María Olivia Monckeberg (MOM) es una de las periodistas de investigación más reputadas a nivel nacional. En sus libros ha desmontado las cúpulas de poder surgidas tras la Dictadura, como el Opus Dei, el lucro de las universidades, los grandes grupos empresariales, los dueños de los medios de prensa y, durante la celebración de FILSA 2017, presentó su nueva obra “El poder de la UDI”, bajo una enorme expectación.

La Premio Nacional de Periodismo cuenta cómo ve la situación actual del país en materia de educación. Para ella, aunque las reformas de Michelle Bachelet han supuesto un avance, aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, las juntas directivas de las universidades regionales siguen siendo similares a las que había en la dictadura, es decir, con personajes designados desde el poder político.

Profesora titular de la Universidad de Chile y, desde 2010, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), explica como en el país existe un exceso de universidades privadas que, en realidad, funcionan como empresas y acaban quebrando como estas. Sobre el nuevo gabinete del próximo gobierno ve con preocupación el nombre del ministro de Educación, que percibe con una posición mucho más neoliberal.

En sus libros, “La privatización de las universidades” y “El negocio de las universidades”, habla sobre el modelo universitario instaurado en los 80 e implantado a finales de la dictadura ¿Cree que la Reforma Educacional impulsada por Bachelet pone punto final a ese sistema?

La Reforma de Bachelet ha implicado un avance, sobre todo en el tema de la gratuidad, pero no uno muy grande, ya que el proyecto general de universidades, que fue aprobado hace un par de semanas por el Congreso, tiene bastantes límites. Se avanzó lo que se pudo, pero siempre con mucha resistencia opositora y de los medios de comunicación convencionales, quienes cuestionaban ideológicamente la Reforma.

Un ejemplo absurdo es que la gratuidad universal demandada por los estudiantes desde el movimiento de 2011 solo se podría lograr en 70 años más, como han calculado algunos economistas. Así como tampoco se ha legislado aún sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), que tiene endeudadas a miles de familias de estudiantes.

Costó mucho que en las comisiones se llegara a la penalización del lucro y, cuando se hizo, fue siempre con penas muy pequeñas. De hecho, este delito ni siquiera estaba penado en la legislación chilena y, aunque en el papel decía que las universidades no podían lucrar, estas lo hicieron durante años, lo que les significó grandes negocios, y, además, muchas de ellas se llevaron tanta plata como quisieron. Ahora se está tratando de reparar un poco eso, pero todavía falta mucho por hacer.

¿Y respecto a la Ley de Universidades del Estado?

La reforma para el reforzamiento de las universidades públicas es también, a mi juicio, limitada. Las universidades estatales perdieron mucho con la dictadura: A la Universidad de Chile le quitaron sus sedes, las dividieron y no le dieron el financiamiento adecuado para desarrollar investigación, ni para ejercer su misión de universidad pública. De esa división y de la antigua Universidad Técnica -que luego transformaron en la Universidad de Santiago (Usach)- nacieron las UES regionales, cuyas juntas directivas se mantuvieron con la misma estructura que se les impuso desde la dictadura, es decir, con personajes designados desde el poder político. Esto significa que si desde el Gobierno hay medidas que van en contra del derecho a la educación, si no existe un papel de las autoridades más activo o de figuras que representen al Ejecutivo en un sentido adverso a eso, es bastante complicado avanzar.

En esta ley, después de muchos “tira y afloja” en las comisiones del Parlamento, se logró que en el Consejo Superior de las universidades regionales hubiera dos representantes académicos, un funcionario no académico y un estudiante. En el caso de la Universidad de Chile, como tiene sus Estatutos aprobados por ley de la República, no se cambiará sus instancias de gobierno, compuestas por Consejo y Senado Universitario.

Pero creo que sí hay algo muy significativo en esta ley: por primera vez en cuatro décadas el Estado reconoce el derecho a la educación superior y la importancia de las universidades estatales. Lo fundamental ahora es que eso se transforme en realidad, porque si no será letra muerta, el problema es que el financiamiento real que entrega esta ley es bien limitado.

Piñera acaba de escoger a los ministros para su primer gabinete, ¿Cuál es su opinión sobre la declaración de que iba a continuar la gratuidad en la Educación Superior?

De partida no se puede cantar victoria con lo que hizo Michelle Bachelet, porque pueden tratar de ponerle más cortapisas. Respecto al nombramiento del gabinete, lo que he recogido en conversaciones con personas entendidas en esta materia es una preocupación justamente alrededor del nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela. De hecho, yo misma lo veo con cierta preocupación. Él ha sido en los últimos años columnista de “El Mercurio” y en esos textos, así como en declaraciones de prensa, se percibe que no va en la línea de las reformas, sino en una posición claramente neoliberal.

Abogado de un conocido estudio, y hasta ahora presidente de la empresa “Soprole”, es amigo personal de Sebastián Piñera y posee nexos con personas de grupos económicos como “Penta”. Integra la “Fundación para el Progreso”, de carácter muy duro en términos ideológicos y también formó parte del directorio de la red de colegios ligados a la Universidad Católica. De hecho, lo más cercano que ha estado en educación fue su asesoría al rector de la UC Ignacio Sánchez, en la venta de las acciones de esa entidad en Canal 13 y la red de Salud. En todo caso, ha afirmado como seguirá la línea que imponga el Presidente, pero habrá que esperar porque su nombramiento ya ha despertado muchos anticuerpos.

La verdad es que en general todo lo que Piñera haga en materia de Educación está por verse, pero ojalá que lo que dijo antes de la segunda vuelta electoral sobre la gratuidad lo mantenga. Por otro lado, hay que considerar que este nuevo Congreso va a ser más diverso, ya que en este próximo Gobierno el Presidente no va a tener mayoría. Habrán parlamentarios de la Concertación, la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, este último con posiciones muy claras en materias de reformas educacionales. No podemos olvidar que la mayoría de sus líderes surgieron del movimiento estudiantil, como es el caso de Giorgio Jackson o Gabriel Boric, y también otros de la bancada de lo que ha sido la Nueva Mayoría, como Camila Vallejo o Karol Cariola. Entramos en un escenario donde va a haber tensiones, y no van a poder llegar a rajatabla a cambiar situaciones. Vamos a ver cómo se presenta el panorama.

¿Cree que hay un exceso de ofertas universitarias y una falta de carreras técnicas, tal y como sucede en la mayor parte de los países desarrollados?

Hay un exceso de universidades privadas, que en realidad son empresas y que no siempre tienen criterios éticos o de inversión acordes con lo que debe ser la educación superior. Cuando esto pasa, el precio se paga, y acaban quebrando como quiebra una empresa.

En el país existen cerca de 60 universidades en total, y de ellas alrededor de 35 son privadas. Más bien son establecimientos llamados así, aunque en realidad la mayoría no lo son. Ha faltado en este país una discusión a fondo sobre qué se entiende por una universidad. Para que esta tenga sentido, deberían hacer investigación, docencia de pre y postgrado, creación, vinculación con el medio, etc. Estas son las cuestiones que, además, hoy se están pidiendo en las acreditaciones.

Es cierto que no hay una oferta importante de carreras técnicas y estas están, a excepción de dos centros que creó el Estado, en manos privadas: también negocio. Concretamente del grupo internacional “Laureate”, como es el caso del “AIEP” y de un grupo vinculado a la Confederación de la Producción y el Comercio, como es el caso del “INACAP”; esa institución, en tiempos históricos de la Democracia en Chile, fue creada por el Gobierno para la capacitación de los trabajadores, pero ese sentido posteriormente fue desvirtuado tras la privatización a espaldas de la gente a fines de los años ochenta.

¿A qué se debe este auge de universidades privadas?

Desde que se comenzaron a fundar las primeras universidades privadas a finales de los años 80 no ha existido una regulación, debido a los diferentes intereses creados que hay detrás de ellas. De hecho, la mayoría de sus dueños están vinculados a importantes grupos políticos y económicos, por lo que encontramos que, aunque existe un gran número de casas de estudio, muchas están dirigidas por gente con el único afán es de crear negocio. Por ejemplo, la San Sebastián o Santo Tomás han crecido enormemente, a pesar de sus altas matrículas, pero no son dirigidas por personas dedicadas a la educación, sino que sólo han buscado lucrar.

Chile es un país que, aunque pertenezca a la OCDE, todavía está en desarrollo y tiene unas tremendas desigualdades sociales. Existen decenas de campañas publicitarias para atraer universitarios, la mayoría de las veces sin la información adecuada, lo que provoca que muchos alumnos acaben abandonando los estudios. Hace poco, salió un informe sobre esta deserción que mostraba que las instituciones privadas eran las que registraban los índices más altos, debido principalmente a su alto costo y a la baja calidad de sus programas de estudio.

A partir de los 90 empezó a desarrollarse el negocio de las universidades y, desde entonces, se han podido esclarecer las distintas causas que lo han alimentado. Por ejemplo, una de las más fructíferas y escandalosas fue descubrir que ciertas empresas inmobiliarias estaban en las mismas manos que la corporación de la universidad, así como dueños de la universidad que se pagaban a sí mismos y sus familiares sueldos abultados o vendìan todo tipo de servicios. Es el caso de la Universidad Iberoamericana, que durante el pasado año protagonizó su debacle, y que relaté en el libro “El negocio de las universidades” (2007). Todo eso ha sido posible debido a la falta de normativa y preocupación de los poderes del Estado, quien ha determinado esos tristes desenlaces.

Otro factor determinante es el famoso Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual permitió que los recursos de las familias se orientarán hacia universidades masivas que han crecido en forma descomunal en los últimos años. Aquí entra también la responsabilidad del Estado, que con este aval ha dado pie para que esto ocurriera. Los gobiernos han gastado gran cantidad de sus recursos en universidades privadas, muchas veces de dudosa calidad, mientras que la matrícula en las estatales de todo el sistema es menor al 15% del total de los estudiantes.

Por todo esto, es tan importante que se establezca regulación para ordenar el verdadero caos en que durante muchos años ha vivido la educación universitaria. En esa línea la existencia de una Superintendencia, como se aprobó en la Ley de Universidades, es un paso necesario. Esperemos que esto contribuya a poner frenos a este negocio tan lucrativo, que no contribuye al bien del país ni de los estudiantes.