El Congreso recibió nuevamente a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, quien expuso sobre las facultades y responsabilidades que tiene la SEC dentro de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Según indicó la autoridad, la SEC instruye a las empresas tener distintos planes de inversión o de emergencia ante posibles problemas que puedan interferir en el suministro. El no cumplimiento implica la formulación de cargos, que hoy tienen vigente las empresas Enel y CGE.
También, la superintendenta despejó las dudas sobre las“responsabilidades del Estado, asegurando que se enviaron instrucciones a las empresas, mediante una Aviso Temprano preventivo (ATP), para el sistema frontal de agosto.
“Cuando existen alertas tempranas preventivas por situaciones climáticas importantes, la superintendencia hace una comunicación de ‘adopte medidas’, pero adicionalmente (las empresas) deberían tener un despliegue tal, que pudieran cumplir con la obligación legal de dar respuesta, haber realizado la mantención, haber, al menos, hecho un diagnóstico y avanzar con acciones preventivas por parte de la empresa”, dijo Cabeza.
Polémica con empresa Codiner
Por otra parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, abordó la situación que ocurre en el sur con la empresa Codiner, respondiendo por qué no se aplicó el mismo tono severo y un proceso de caducidad de la concesión.
“Ellos presentaron un plan que está siendo monitoreado por la delegación de La Araucanía. Hasta el momento, no ha sido necesario, pero este es un proceso que todavía está en curso y si llega a ser necesario avanzar, se hará también”, dijo.
En tanto, el jefe de regulación de Codiner en La Araucanía, Héctor Hernández, respondió ante los dichos del delegado presidencial regional de La Araucanía, José Montalva, quien planteó un proceso de caducidad de la concesión para la empresa.
“Se entienden sus dichos dentro del contexto propio de un año de elecciones y, también, alineados con los dichos del Presidente Gabriel Boric”, arremetió.
Asimismo, argumentó que “si bien, la normativa vigente concede esta atribución a la autoridad, entendemos que pensar en quitar la concesión requiere mucho más medios de prueba, que solo los eventos catastróficos de los últimos días”.