Un grupo de reos y gendarmes fueron detenidos por tráfico de armas y drogas desde las cárceles Santiago 1 y Huachalalume. La investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y el OS9 de Carabineros reveló conversaciones telefónicas clave, donde se ofrecían armamentos y drogas.
Han pasado algunas semanas desde que un grupo de reos y gendarmes fueron detenidos por los delitos de tráfico de armas y drogas, lo que eran ejecutados desde las cárceles Santiago 1, en la región Metropolitana, y Huachalalume, en Coquimbo.
La investigación la llevaron adelante la Fiscalía Metropolitana Occidente y el OS9 de Carabineros, donde reunieron las pruebas necesarias, entre ellas destacan conversaciones telefónicas que mantuvieron los imputados.
Según consignó El Mercurio, en uno de los extractos de dichas conversaciones se escucha: “Por la 17 y 23 (calibre de armas) quieren cinco lucas ($5 millones), ‘parientito’, así, tal cual como vienen, con tambores y toda la chu… Y la que está (en) la foto y el video… en cuatro lucas me sale esa Glock (pistola)”.
Pese al éxito de está investigación, hay probabilidad de que los detenidos por este tipo de hechos sigan aumentando. La Fiscalía Nacional le encargó a Marcos Pastén, jefe regional metropolitano Occidente, que abra un “foco investigativo” que, además de incluir caso antes dicho, contiene 11 más de características similares.
Según se explica en el medio mencionado, “existe información residual en las pesquisas que pueden generar nuevas investigaciones, pero también porque se revisan todas las denuncias con posible vinculación con organizaciones criminales, tanto de la jurisdicción metropolitana Occidente, como en la Centro Norte, donde se ubican muchos de los recintos penitenciarios capitalinos”.
Modus Operandi de los reos
La medida adoptada por el gobierno, la de ampliar el recinto penal Santiago 1, tiene el objetivo de separar a los internos de mayor peligrosidad, como aquellos que pertenecen a bandas de crimen organizado, de los que han cometido delitos de menor magnitud. También, endurecer las herramientas destinadas a bloquear la comunicación de estos individuos con el exterior y la vigilancia interna.
Lo anterior parecer hacerse necesario, ya que un de las últimas investigaciones que se realizó en esta materia, estableció que desde aquel recinto penitenciario, junto con la Ex-Penitenciaría, algunos reos ofrecían armamentos de distinto calibre, incluso de guerra, y municiones, a través de videos.
Según consigna El Mercurio, este foco investigativo fue denominado como ‘Trinchera’ y se dio cuenta que “el imputado Marcos Morales, alias el ‘Chupadeo’, era un privado de libertad que habría realizado una compra de munición y una compra de granadas y que servía de nexo para ‘El Pariente’ (el imputado Bernardo Valdivieso), para difundir las fotografías de armamentos de fuego ofertadas por el imputado”.
“Según la indagatoria, ‘El Pariente’, en tanto, está vinculado con 22 hechos y se dedica a la divulgación de diversos armamentos de fuego, de guerra (como granadas) y munición, mediante mensajería WhatsApp’. Mientras que Dilan Moreno es, de acuerdo a la investigación, un sujeto privado de libertad que habría realizado la compra de munición y una compra de granadas y que serviría de nexo con ‘El Pariente’”, agregaron.
Pero eso no es todo, ya que a la indagatoria contra ‘El Pariente’ se sumaron casos de ingreso de múltiples drogas a las cárceles. De hecho, un escrito incorporado en la investigación da cuenta de las distintas etapas para el tráfico de estas sustancias y de armamento.
Según el medio citado, se describe que “de distintos teléfonos que mantienen los imputados al interior de los penales, mediante la app WhatsApp, realizan ofertas de armamentos y munición a otros privados de libertad en diferentes penales”.
“Envían fotografías y videos donde se observa el funcionamiento y características de los mismos (armamentos), fijando precios bastante superiores a los de un armamento adquirido por vías legales (…) Una vez establecido el contacto y ofrecimiento, al confirmar la compra y venta, se realizan los pagos mediante transferencias bancarias a personas cercanas a los imputados”, continúan detallando.
Finalmente, “realizado el pago, ambos privados de libertad (en la indagatoria “Trinchera”), coordinan el horario, lugar y personas que harían la entrega y recepción de la especie”.
La ayuda de los gendarmes
Por otra parte, la investigación que llevó a cabo la institución policial, junto a la fiscalía y el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, dio cuenta de una red de gendarmes que apoyaban a los internos de la cárcel de La Serena. Así, tras recibir pagos de dinero, les prestaban protección y cobertura.
De hecho, dentro de los formalizados, se encuentran nueve gendarmes, de los cuales ocho estaban activos en sus funciones, mientras sólo uno de ellos estaba en retiro. En tanto, también cinco internos están cumpliendo con prisión preventiva anticipada.
Una de las denuncias que fue realizada desde la propia institución de Gendarmería establece el ingreso de teléfonos celulares por parte de los gendarmes, luego que se pusieran en marcha los inhibidores. Así, para indagadores, los funcionarios penitenciarios habrían cumplido un rol fundamental en la comisión de algunos de estos delitos, dado el contacto directo que mantienen con los internos.
Revisa todos los detalles en el video.