Esta mañana, la Comisión de Seguridad Ciudadana votará en particular las indicaciones al Proyecto de Infraestructura Crítica, pero el Gobierno ya advirtió que no podrán considerar propuestas con rango de ley.
Cambios en la justicia militar y en el uso racional de la fuerza están dentro de los condicionamientos principales de la oposición, pero en el oficialismo acusan que se ha puesto la vara alta, para dejar caer este proyecto en Sala.
Esta mañana la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, votará en particular el Proyecto de Infraestructura Crítica, que incluye el despliegue militar -por orden del Presidente de la República- en las fronteras.
Si alguna vez el Gobierno pensó que el acuerdo al que arribó en el Senado con un trámite rápido, era garantía del mismo escenario en la Cámara baja, esa noción se disipó rápido.
Un cuestionamiento a falta de trabajo legislativo, mezclada con las duras críticas que hicieron el Comandante en Jefe del Ejercito, Javier Iturriaga y los ex ministros de Defensa, Jorge Burgos y Mario Desbordes, desfondaron la función política principal de la iniciativa: Servir como vehículo para dar soluciones al norte, sin usar el Estado de Excepción.
Los diputados tenían hasta la noche de ayer para ingresar indicaciones y en el primer listado aparecen 29. Republicanos pidió que militares puedan tener funciones de orden público, idea que desde el principio ha sido ampliamente criticada.
Chile Vamos fue por definir con rango constitucional o de ley el ‘uso racional de la fuerza’ para casos en que militares hagan uso de su arma y que todo lo derivado de esas situaciones sea revisado por la justicia militar y no la ordinaria.
El diputado RN, José Miguel Castro, hizo el punto de que esto es condicionante para respaldar el proyecto.
El problema es que estas propuestas son profundamente cuestionadas por el oficialismo. No solo cuestionan que la protección de los militares ante eventual uso de fuerza debe ante todo considerar materias de derechos humanos con foco en las personas migrantes que llegan al país y sus condiciones.
Además, es un sector que siempre ha sido reacio a que la justicia militar defina temas de la justicia ordinaria. Esta posición la resume el diputado de Acción Humanista e integrante de la Comisión de Defensa de la cámara, Tomás Hirsch.
El trabajo legislativo ha sido cuestionado por la impresión que tienen algunos legisladores, de que el Ejecutivo pensó que el acuerdo arribado en el Senado, significaría un trámite sin contratiempos y respetando la urgencia de Discusión Inmediata.
Ya le pidieron formalmente al ejecutivo que cambiara esa urgencia para debatir con más tiempo. El diputado de Amarillos, Andrés Jouanett, dijo que debería hacerse un proyecto aparte para el control de las fronteras.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue categórica en señalar que muchos de estos temas podrían encontrar solución en discusiones de la mesa de seguridad, recordando nuevamente que la oposición se bajó.
La secretaria de Estado, recordó que en esta reforma las llamadas Reglas de Uso de Fuerza para definir el actuar militar pasarán a la Constitución, pero su punto central es que estas propuestas de cambio, son de rango legal y no pueden discutirse en este proyecto.
Pese a estos argumentos el escenario puede ser complejo. Los parlamentarios esperan que el Gobierno acoja algunas indicaciones de redacción o que agregan algunas categorías a la infraestructura crítica, pero no mucho más que eso.
El oficialismo cree que están poniendo condiciones difíciles de cumplir, para finalmente dejar caer este proyecto en Sala. En las horas que vienen el ejecutivo buscará cerrar condiciones que no repitan el rechazo que tuvo el veto sustitutivo de agosto: Un parlamentario bromeó ante este escenario que parece una ley con una maldición.