Sumándose a lo que ha ocurrido en las jurisdicciones de Arica y Chillán, la Corte de Apelaciones de Talca también acogió a trámite un recurso de protección entablado por un grupo de padres y apoderados, que reclama supuestos actos ilegales en el programa de vacunación masiva contra el papiloma humano.

Pero la Corte de Talca fue incluso más allá, porque también dio lugar a una “orden de no innovar” pedida por los recurrentes. En términos prácticos, ello significa que el máximo tribunal regional paralizó dicha iniciativa gubernamental, focalizada durante este año en niñas que cursan estudios entre sexto y octavo básico.

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Dicha resolución será notificada a la seremi de Salud del Maule, Valeria Ortiz, quien deberá remitir un informe de réplica con un plazo límite de ocho días.

La acción legal fue entablada por Carmen Luisa Naranjo, técnico en enfermería, junto a otras 15 mujeres, muchas de ellas profesionales de distintas áreas de la salud y educación, así como dueñas de casa, todas patrocinadas por el abogado Fernando Leal, candidato a alcalde independiente por Talca.

No se trata de un caso aislado de judicialización ante la obligatoriedad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), sindicado por las autoridades de salud como la principal causa del cáncer cervicouterino en Chile. Se presentaron otras siete acciones legales similares, pero sólo tres han sido acogidas a trámite.

Todos los recursos coinciden en denunciar que existirían efectos secundarios perjudiciales contra la salud, reclamando porque habría transgresiones a los derechos a la vida y la intimidad, así como al consentimiento informado contenido en la ley que regula los derechos y deberes de los pacientes.