El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Sáez, recomendó que la investigación sea llevada por la Justicia Militar. Pese a que este informe no es vinculante, son múltiples las voces que cuestionaron dicha recomendación.
Durante la reciente jornada de lunes se informó sobre un hito importante en la contienda de competencia entre la justicia civil y los tribunales militares, por el caso de los conscriptos de Putre. El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Sáez, recomendó que la investigación sea llevada por la Justicia Militar.
En el informe se detalla que es la justicia militar la que debe conocer este caso, argumentando que “los eventuales responsables por los presuntos delitos tienen el carácter de militares, según se ha definido por la ley” y que “sucedieron en tiempos de paz y ocurrieron en actos del servicio militar”.
Pese a que este informe no es vinculante, son múltiples las voces que cuestionaron la recomendación del fiscal de la Corte Suprema.
El abogado de derechos humanos y representante legal de ocho exconcriptos, Fernando Leal, sostuvo que “proponer que esto sea conocido por la justicia militar implica desahuciar fallos expresos por la Corte Interamericana y van a generar responsabilidad para el Estado de Chile. Además, incumplir fallos de la Corte Interamericana conlleva incurrir en notables abandonos de deberes (…) Me parece lamentable”.
En paralelo a esta situación, desde el Instituto Nacional de Derechos Humano ((INDH) presentaron ante la Corte Suprema un recurso de reposición por la decisión de paralizar la investigación de este caso en la justicia ordinaria.
El escrito se cuestiona sobre si se estará buscando ocultar algo. Por ello, el jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos de la corporación, David Bahamondes, detalló que “el instituto quiere expresar su disconformidad con esta paralización, que impide, de momento, la realización de diligencias importantes que habían sido tomadas en cuenta por la Fiscalía Regional de Arica, a cargo de la investigación”.
En la misma línea, la Diputada y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Lorena Fríes (CS), adhirió “a lo que señalan las organizaciones de derechos humanos. Y no sólo ellas, sino que expertos, incluso la misma Fiscalía”.
Por su parte, la abogada experta en derechos humanos, Karina Fernández expresó que “esto es una contienda de competencia y acá parece que diversas resoluciones nos muestran que, más que una contienda, pareciera ser una acción destinada a salvaguardar los intereses del Código de Justicia militar”.
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