El veto presidencial ingresado por el gobierno al proyecto de elecciones en dos días agudizó aún más la tensión entre La Moneda y la oposición.
En definitiva, desde el Ejecutivo utilizaron la atribución que posee el Presiden Gabriel Boric e ingresaron un veto con siete numerales, tres aditivos, que suman; tres supresivos, que eliminan; y uno sustitutivo, que cambia.
De esta manera, buscan concretar en ciertos términos la reforma electoral para extender a dos días la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Dentro de las modificaciones que buscan conseguir, destaca la multa por no asistir a votar, incluyendo a los extranjeros.
Cronología del veto
El veto presidencial fue anunciado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, la noche del martes. Luego fue ratificada por el ministro Secretario General, Álvaro Elizalde, quien mantuvo diversas reuniones con el oficialismo y la oposición.
Durante la mañana del miércoles circuló un texto que abordaba el veto presidencial que ingresaría La Moneda. En tanto, cerca de las 14:00 horas del mismo días, se explicó que se repondría la multa a todos los electores, incluyendo a chilenos y extranjeros avecindados no nacionalizados; que quienes no votaran tendrían una multa de 0,5 UTM, casi $33 mil, la que está por debajo de la acordada en la comisión mixta, que tenía un techo de casi $131 mil.
Asimismo, se busca reponer el feriado irrenunciable para el día domingo 27 de octubre y concretar la disminución del monto que reciben los partidos políticos por cada voto que reciben sus candidatos, además de mejorar la regulación de la campaña electoral.
Una hora más tarde, cerca de las 15:00 horas, se habría socializado el contenido del veto presidencial, causando molestia en algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, en Renovación Nacional, además del monto de la multa, molestó también que dicha sanción no se le aplicaría a personas mayores de 70 años, a mujeres gestantes ni a quienes estuvieran al cuidado de una persona adulta mayor en condición de discapacidad.
Finalmente, el propio Elizalde comunicó que el veto fue ingresado a la Sala del Senado, a eso de las 16:00 horas del mismo día.
Se agudiza tensión entre gobierno y oposición
Frente a este escenario, el diputado Andrés Longton (RN) manifestó que el veto, “infringe encubiertamente la Constitución y es una sinvergüenzura derechamente encabezada por el ministro Elizalde, que cuando establece una multa máxima de $33mil pretende, tramposamente, ganar las próximas elecciones”.
“Vamos a conversar las bancadas de Chile Vamos. Nosotros, al menos desde la comisión de Seguridad, y lo vamos a conversar con las bancadas, cerramos cualquier tipo de diálogo con este gobierno”, agregó.
En tanto, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), señaló que, “recogiendo distintos planteamientos, escuchando a las distintas bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al formular estas observaciones, Cualquier texto que haya circulado con anterioridad por los medios de comunicaciones, son meros borradores de trabajo, pero lo que importa es este texto del veto presidencial, que se ha dado cuenta en la Sala del Senado”.
La diputada Camila Musante (IND-PPD) planteó que “respecto de los electores, en donde se podría comprender a personas extranjeras y quienes van a tener que pagar una multa también (…) Solamente señalar que la actual Constitución dice que la votación para las personas extranjeras es de carácter facultativo, o sea que podrán votar. Podría existir, o no, un vicio de constitucionalidad sobre la votación de los extranjeros”.
Por su parte, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana señaló que “hubo improvisación, creo que las cosas no estuvieron claras desde un comienzo. Tampoco la derecha fue haciendo las cosas, se opuso tenazmente, en su momento, a la idea de legislar, siquiera, y ahora dicen ‘queremos que voten todos los extranjeros y sino una multa, lo más alta posible’ ¿Quién entiende eso?”.
“Ha faltado un poco de mayor coordinación, al menos en el oficialismo (…) Esperamos que eso también se corrija”, añadió.
Así las cosas, debido a que el gobierno ingresó el veto presidencial con suma urgencia para su discusión inmediata, el proyecto de elección en dos días deberá ser despachado de ambas Salas e iniciar su trámite para convertirse en ley, a más tardar el 31 de julio.
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