El Colegio Almondale, que entró en la polémica tras su anuncio de pasar a “particular pagado”, en el contexto de la reforma educacional, abrió por primera vez la posibilidad de mantener el actual régimen de particular subvencionado.

Las próximas semanas serán claves respecto al futuro del Colegio Almondale, donde se abren alternativas ad portas de los alegatos ante la justicia por los tres primeros recursos de protección, interpuestos el 15 de mayo pasado, en contra de la decisión del sostenedor.

La Agrupación de Apoderados por la Educación envió una circular esta jornada a la comunidad educativa, donde recordó esta tramitación, agregando que la Corte de Apelaciones de Concepción acogió también la orden de no innovar que suspende el proceso de admisión y matrícula, que había sido informado por el sostenedor para el año académico 2017, mientras se resuelven los recursos.

Una vía por la que ambas partes están preparando sus cartas, y una de ellas es la posibilidad que anunció, en conversación con Radio Bío Bío, el gerente del establecimiento, Ismael Palacios, quien calificó las inquietudes como “legítimas”.

El directivo asegura que están en diálogo con otros grupos de apoderados, con el enfoque de mantener el proyecto educativo y a los alumnos, y para lo que abren todas las posibilidades.

El representante legal del colegio, al ser consultado por el plan de inversión, que plantearon en su momento urgía cambiar, señaló que “el proyecto educativo comprende una serie de aspectos, no solamente infraestructura, sino es bastante completo y de gran calidad. Nos interesa llegar a la mayor cantidad de alumnos y mantener todas esas características, independiente de la modalidad bajo la cual se opte”.

Palacios agregó que “estamos abiertos a lo que sea mejor para nuestros alumnos y sus familias”.

Con ambos caminos a la vista, la Redcol, que agrupa a los establecimientos particulares subvencionados, mira de cerca y expectante este proceso, asociado esencialmente en la decisión de pasar a “particular pagado”.

Consideran que el nivel de mensualidad del proyecto Almondale lo hace un caso excepcional, alejado de la media, sin embargo, comparte con otros recintos el hecho de que se ha perdido, a juicio del presidente de la entidad, Andrés Carter, la posibilidad de diálogo que termina judicializando los procesos.

“Es una lástima que los sostenedores estén peleados o enfrentados a los apoderados. No es el objetivo. No tiene un sentido que termine todo judicializado. Esta ley de inclusión es tan dura, que hoy día ha logrado llegar a estos niveles, donde la capacidad de diálogo se va perdiendo”, indicó Carter.

Para la Red de Colegios Particular Subvencionados del Bío Bío la reforma está mal implementada, pero las gestiones continúan.

De hecho, hace unas semanas enviaron una solicitud para que el Mineduc genere una mesa de trabajo con agrupaciones de sostenedores, con la venia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con la factibilidad de un aplazamiento de la reforma.