Una compleja situación debió enfrentar Georgina Ramirez, quien es ciega y acusa discriminación tras acudir a la sucursal Pedro Montt de Entel en Valparaíso a realizar un trámite por portabilidad, instancia donde la compañía le exigió firmar un documento pese a que por ley las personas con discapacidad visual están autorizadas a no hacerlo.

La compañía no aceptó su solicitud, por lo cual la afectada busca incentivar a otras personas que tengan discapacidades y se se sientan discriminadas a denunciar este tipo de situaciones.

En términos legales la empresa estaría cometiendo una falta grave, según aseguró el seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo.

“Las personas que en su cédula de identidad han firmado con su huella digital, tienen derecho a usar siempre el mismo mecanismo de procedimiento en cualquier actividad de procedimiento que desempeñen”, argumentó.

Además, la autoridad lamentó el trato de la empresa y cuestionó que pese a ser una compañía tan grande, no tenga la capacidad para atender dignamente a una persona con discapacidad.

Desde la Seremi de Desarrollo Social se comprometieron a evaluar el caso y gestionar un asesoramiento a la señora Georgina, con la idea de realizar alguna acción legal en contra de la empresa.

Por su parte, desde Entel expresaron que lamentan la situación que tuvo que vivir la afectada junto con indicar que ellos velan por la inclusión y la diversidad. Ello los llevó a comunicarse con la afectada para explicarle las razones de los protocolos de la empresa y le solicitaron una reunión.

Katherine Martorell, directora de Sustentabilidad y Comunidades de Entel, expresó que a Georgina se le explicaron los motivos de los protocolos.

“La única intención que tenían era la muestra de transparencia al contrato que se le estaba ofreciendo en la tienda y es por eso que se le solicita que también vaya a un notario para que el también se lo pueda explicar”, señaló.

Lo mencionado por Martorell es también señalado como un punto de conflicto por Georgina, quien acusa que se le solicitó un documento notarial -cuyo valor es de $4.500 y debía ser cancelado por ella- pese a que en su cédula de identidad en complemento a su carnet de discapacidad señala que no puede firmar.

Ante dicha respuesta, la afectada decidió no reunirse con los representantes de la empresa, ya que será asesorada legalmente por Senadis de la región de Valparaíso con la idea de que esto no le vuelva a suceder a ninguna otra persona con alguna discapacidad.