La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por el Grupo Disar S.A., en contra de la Municipalidad de Santiago y el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, por facilitar la ocupación ilegal de un inmueble particular ubicado en el centro de la ciudad.

Como informa el Poder Judicial, en el fallo consta que el municipio facilitó la mudanza de los ocupantes, quienes no tienen derecho para usar o disponer del inmueble, ordenando el desalojo del mismo con apoyo de la fuerza pública si fuera necesario.

Agrega que según la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, la municipalidad, al ser una organización autónoma de derecho público debe “someter su acción a la forma que prescriben las leyes y actuar dentro de sus competencias. Sin más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico” y que al permitir la ocupación “excede sus competencias legales”.

Asimismo, el documento señala que la acción ilegal y arbitraria del municipio afecta derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad establecidos en la Constitución Política de la República, en cuanto no existe un documento pertinente que fundamente el traslado de los ocupantes.

El fallo se realizó de forma unánime por la Duodécima Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Guillermo de la Barra, Jenny Book y el abogado Jorge Frei.