Esta tarde comienza la votación en Sala de las 32 partidas de la Ley de Presupuesto 2023, respaldadas por un protocolo de acuerdo con la oposición que prioriza inversión pública, seguridad ciudadana, políticas sociales, educación y salud.
La oposición insistirá en pedir un aumento de la Pensión Garantizada Universal por esta vía, y pensiones de gracia para víctimas de violencia y hasta el Plan Buen Vivir en la Araucanía podrían traer diferencias entre La Moneda y el Congreso.
El primer presupuesto de la nación del gobierno de Gabriel Boric, llega hoy a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, con casi dos meses de trabajo y un protocolo de acuerdo con la oposición firmado el viernes, por la Comisión Mixta que analizó la propuesta.
El documento de 9 puntos compromete, entre otras cosas: La compra de entre 2022 y 2024 de casi 3 mil vehículos para carabineros, para reducir el déficit de operaciones del 54% al 16%. También se destinaron dineros para el mismo fin en instituciones como la PDI y Aduanas.
Se acordó una mesa para fortalecer el Ministerio Público, estudiando recursos para aumentar la dotación de fiscales y funcionarios, con un informe a evacuarse en mayo, para convertirse en proyecto en septiembre.
En Salud, se eleva el per cápita de la Atención Primaria a 10 mil pesos por paciente y en Educación, permitir el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Educación, de casi 20 mil millones de pesos, sin reducir el aporte del Estado a Liceos Bicentenario.
Esta es la primera ley de Presupuesto que contiene una partida para Gobiernos Regionales, aprobando fondos para la compra de terrenos para abrir vías o calles en sectores urbanos y rurales.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que no todo lo comprometido irá en este presupuesto, pero el protocolo es importante porque muestra un camino de acuerdo a mediano plazo con la oposición.
Al final de la declaración, escuchamos a Marcel cerrarle la puerta a una indicación que sería ingresada hoy mismo de parte de la oposición, para que se aumente a 250 mil pesos la Pensión Garantizada Universal, dentro de la ley de Presupuesto.
Lo que sí está comprometido, es que llegará una ley corta para corregir los problemas de acceso de la PGU y un programa ‘PGU en tu barrio’ para facilitar la tramitación.
Fuentes de La Radio, aseguran que hay algunas dudas pendientes que podrían ser objeto de indicaciones. Ojo al ‘Plan Buen Vivir’ y también a los recursos entregados a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que podrían ser foco de conflicto.
La oposición y el gobierno acordaron que el Plan Contra el Crimen Organizado tendrá recursos, en la medida en que se presente esta iniciativa antes del 31 de enero. El ejecutivo piensa que sea presentado en las próximas semanas.
Miguel Mellado, diputado RN integrante de la mixta, precisó que el acuerdo alcanzado no quita que haya nuevas indicaciones.
En materia de empleo, fue el oficialismo el que hizo el punto sobre la necesidad de permitir el uso del Programa de Contingencias contra el desempleo: Se activará cuando las regiones, provincias o comunas registran tasas de desocupación sobre el 8%.
El jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, destacó que el ejecutivo accediera a desagregar este aporte. Básicamente, que considere el desempleo desde lo comunal a lo nacional.
El diputado DC, Ricardo Cifuentes -que también integró la Comisión Mixta- dice que estarán vigilantes de que el 2023, La Moneda cumpla todos estos compromisos.
Cifuentes hizo un punto sobre el aumento de dinero para el FOSIS, cuestionando que no apareciera en la propuesta original y que debiera incrementarse en la negociación.
El DC dijo valorar el aumento en mil millones para este ítem, pero dijo que no es suficiente.
Tesoro público ha sido otro tema que podría reflotar diferencias: Aquí ya se ha discutido una glosa para pensiones de gracia para víctimas de violaciones de DDHH en el denominado Estallido Social: Lo complicado es que el ejecutivo no patrocinó una propuesta que buscaba sumar pensiones a personas que sufrieron pérdidas de bienes, hogares y comercio.
Serán alrededor de 73 mil millones de dólares administrados en 32 partidas que se votarán entre lunes y miércoles en la cámara -extendiéndose hasta el jueves si es necesario- para luego tramitarse en el Senado la próxima semana, mirando el plazo fatal del martes 29 de noviembre.