El Congreso aprobó -por decimoquinta vez- una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la llamada Macrozona Sur.
La extensión tuvo mayor respaldo que la última oportunidad, en parte por el avance del proyecto de infraestructura crítica.
Ha tenido muchos firmantes. Ha sido moción parlamentaria y mensaje presidencial, estuvo cerca de ser ley en agosto, pero un veto presidencial -solicitado y luego rechazado por la derecha- obligó a la iniciativa a empezar de cero.
Esta vez, el proyecto que faculta al presidente de la República a desplegar efectivos militares en infraestructura crítica, despachado a la sala del Senado, aparece como una de las llaves que permitirá al Gobierno descomprimir en algo la tensión acumulada por las sucesivas renovaciones del Estado de Excepción Constitucional.
No será completo. Las presiones por replicar la medida en el norte no desaparecen, y la espera por el avance concreto de la ley de usurpaciones con las indicaciones del Ejecutivo siguen en la mira del parlamento.
También hay un tema político. No por nada la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo el punto: Existen personas que sienten inquietud al ver militares en acciones civiles, pero reivindicó que en democracia la seguridad nacional hace su despliegue, necesario.
Las fronteras serán infraestructura crítica de ser despachadas a ley, pero algunos detalles sobre la tipificación de qué califica bajo este nombre serán normadas en otra ley. Habrá un mecanismo transitorio para que con un decreto con fuerza de ley, puedan actuar los militares.
Una pregunta clave del trámite es lo que podrán hacer: Podrán resguardar la frontera y al detectar personas en pasos no autorizados, podrán hacer control de identidad, registrar a las personas y detenerlas, solo para traspasarlas a Carabineros y PDI.
La senadora UDI, Luz Ebersperger, valoró que el tiempo que tiene el Gobierno para emitir el decreto bajó de un año a tres meses, pero igual insistió en que la solución más clara es el Estado de Excepción Constitucional.
El alcalde de Arica, Germán Espindola, se encontraba este martes en el Senado. Al ser preguntado por su diagnóstico, planteó un tema que sigue pendiente, que es resolver las constantes renovaciones cada 15 días del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.
Esto lo hace pensar que pedir esta medida para su zona no es la mejor idea, y que enfocar el trabajo a través de un proyecto solo en el control fronterizo es más prometedor.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó con 91 votos la decimoquinta renovación para 4 provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía, representando una mejora en los 77 votos obtenidos la vez anterior, pero aún muy por debajo de los casi 130 que se alcanzaron durante septiembre.
En todo caso, a los acostumbrados rechazos y abstenciones de algunos diputados de Apruebo Dignidad, se mantiene un voto protesta para que el Estado de Emergencia llegue al norte.
La socialista Danisa Astudillo, ha sido una de las más enfáticas en decir que ésta es la solución más clara a un panorama de crisis extrema, que pasó a enumerar.
En el Senado, el mensaje fuerza sigue siendo el mismo: El Estado de Emergencia en el sur ya alcanzó el límite de lo que podía conseguir y muchas de las salidas son legislativas.
Aquí apareció una curiosidad que terminó el trámite de comisión: Tras aprobarse Infraestructura Crítica, la ministra Tohá y los senadores bromearon con que estaban reinstaurando la mesa de seguridad. Esa mesa es el lugar en donde están aún detenidos cerca de 80 acuerdos, que en opinión del ejecutivo, pueden ayudar a resolver la crisis.