Fiscal asegura que será "ardua tarea" capturar a 23 imputados dejados en libertad por juez en Ovalle

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El Juzgado de Garantía de Ovalle generó controversia al dejar en libertad a una banda narco tras el pago de una fianza de $2 millones por cada uno de los 23 imputados, situación que fue revertida por la Corte de Apelaciones de La Serena, que dispuso la prisión preventiva de los sujetos. El fiscal Eduardo Yáñez, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), detalló que tras una investigación de un año y medio en la Provincia de Limarí se logró desarticular un clan familiar dedicado al tráfico de drogas y al cultivo de marihuana, incautando una tonelada y media de droga y armas de fuego. La Fiscalía formalizó cargos por asociación ilícita, lavado de activos, infracción a la ley de armas y tráfico de drogas, solicitando la prisión preventiva por peligro para la sociedad, medida que finalmente fue ordenada por la Corte de Apelaciones, pero por peligro de fuga. El fiscal advirtió que capturar nuevamente a los imputados será una tarea ardua y resaltó que la organización operaba como una cooperativa agrícola, abasteciendo clientes principalmente en Santiago.

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Controversia causó la determinación del Juzgado de Garantía de Ovalle sobre dejar en libertad a una banda narco tras el pago de una fianza de $2 millones por parte de cada uno de los 23 imputados. Pese a ello, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió la solicitud del Ministerio Público respecto a no innovar y dispuso la prisión preventiva de estos sujetos.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con el fiscal Eduardo Yáñez, fiscal jefe de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), quien explicó algunos detalles del caso.

Primero, detalló que “nosotros veníamos desarrollando esta investigación, el Sacfi de la Fiscalía Regional de Coquimbo, aproximadamente hace un año y medio, en conjunto con la Policía de Investigaciones. Se logró establecer la existencia de un clan familiar, en la Provincia de Limarí, que estaba vinculado al tráfico de drogas a través del cultivo de marihuana, lo que se conoce como narco cultivo”.

“En el mes de abril del año 2024 se produce una incautación de una tonelada y media de marihuana cultivada de alta calidad, entre toras especies, porque también logramos incautar armas de fuego y municiones”, agregó.

De esta forma, el fiscal Yáñez comentó que se logró que se decrete una orden de detención, donde se formalizan cargo por “asociación ilícita, lavado de activos, infracción a la ley de control de armas y tráfico de drogas”. Por lo tanto, desde Fiscalía “se solicita la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad”.

Sin embargo, agregó que “dentro de las facultades que tiene el tribunal, se estima que no procede esta necesidad de cautela de peligro para la sociedad, sino solo peligro de fuga”.

“Como el juez tiene otra visión, distinta a la nuestra, los deja en libertad, motivo por el cual nosotros como Fiscalía tuvimos que presentar un recurso de apelación por escrito, ya que no nos habían dado la posibilidad de apelar verbalmente en la audiencia. Y, por otra parte, un recurso de hecho, con una solicitud de orden de no innovar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena”.

“Nos da la razón, en el sentido de que estas personas jamás debieron quedar privadas de libertas mientras se discutía la apelación”, siguió.

“Estas personas están sobre aviso y va a ser una ardua tarea lograr capturarlas”

En la misma línea, el fiscal jefe del Sacfi explicó que “la resolución de la Corte de Apelaciones ya está comunicada a la Policía de Investigaciones, para que comiencen a hacerse efectivas estas detenciones. Ahora, evidentemente, estas personas están sobre aviso y va a ser una ardua tarea lograr capturarlas”.

También, manifestó que “los recursos todavía se encuentran pendientes. Es decir, nosotros tenemos que seguir dando la batalla ante la ilustrísima Corte de Apelaciones para que se decrete la prisión preventiva, en la perspectiva que nosotros la solicitamos. Es decir, por peligro para la sociedad”.

Además, el persecutor señaló que “a la comunidad, en general, le cuesta entender por qué se producen estas resoluciones, pero está dentro de un sistema que es adversarial, donde tenemos derechos y garantía para todos los intervinientes, entre ellos los imputados”.

Clan funcionaba como “una cooperativa agrícola”

Pese a todo lo anterior, el fiscal Yáñes aseguró que “lo que es plenamente investigativo, la existencia de los delitos y participación, a nuestro modo de ver, está acreditada”.

En ese sentido, sostuvo que “tenemos que hacer un esfuerzo, junto con la policía, para volver a capturar a estas personas y llevarlas a juicio, porque estamos solamente en una etapa de investigación, donde se formularon cargos (…) Faltan etapas procesales, todavía, para obtener penas en contra de las personas”.

De la misma forma, señaló que “formulamos cargos porque estamos plenamente convencidos que estamos frente a una organización criminal con liderazgos, con personas que cumplen roles determinados. Es más, yo me atrevo a decir que esto funciona realmente como una cooperativa agrícola”.

“Existen clientes, principalmente de Santiago, que solicitan o compran a esta organización determinadas partidas, o kilos de marihuana, y cada uno va aportando dentro de sus posibilidades a estos narco cultivadores”, agregó.

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El Juzgado de Garantía de Ovalle generó controversia al dejar en libertad a una banda narco tras el pago de una fianza de $2 millones por cada uno de los 23 imputados, situación que fue revertida por la Corte de Apelaciones de La Serena, que dispuso la prisión preventiva de los sujetos. El fiscal Eduardo Yáñez, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), detalló que tras una investigación de un año y medio en la Provincia de Limarí se logró desarticular un clan familiar dedicado al tráfico de drogas y al cultivo de marihuana, incautando una tonelada y media de droga y armas de fuego. La Fiscalía formalizó cargos por asociación ilícita, lavado de activos, infracción a la ley de armas y tráfico de drogas, solicitando la prisión preventiva por peligro para la sociedad, medida que finalmente fue ordenada por la Corte de Apelaciones, pero por peligro de fuga. El fiscal advirtió que capturar nuevamente a los imputados será una tarea ardua y resaltó que la organización operaba como una cooperativa agrícola, abasteciendo clientes principalmente en Santiago.

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Controversia causó la determinación del Juzgado de Garantía de Ovalle sobre dejar en libertad a una banda narco tras el pago de una fianza de $2 millones por parte de cada uno de los 23 imputados. Pese a ello, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió la solicitud del Ministerio Público respecto a no innovar y dispuso la prisión preventiva de estos sujetos.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con el fiscal Eduardo Yáñez, fiscal jefe de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), quien explicó algunos detalles del caso.

Primero, detalló que “nosotros veníamos desarrollando esta investigación, el Sacfi de la Fiscalía Regional de Coquimbo, aproximadamente hace un año y medio, en conjunto con la Policía de Investigaciones. Se logró establecer la existencia de un clan familiar, en la Provincia de Limarí, que estaba vinculado al tráfico de drogas a través del cultivo de marihuana, lo que se conoce como narco cultivo”.

“En el mes de abril del año 2024 se produce una incautación de una tonelada y media de marihuana cultivada de alta calidad, entre toras especies, porque también logramos incautar armas de fuego y municiones”, agregó.

De esta forma, el fiscal Yáñez comentó que se logró que se decrete una orden de detención, donde se formalizan cargo por “asociación ilícita, lavado de activos, infracción a la ley de control de armas y tráfico de drogas”. Por lo tanto, desde Fiscalía “se solicita la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad”.

Sin embargo, agregó que “dentro de las facultades que tiene el tribunal, se estima que no procede esta necesidad de cautela de peligro para la sociedad, sino solo peligro de fuga”.

“Como el juez tiene otra visión, distinta a la nuestra, los deja en libertad, motivo por el cual nosotros como Fiscalía tuvimos que presentar un recurso de apelación por escrito, ya que no nos habían dado la posibilidad de apelar verbalmente en la audiencia. Y, por otra parte, un recurso de hecho, con una solicitud de orden de no innovar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena”.

“Nos da la razón, en el sentido de que estas personas jamás debieron quedar privadas de libertas mientras se discutía la apelación”, siguió.

“Estas personas están sobre aviso y va a ser una ardua tarea lograr capturarlas”

En la misma línea, el fiscal jefe del Sacfi explicó que “la resolución de la Corte de Apelaciones ya está comunicada a la Policía de Investigaciones, para que comiencen a hacerse efectivas estas detenciones. Ahora, evidentemente, estas personas están sobre aviso y va a ser una ardua tarea lograr capturarlas”.

También, manifestó que “los recursos todavía se encuentran pendientes. Es decir, nosotros tenemos que seguir dando la batalla ante la ilustrísima Corte de Apelaciones para que se decrete la prisión preventiva, en la perspectiva que nosotros la solicitamos. Es decir, por peligro para la sociedad”.

Además, el persecutor señaló que “a la comunidad, en general, le cuesta entender por qué se producen estas resoluciones, pero está dentro de un sistema que es adversarial, donde tenemos derechos y garantía para todos los intervinientes, entre ellos los imputados”.

Clan funcionaba como “una cooperativa agrícola”

Pese a todo lo anterior, el fiscal Yáñes aseguró que “lo que es plenamente investigativo, la existencia de los delitos y participación, a nuestro modo de ver, está acreditada”.

En ese sentido, sostuvo que “tenemos que hacer un esfuerzo, junto con la policía, para volver a capturar a estas personas y llevarlas a juicio, porque estamos solamente en una etapa de investigación, donde se formularon cargos (…) Faltan etapas procesales, todavía, para obtener penas en contra de las personas”.

De la misma forma, señaló que “formulamos cargos porque estamos plenamente convencidos que estamos frente a una organización criminal con liderazgos, con personas que cumplen roles determinados. Es más, yo me atrevo a decir que esto funciona realmente como una cooperativa agrícola”.

“Existen clientes, principalmente de Santiago, que solicitan o compran a esta organización determinadas partidas, o kilos de marihuana, y cada uno va aportando dentro de sus posibilidades a estos narco cultivadores”, agregó.