El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, restó dramatismo a la falta de acuerdos entre el Ejecutivo y los principales actores en torno a la reforma a la educación superior, cuyo envío al Congreso fue oficializado en la noche de este domingo por la presidenta Michelle Bachelet.

A nivel político, señaló que existió un “buen clima” en las conversaciones con los timoneles de la Nueva Mayoría, que aún esperan conocer el articulado de la iniciativa.

“Estamos satisfechos ya de poder iniciar el debate en el Congreso. Hemos escuchado muchas voces, algunas favorables, otras críticas. Eso es parte de la discusión democrática, vamos a seguir conversando y dialogando”, afirmó Díaz.

El Gobierno al respecto es optimista, como lo manifestó el secretario de Estado. “Estamos convencidos con ésta, que es la última ley de la gran reforma educacional que hemos hecho, que éste será unos de los grandes legados de la presidenta Michelle Bachelet. Un legado que está hecho pensando en las familias de este país”

El vocero asimismo señaló que no son relevantes las críticas por comprometer recursos de gobiernos futuros en las reformas. Tomando como ejemplo la Reforma Procesal Penal y la Reforma Laboral, el ministro subrayó que “los países no pueden solamente pensar sus políticas públicas en el corto plazo” ya que son compromisos de Estado.

“Las familias de Chile no entenderían que los compromisos que hagamos duren solamente cuatro años, lo que quieren es que el desarrollo de Chile sea en el corto, mediano y largo plazo”, agregó.

Sobre las propuestas en torno a la reforma, en particular la de que el Estado sea el encargado de brindar los créditos a los estudiantes y sacar de este ámbito a la banca, el vocero de La Moneda subrayó que la discusión no está cerrada y que en la etapa legislativa “habrá espacio para discutir todas las ideas de propuestas que se planteen”.

Díaz reiteró que la tarea es compleja: “No nos fue fácil en la educación básica y secundaria, no nos será tampoco fácil en la educación superior. Y ahí está la convicción de la presidenta de la República, de cambiar esta dinámica de la educación como un bien de consumo a la educación como un derecho social”.