. Es lo mejorcito que tenemos, en términos que de no sean puras autoridades políticas del gobierno de turno, ni de este, ni del próximo, ni del siguiente”, agregó.
En todo caso, mucho de esto ya está zanjado: El Presidente de la República, Gabriel Boric, ya tiene un plazo máximo de 18 meses para crear la nueva entidad, que involucra establecer la planta de funcionarios por vía de un decreto. Todo esto deberá ocurrir antes de nombrar a la primera persona a cargo del Ministerio de Seguridad.
En la oposición, la UDI se ha mantenido en contra de esta idea y desde el conglomerado sostienen que debiese ser el próximo gobierno el que active la nueva institucionalidad.
El diputado e integrante de la comisión, Henry Leal (UDI), comentó que, “primero, se debe diseñar la estructura, porque si no están los jefes de división, la estructura administrativa, ¿qué va a hacer un ministro solo? No tiene ningún sentido”.
Ley Antiterrorista
Por otra parte, la Comisión de Seguridad de la cámara baja, que tramita la Ley Antiterrorista, aprobó el catálogo de víctimas en caso de atentado, incluyendo a autoridades como el o la presidenta de la República, ministras y ministros de Estado, parlamentarios en ejercicio o fiscales del Ministerio Público.
Esto último generó tensión, luego de que, en conversación con La Radio, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, soltara una carcajada por la eventual exclusión de los fiscales de este sistema de protección. La impresión era que Valencia reaccionó ‘desinformado’, porque sí están en el proyecto.
La diputada Alejandra Placencia (PC) explicó el proyectó y lamentó como quedó la figura del ‘lobo solitario’ en la norma.
“Una ley que objetiva los delitos terroristas. Cuando hablamos de asociación terrorista, de delitos con finalidades terroristas concretas, viene a distorsionar justamente esta objetivación que queremos dar a esta Ley Antiterrorista, está fuera de este marco. Si bien, se trata de delitos muy graves, no necesariamente se enmarcan dentro de esta ley”, dijo.
La agenda de seguridad tiene aún plazos complejos y en las comisiones ha habido controversias que han estirado los debates más allá de los tiempos autoimpuestos para sus respectivos despachos.
Son 32 iniciativas y solo las que debían despacharse en junio han tenido un avance suficiente. Así, septiembre será el momento de mostrar avances en proyectos en los que aún no llegan siquiera a los debates centrales, Uno de los ejemplos es la situación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza, que solo lleva una sesión de discusión en particular en el senado.