La Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó en general la Ley de Presupuesto 2023 y comienza esta tarde el debate en particular, con casi 700 indicaciones parlamentarias.
Mientras sigue la puerta cerrada para un aumento de la PGU y el debate por el Plan Buen Vivir se intensifica, el gobierno debe lidiar con el paro de la CONFUSAM y el choque entre el Partido Comunista y el Republicano, por los recursos en materia de Derechos Humanos.
En una sesión marcada por los llamados a inyectar más recursos en seguridad y en obras públicas locales, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general -en doble votación- la Ley de Presupuesto 2023, con 128 y 129 votos a favor, respectivamente.
La oposición arremetió exigiendo que se aumente la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a insistir que además de ser inadmisible, no se puede financiar un gasto permanente con dineros para solo un año.
La Directora de Presupuesto del ministerio, Javiera Martinez, precisó que estos temas, junto con recursos en educación y salud, están contenidos en el protocolo de acuerdo firmado en la Comisión Mixta.
Para esta mañana, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal CONFUSAM, llamó a un paro nacional para exigir que el per capita por paciente de la atención primaria, que ya aumentó $379 hasta llegar a los 10 mil, alcance los $10.136.
Gabriela Flores, Presidenta del gremio, planteó que esta es la cifra que corresponde al 12% de inflación, que según el Banco Central, estará vigente en diciembre.
Cruzado por la visita de Gabriel Boric a la Araucanía y el debate por la mesa de seguridad, el diputado RN, Miguel Mellado, presentó una indicación para reducir a mil pesos el presupuesto del Plan Buen Vivir, argumentando que demasiados recursos iban a sueldos de personal.
El diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, dijo que es una señal política por el poco aporte económico y de obra pública que trae el plan, y la diputada oficialista, Ericka Ñanco, recordó que son dineros para financiar los diálogos con las comunidades mapuche.
La glosa de Derechos Humanos, volvió a ser tema. El Gobierno ya había desestimado patrocinar una indicación para que se creara una pensión de gracia para personas que sufrieron pérdidas mobiliarias en el llamado ‘Estallido Social’.
Esta vez, el diputado republicano, Cristián Araya, cuestionó duramente dineros aportados a personas mutiladas en las protestas, al Museo de la Memoria, y por sobre todo, a lo que llamó supuestas búsquedas de detenidos desaparecidos.
Fue ahí cuando la diputada comunista, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cruzó la Sala hasta los pupitres de Republicanos y los increpó tratándolos de tropa de cobardes, por poner en tela de juicio las desapariciones forzadas.
Pizarro, se cuestionó por qué en un debate presupuestario, aparecen cuestionamientos que en una extensa intervención, calificó de miserables y negacionistas.
La bancada del PC, acordó presentar una propuesta de modificación del reglamento de la cámara, que busque tratar en la Corporación el negacionismo de la dictadura.
Según el Presidente de la Corporación, el diputado Vlado Mirosevic, esperarán la propuesta y será considerada, pero al mismo tiempo, dijo que tanto los dichos de Araya como la reacción de Pizarro, ambas serán enviadas a la Comisión de Ética, aguardando posibles sanciones.