Según un análisis realizado por el Consejo para la Transparencia, el 54% (433.697) del total de funcionarios públicos corresponden a la administración central, casi 8 mil más que el año pasado. Por otro lado, el sector de la Salud es el que más personal concentra, con más de 220 mil cupos. En tanto, Educación mantiene de 63 mil funcionarios. El 46% restante de trabajadores públicos (377.000) se desempeñan en los municipios.
Una reciente fiscalización, llevada a cabo por el Consejo para la Transparencia, reveló que los empleados públicos del país ascendieron a 810 mil, aumentando un 2,2%, en comparación con el año 2023.
Así, según el análisis realizado por el organismo, el 54% del total de funcionarios públicos (433.697) corresponden a la administración central, casi 8 mil más que el año pasado. Por otro lado, el sector de la Salud es el que más personal concentra, con más de 220 mil cupos. En tanto, Educación mantiene de 63 mil funcionarios. El 46% restante de trabajadores públicos (377.000) se desempeñan en los municipios.
En medio del desarrollo de esta fiscalización, desde el Consejo para la Transparencia acusaron dificultades para obtener la información. Así lo comentó el presidente de la institución, Bernardo Navarrete, quien dijo que “es preocupante que 9% de los organismos de la administración central y un 35% de las municipalidades presente problemas en la disponibilidad, o actualización, en la información de su personal”.
“En el caso que persistan estas irregularidades, vamos a iniciar las investigaciones sumarias y establecer las responsabilidades, y sanciones, que correspondan”, agregó.
Por otro lado, los resultados de este análisis no coinciden con los datos de la Dirección de Presupuesto (Dipres), del Ministerio de Haciendo, donde suman casi 25 mil trabajadores públicos más en la administración central.
Ante esta situación, Mario Acevedo, exdirector de la Dirección de Presupuestos, acusó que “la ley no se cumple, porque obliga a las municipalidades, universidades estatales y empresas públicas a reportar esta información (cantidad de funcionarios), mensualmente, a la Dirección de Presupuesto. El no reporte significa una multa, y esa no se ha pasado desde 2020 a la fecha”.
En cuanto al aumento de los funcionarios públicos, hay quienes se preguntan si esto garantiza mejor calidad en los servicios. El director ejecutivo del Instituto Res Pública, José Francisco Lagos, señaló que estos resultados “vienen a reflejar una situación que ha visto nuestro país en el último tiempo, que es la cantidad de personas que se han contratos, y eso muchas veces no se transforma en mejor calidad de servicio, que para los ciudadanos es lo más importante”.
Cuestionamientos por número de empleados públicos
En la oposición no gustó el resultados de la fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia. La diputada Sofía Cid (RN) argumentó que “es demasiado. Es evidente que lo que busca en engrosar, pagando favores políticos y, de paso, maquillar las cifras de desempleo”.
En la misma línea, el diputado Agustín Romero (Republicano) agregó que “a lo mejor es tapar la deficencia del empleo privado”.
Por el contrario, el diputado Boris Barrera (PC) respondió que “es un punto político de la derecha para decir que se sigue llenando el Estado de grasa, pero son personas necesarias”.
Asimismo, el senador Gastón Saavedra (PS) argumentó que “a lo mejor es insuficiente, porque se necesita contratar a más carabineros, a más PDI, y esos son funcionarios públicos”.
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