La Contraloría General de la Repúblico detectó irregularidades en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), como que 61 "médicos psiquiatras" remitieron certificados para tramitar armas a 1280 personas, pese a que no estaban registrados en la Superintendencia de Salud.
La denominada crisis de seguridad se ha tomado la agenda pública, siendo el aumento de los hechos delictuales con armas de fuego ilegales uno de los aspectos más preocupantes. En ese contexto, la Contraloría General de la Repúblico detectó irregularidades en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).
En la auditoría realizada por el ente fiscalizador a los aspectos procedimentales y tecnológicos del sistema habilitado para el control de las armas, se evidenció que 61 “médicos psiquiatras” remitieron certificados para tramitar armas a 1280 personas, pese a que no estaban registrados en la Superintendencia de Salud.
Frente a esta falencia, y otras, la ministra de Defensa, Maya Fernández, sostuvo que “son casos que vienen del 2011 al 2023”.
“Cuando ingresó nuestro gobierno se tenían antecedentes de algunas falencias, con lo cual ya se estaban tomando medidas. Hay un nuevo reglamento de control de la Ley de Control de Armas, que es de diciembre de 2023. Existe un plan anual de fiscalización”, agregó.
Sin embargo, en la auditoría también se evidenció que 30 personas que se encontraban inscritas en el registro de condenas no fueron deshabilitadas para efectuar los trámites dentro del sistema. Ante ello, la Contraloría estableció un plazo de 60 días para que la Dirección General de Movilización Nacional adopte medidas al respecto.
Por otra parte, hay quienes apuntan a que no se debe mezclar la trazabilidad de las armas legales con sacar las armas ilegales de la vía pública.
Así lo explicó Alejandro Rocafort, director del Club de Tiro de La Reina, quien comentó que “está bien controlar, súper bien, pero otra cosa total y absolutamente desvinculada a eso, son las personas que delinquen y que tienen armas ilegales, las cuales no hacen el certificado psiquiátrico, no inscriben, no dan su dirección”.
“Se está colocando como que si presionaran más a las personas que hacen todo legal vamos a disminuir la delincuencia”, añadió.
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