En el contexto actual, donde el Ministerio Público y la figura del fiscal han sido objeto de intensos debates y críticas en una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, Francisco Bravo, abogado de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial chileno y las controversias que han marcado la gestión de los fiscales a lo largo de los años.
En la conversación, Bravo explica que la mala imagen del Ministerio Público no se debe únicamente a una percepción externa, sino a hechos específicos que afectaron la credibilidad de la institución. “La administración anterior del fiscal nacional, Jorge Abbott, a propósito de lo que todo el mundo conoce, digamos, el problema del financiamiento ilegal de la política y las salidas que se le dio a esos casos, evidentemente eso significó un tremendo daño a la imagen institucional, que los fiscales la resentimos”. Además, señala que la ausencia de acción frente al creciente crimen organizado y la falta de previsión desde 2016 son factores clave que explican el desencanto de la ciudadanía con el Ministerio Público.
En relación con las críticas sobre la falta de eficacia en la persecución penal, el fiscal señaló que uno de los problemas ha sido la estructura misma del Ministerio, que no siempre ha logrado mejorar a pesar de los aumentos en la cantidad de fiscales y recursos. “Esa reforma, ese fortalecimiento en el Ministerio Público, lo que creó el aumento de los fiscales, no es el aumento de la planta en general para la intermediación de las causas ordinarias, sino que se creó un sistema, que se llama Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, el sistema SACFI, que crearon fiscalías para hacerse cargo de determinados fenómenos delictivos, que, básicamente, tienen que ver con las bandas, después con los portonazos, qué sé yo, que, básicamente, delitos contra la propiedad. Y ahí se focalizaron esas unidades estrictamente en eso, no en el contexto general, digamos, del resto de las causas. Entonces, es cierto de que, en términos generales, no hubo un aumento de la eficacia”. Este enfoque especializado, aunque positivo en algunos casos, como el desmantelamiento de bandas en Antofagasta, no logró una mejora generalizada en los resultados, dejando un vacío en otras áreas de fiscalización.
También en su relato, se refirió a la creciente centralización del Ministerio Público y la supervisión sobre los fiscales que han sido temas de debate en los últimos meses. Según Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, esta realidad se refleja con especial claridad en la Fiscalía Centro Norte, donde trabaja a diario. “Cada caso donde hay un fallecido, independiente de si es un cuasi-delito, si es un homicidio, si es un femicidio, si es un parricidio, si yo pretendo terminar una causa, por la razón que sea […] tengo que consultarlo a la Fiscalía Regional. No puedo, no puedo, yo, motu proprio, cerrar esa causa, no puedo”.
El refuerzo de estos controles responde, en parte, a la visión del fiscal nacional, Ángel Valencia. Con respecto a esto el abogado señaló, “cuando llegó, y quizás por su experiencia como abogado particular, enfatizó en la necesidad de que los instructivos de la Fiscalía Nacional se cumplieran”. Esta directriz se ha materializado en el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, recientemente aprobado en el Senado, que incluye la creación de una unidad de supervisión destinada a garantizar el cumplimiento de las instrucciones del fiscal nacional y de los fiscales regionales.
Finalmente este escenario abre un debate sobre la autonomía de los fiscales y la eficiencia del sistema judicial. Mientras algunos defienden la necesidad de un control más estricto para evitar arbitrariedades, otros advierten que una excesiva centralización puede ralentizar los procesos y afectar la independencia de quienes llevan las investigaciones.
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