De manera unánime la Corte Suprema confirmó el fallo del Juzgado de Letras de San Antonio en que acogía la demanda de tutela interpuesta por 19 trabajadores haitianos en contra de la constructora Christian Araya E.I.R.L. y su mandante, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la región de Valparaíso.

La demanda acusa vulneración de derechos fundamentales como son la vida e integridad tanto física como psíquica de los trabajadores extranjeros quienes habrían estado en pésimas condiciones de habitabilidad.

Según se lee en el escrito, se habría superado el máximo de horas de trabajo permitidas diariamente de acuerdo a la legislación laboral sin que fueran declaradas ni pagadas.

Además, para que los hombres de nacionalidad haitiana se alojaran, se construyeron dependencias dentro de las mismas obras: un campamento improvisado, carente de agua potable y servicios higiénicos, con camas hechizas en el interior donde dormían cada noche.

Por estas razones, la justicia condenó a los demandados a pagar a cada uno de los afectados 11 remuneraciones mensuales calculados en relación a su sueldo de $300.000 o $500.000, según el caso, más el cobro de remuneraciones y feriado proporcional.

El Serviu, por no fiscalizar y evaluar los proyectos, las normas técnicas y contratos deberá responder solidariamente del pago de las remuneraciones pendientes, feriado proporcional y la indemnización sustitutiva del aviso previo.

Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, calificó como relevante el fallo ya que no sólo condena a la empresa responsable de la contratación de los inmigrantes, si no que también castiga a quien debía fiscalizar.

Noriega además insistió en la necesidad de regular con urgencia la situación migratoria del país, para evitar que casos como este sigan ocurriendo.