Ya se tiene fecha y hora para formalizar a los cinco imputados en el caso "Audio". A Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, se suman dos funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, por haber aceptado supuestos sobornos.
El próximo miércoles, el abogado Luis Hermosilla deberá experimentar una larga caminata por la explanada del Centro de Justicia, la que comenzará en la avenida Pedro Montt y terminará en el edificio C. Estará rodeado de cámaras de televisión y micrófonos de medios de prensa, al igual como pasó durante los dos días que prestó declaraciones, por el denominado Caso Audio.
El reconocido jurista no estará solo, ya que lo acompañará su hermano, Juan Pablo Hermosilla, quien lo defiende por estar imputado como el autor de al menos tres delitos, dos de ellos en calidad de reiterados.
También lo acompañarán, pero en el banquillo de los acusados, otras cuatro personas más y sus respectivos abogados. Una de ellas es la abogada que, junto a Hermosilla, asesoraba legalmente a los hermanos Ariel y Daniel Sauer en los negocios de Factop, y la supuesta responsable de haber grabado el audio de casi dos horas que dio origen este caso. Se trata de María Leonarda Villalobos.
Ambos están imputados por los mismos delitos, identificados por la Fiscalía Metropolitana Oriente en los casi nueve meses de investigación que lleva el caso, según se lee en la solicitud de la audiencia a la que tuvo acceso Radio Biobío.
Dentro de los delitos que se imputan se encuentran los consumados y reiterados de soborno, previsto y sancionado en el artículo 250 con relación al artículo 248 bis, ambos del Código Penal; delitos consumados y reiterados del artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario; y el delito consumado de blanqueo de capitales, contemplado en el artículo 27 de la Ley Nro. 19.913, más conocido como lavado de activos.
Los otros imputados del Caso Audio
La lista de imputados continúa, se suma el esposo de la abogada Villalobos, Luis Alberto Angulo Rantul, que destaca por su pasado como exasesor del Ministerio de Educación, en 2015, y exjefe de gabinete del diputado Cristian Tapia Ramos, entre marzo y diciembre de 2022. A él se le apunta como el responsable de delitos tributarios y de lavado de activos.
Y por último tenemos a dos funcionarios públicos. Los “cohechados” o “coimeados” en palabras simples. Se trata de Renato Eduardo Robles Iturriaga, funcionario de la Tesorería Regional de la República, y de Patricio Ignacio Mejías Esparza, del Servicio de Impuestos Internos, ambos apuntados como autores del delito de cohecho, al haber presuntamente aceptado los sobornos ofrecidos por los abogados Hermosilla y Villalobos.
De esta manera, estos cinco imputados deberán enfrentar a la Justicia en exactamente una semana, en lo que ha sido probablemente el caso más polémico del año, y en el que hay grandes expectativas.
¿Hermosilla y compañía arriesgan prisión preventiva?
Fue en entrevista exclusiva con Radio Biobío donde el fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó la causa, analizando los avances de las indagatorias y adelantando lo que se puede esperar de la formalización respecto a una posible prisión preventiva.
En ese sentido, explicó que la solicitud de medidas cautelares “es un asunto que es atribución de los fiscales (…) Pero creo que no cometo ninguna infidencia si digo que había consideración de la gravedad de los delitos por los cuales se está pidiendo formalizar la investigación en su contra. El hecho que son delitos reiterados, es el tipo de situación en que los fiscales suelen pedir prisión preventiva”.
En tanto, desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, también evitaron revelar las medidas cautelares que se pedirán contra los imputados. Pamela Valdés, vocera de dicha fiscalía, sostuvo que “estas se dan a conocer en la formulación de cargos, en la audiencia de formalización, el día 21 de agosto”.
Cabe recordar que, a pocos días que estallara el caso, en noviembre del año pasado, tanto el Servicio de Impuestos Internos como la Comisión para el Mercado Financiero, iniciaron sumarios administrativos. En el caso de esta última institución no se detectaron irregularidades en el comportamiento de sus funcionarios, salvo por un caso específico, que terminó en la destitución de Marcela Gómez Aguirre, por haber entregado información reservada a Adrián Fuentes Campos, relacionada con el proceso de supervisión y fiscalización de STF Capital Corredores de Bolsa.
Según pudo conocer La Radio, Patrico Mejías Esparza, quien es un funcionario de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Impuestos Internos, desde febrero del 2019, estaría suspendido de sus funciones en el ente tributario, debido a que fue citado a declarar en el procedimiento disciplinario en Contraloría Interna, hace tan solo días, durante las primeras semanas de agosto, según indicaron fuentes de La Radio.
La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Servicio de Impuestos Internos de Chile (ANEIICH), Evelyn Apeleo, señaló que “se trata de un perjuicio, o cohecho, que eventualmente se estaría imputando, por no más de $300 mil, cantidad que no importa a la hora de cometer un ilícito. Lamentamos, si efectivamente es así”.
Caiga quien caiga
Ante todo este escenario judicial, la diputada del Partido Socialista y una de las querellantes del Caso Audio, Daniela Ciccardini, insistió en la necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias, tanto en esta causa, como en las demás aristas que han salido del celular de Luis Hermosilla.
“Esperamos que esta red de corrupción y de tráfico de influencias sea investigada y que lleguemos a las últimas consecuencias respecto a las responsabilidades que tienen que existir acá, caiga quien caiga”, dijo.
Así, el próximo 21 de agosto, el Ministerio Público no estará solo desde el lado de los acusadores, ya que recordemos que existen querellas del Consejo de Defensa del Estado, ingresada a los pocos días después de que estalló el caso; también por parte del Servicio de Impuestos de Internos, a través de la que se permite que fiscalía pueda imputar los delitos tributarios identificados por el ente, que recordemos apunta a supuestas irregularidades en la entrega de declaraciones anuales del impuesto a la renta, lo que se tradujo en un perjuicio por los $1.015 millones.
¿Y Daniel Sauer, el otro protagonista del audio?
Daniel Sauer, socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital, no fue considerado para ser formalizado por el Ministerio Público, ya que no se habría identificado la comisión de delitos por esta causa.
Sin embargo, él ya se encuentra privado de libertad de forma preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego de que se formalizara el caso “Factop” por diversos delitos económicos, entre ellos, estafa, lavado de activos y delitos tributarios.