La triple frontera de América Latina, donde convergen Brasil, Paraguay y Argentina, se ha convertido en un punto crítico en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este territorio, conocido por su escasa presencia de autoridades y su ambiente propicio para actividades ilegales, ha visto un aumento alarmante de la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.
Para profundizar en este fenómeno, conversamos con Juan Martens, Máster y Doctor en Criminología, quien ha estudiado el impacto del narcotráfico y la narcopolítica en Paraguay durante más de 15 años. Según Martens, el país ha experimentado una evolución preocupante en la relación entre el crimen organizado y la política, que ha dado lugar a lo que él denomina “narcomafia”.
“En los últimos años, hemos observado cómo individuos vinculados al crimen organizado han logrado ingresar en la estructura institucional de Paraguay, utilizando organismos del Estado para fortalecer su poder”, explica Martens. Esta infiltración ha llegado a niveles alarmantes, donde el propio Estado se convierte en un amplificador del poder del narcotráfico.
Problemas de tráfico, crimen organizado y delincuencia en la triple frontera
Paraguay es reconocido como uno de los principales productores de marihuana en el mundo, con grandes mercados en Brasil y Argentina. Esta situación ha permitido que el narcotráfico florezca en la región, y en las últimas elecciones, se documentó la presencia de personas vinculadas al crimen en el Parlamento Nacional, lo que subraya la gravedad del problema.
Martens señala que la narcomafia ha cooptado tanto a la Policía Nacional como al Poder Judicial, utilizando estas instituciones para sus propios fines. Ejemplos de esto son los casos de senadores y diputados procesados por narcotráfico, que evidencian la penetración del crimen organizado en la política paraguaya.
A pesar de que existe una presencia institucional en la región, Martens enfatiza que esta no se traduce en un fortalecimiento del Estado de Derecho. “La información que poseen las autoridades sobre el funcionamiento del narcotráfico no se utiliza para combatirlo, sino que, en cambio, se vende a grupos criminales”, afirma. Este fenómeno ha llevado a un ciclo de corrupción y complicidad que dificulta la lucha contra el crimen organizado.
La reciente defensa del presidente de Paraguay, Santiago Peña, hacia el senador acusado de narcotráfico, Érico Galeano, plantea serias interrogantes sobre la integridad de las instituciones y la relación entre la política y el crimen. Con casos de lavado de dinero y la compra y venta de propiedades utilizando fondos ilícitos, la situación parece indicar que el alcance de la narcomafia ha llegado hasta las altas esferas del gobierno.
En este contexto, es imperativo que la sociedad paraguaya y la comunidad internacional tomen conciencia de la gravedad de la situación y busquen soluciones efectivas para combatir la narcopolítica y restaurar el Estado de Derecho en el país. La triple frontera, con sus complejidades y desafíos, se convierte así en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado en América Latina.