Una funcionaria ciega invocó la Ley Zamudio y demandó al Senado de la República acusando objeto de discriminación y victima de hostigamiento por parte de sus compañeras de labores y de no obtener respuestas a sus denuncias respecto de esta situación de las autoridades del organismo.

Natalia Ravanales, quien se desempeña como telefonista, denunció ante el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso haber sido discriminada por su condición, además de sufrir maltrato por parte de otras funcionarias por casi un año, periodo donde dice fue hostigada en forma constante.

Ravanales sostuvo que acudió a todas las instancias para denunciar lo que estaba viviendo, incluso a la Comisión de Régimen Interior del Senado, donde solicitó el traslado a otra repartición.

La solicitud que fue acogida por el organismo, sin embargo, un día antes de comenzar en su nuevo trabajo, se le comunicó que la decisión se había revocado y que tendría que trabajar a tiempo completo desde su casa, sin las condiciones necesarias para desarrollar su labor.

Lo anterior, para Natalia constituye un acto de discriminación evidente, por cuanto es la única trabajadora que tiene que desempeñar sus funciones desde su hogar en forma obligatoria, cuando sus compañeras tienen la posibilidad de elegir hacerlo en forma voluntaria, cuando se les presente alguna dificultad o los les toque trabajar el fin de semana.

Recordemos que la Ley Zamudio tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometan actos de discriminación arbitraria, estableciendo un procedimiento judicial y medidas sancionatorias en caso de comisión de un acto de ese tipo.

Respuesta del Senado

En relación a la denuncia planteada por la funcionaria, desde el Senado indicaron que no han sido notificados de la demanda, sin embargo, emitieron una declaración pública, donde explican que “de conformidad a las buenas prácticas laborales”, ellos implementan “una sólida política de no discriminación respecto de sus funcionarios, en todos los ámbitos”, comprendiendo la “inclusión laboral”.

“El Senado ha contratado personas con discapacidad en varias ocasiones y, a mayor abundamiento, actualmente, nos encontramos ejecutando un programa de acercamiento al mundo laboral con personas con discapacidad cognitiva con el apoyo de la “Agrupación Avanza Inclusión”, en la que participan tres practicantes laborales”, indican.

Agregan que los hechos denunciados por Natalia Ravanales “son objeto de investigación en un sumario administrativo” ordenado el 6 de junio de este año, el que se encuentra “en pleno proceso”.

Por ello, aseguran que “la administración del Senado investiga todas las denuncias efectuadas por sus funcionarios, en especial aquellas relativas a la vulneración de derechos y garantías fundamentales”.

Finalmente puntualizan que “la funcionaria se encuentra haciendo uso de licencia médica, por lo cual aún no se reincorpora a sus labores”.