El homicidio de tres carabineros en la comuna de Cañete, región del Bío Bío, generó un impacto transversal en el país. Autoridades y comunidades repudiaron el hecho y entregaron un homenaje a los nuevos mártires de la institución.
La situación abrió una vez más la discusión en torno a la seguridad y la violencia en la macrozona sur. Lamentablemente, el macabro hecho es tan sólo un antecedente que se suma a muchos otros atentados que se han registrado en la zona. ¿Cómo se aborda efectivamente el conflicto en el centro-sur del país? ¿qué medidas se plantean para entregar seguridad?
En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con Pablo Urquízar, excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, quien analizó los últimos hechos registrados en el territorio y las posibles soluciones del conflicto.
El triple homicidio de carabineros
“La zona sobre la cual se materializó el hecho se denomina como el ‘triángulo de la violencia’, que es el sector que comprende la unión de las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa”, explicó Urquízar, y agregó que “quien ejerce el control territorial en ese lugar ya no es la Coordinadora Arauco Malleco, sino la Resistencia Mapuche Lafkenche”.
Desde esa perspectiva, sostuvo que “no hay duda alguna que el ataque está vinculado a una orgánica con una doble dimensión, por un lado, con una finalidad política y, por otro lado, con el crimen organizado que opera como forma de financiamiento a través del tráfico de madera, armas y munición, y en menor medida el narcotráfico”.
Uno de los aspectos que llamó la atención, fue la remoción de la fiscal Marcela Cartagena del frente investigativo del caso. Hecho que detonó en un cuestionamiento respecto de su gestión.
Al respecto, Urquízar señaló que “no es sólo Marcela Cartagena, sino que el Ministerio Público está al debe, el problema no es sólo de un fiscal sino de la institución”.
Además, agregó que “hay un centralismo absoluto, si muchos atentados hubiesen ocurrido en Santiago, sería otro Chile”.
La zona de conflicto
“El control territorial es propio del crimen organizado porque buscan desplazar al estado de derecho y que impere la ley del más fuerte”, sostuvo.
Ejemplo de ello, es que “desde el año 2021, en Cañete la Corte Suprema autorizó que los jueces puedan funcionar desde otras regiones, dadas las amenazas”, agregó.
Si bien, “el estado de emergencia logró reducir los hechos de violencia e incrementar las detenciones, faltan más herramientas para desarticular el terrorismo como corresponde”, enfatizó.
“Acá el estado ha fallado en su labor esencial, porque sin seguridad no hay libertad”, y agregó que “hay una falta en la obligación de la persecución penal respecto de los ataques”, porque “hay una relativización frente a lo que ocurre en la macrozona sur”, señaló.
Asimismo, sostuvo que “la ideología no está presente solo en el gobierno, sino que también en el Ministerio Público, en el poder judicial, y es bastante evidente”.
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