Paradojicamente, el quiebre que provocó el Gobierno al interior del Consejo de Rectores al no restituir en la ley de Presupuesto los dineros del Aporte Fiscal Indirecto a la Universidad Católica, -y que de paso significó una demanda al Estado-, terminaron dando la salida al Ejecutivo para avanzar en la tramitación del proyecto de Educación Superior.

Con un Cruch quebrado y el grupo de universidades privadas del G9 acusando traición de parte de las estatales, -por no defender los intereses de la Universidad Católica-, desde La Moneda aprovecharon la instancia y tras sondear a sus parlamentarios, decidió inclinarse hacia sus planteles y adoptó la propuesta del presidente del Consorcio de Universidades del Estado y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Fue precisamente la discusión y convergencia sobre este punto lo que logró destrabar en la Nueva Mayoría el proyecto de Educación Superior. Sin embargo, en la cita el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, acusó al Gobierno de haber dañado la tramitación de la iniciativa al no restituir los mil 800 millones de pesos del AFI a la Católica, cifra que calificó como una “baratija”.

Tras dos horas de negociaciones, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, salió a valorar el acuerdo y aseguró que en marzo se retomarán las conversaciones para finiquitar los detalles de este fortalecimiento a los planteles estatales, fecha en la que además se oficializará la división del proyecto.

Quien sí fue más explícito sobre la división del proyecto fue el senador del partido Socialista, Carlos Montes, el que detalló que el plan de fortalecimiento a las estatales se verá de forma paralela a las demás temáticas de la iniciativa, incluso se habló que podrían avanzar por cámaras distintas.

Pero no todos se fueron tan convencidos de este acuerdo, por la forma más que por el fondo. La diputada comunista Camila Vallejo, puso en duda la intención del Ejecutivo hasta que no exista un documento que garantice su concreción y detalle sus alcances.

Pero este respiro que consiguió el Gobierno durará al menos hasta marzo, ya que el compromiso es que estos cambios se plasmen en la indicaciones sustitutivas, para votar en general el proyecto como lo detalló el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Alberto Robles.

En la reunión se acordó también que la eliminación del Crédito con Aval del Estado, que el Gobierno había comprometido por medio de otra iniciativa legal, será incluida en el proyecto de Educación Superior.

Si bien la ministra de Educación no quiso comprometer una fecha para votar en general el proyecto, indicó que esto debiese ser antes del 21 de mayo, para cuando la iniciativa ya habrá llevado al menos 9 meses estancada.