Los chats de Hermosilla han dado cuenta de una nueva situación que denotaría tráfico de influencias. Con esto, la crisis se acrecienta en el Poder Judicial.
Recientemente se dio a conocer un nuevo escándalo en la Corte Suprema. En esta ocasión, se trata de una cuestionable conversación revelada en un chat del abogado Luis Hermosilla.
Específicamente, lo que quedó en evidencia en esta ocasión fue un intercambio de mensajes entre el fiscal Carlos Palma y Gonzalo Migueles, quien es pareja Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
De acuerdo con un reportaje publicado por Ciper, Migueles “le habría ofrecido a Palma pagarle un doctorado e instalarlo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. Eso, a cambio de que le diera su apoyo al candidato (a fiscal nacional)”.
La interrogante que nace a partir de estos casos, es si acaso en nuestro país siempre se han efectuado este tipo de ofertas en que se denota tráfico de influencias.
El “pituto”, aunque no sea necesariamente explícito, busca que se devuelva el favor y que haya una retribución. Esto es complicado, ya que va perjudicando la imagen y la credibilidad de las instituciones que se esperarían que fueran absolutamente pulcras.
¿Mal uso del poder?
Resulta que este tipo de circunstancias, en que ciertas faltas que provienen de los círculos de poder han sido aceptadas, se puede percibir una “solidaridad gremial” que hoy en día está siendo cuestionada.
El mal uso del poder que confieren las instituciones a las personas, es algo que ya ha ido apareciendo en diversos ámbitos, como en el actuar de los tribunales, nombramientos de diferentes cargos, entre otros. Estos antecedentes dan cuenta de un aumento en los niveles de corrupción.
Dicho esto, ocurre que todos estos entramados han ido configurando un deterioro en al prestigio de algunas de las entidades chilenas de forma severa. Asimismo, el Poder Judicial podría comenzar a perder su independencia, uno de las virtudes más preciadas que tiene.