Si una caja de ocho docenas de merluzas, el pescado tradicional de la comida chilena, es vendida en unos 40 mil pesos (60 dólares), la misma caja, pero con merluza ilegal, puede llegar a costar 15 mil pesos (22,5 dólares) en el mercado negro.
Aún así, las ganancias son millonarias puesto que el negocio no está en los precios sino en los volúmenes que se ofertan en un amplio mercado dispuesto a ofrecer pescado traficado. De hecho, solo en dos regiones del país, la Metropolitana y la de Valparaíso, existen 1700 ferias libres, cada una con un promedio de tres puntos de venta de pescados y mariscos.
Es así como, según cálculos del Servicio Nacional de Pesca, unos 300 millones de dólares anuales son transados anualmente por pesca ilegal. En ese total, participan al menos unas 33 mil toneladas de merluza que anualmente son pescadas sin ser reportadas, principalmente por el sector artesanal, y luego vendidas por intermediarios a los comerciantes de ferias y mercados.
Estas cifras se suman a un un problema antiguo de pesca indiscriminada que en 2014 llevó a la merluza al estado de colapso. Hoy, esta pesquería, la más tradicional e importante del país, ha logrado una mejora dejando atrás la categoría de agotada para ubicarse en la de sobreexplotada. El Servicio Nacional de Pesca se muestra optimista, sobre todo luego de las recientemente reveladas cifras de incautaciones de pesca ilegal, realizadas durante el pasado mes de septiembre, mientras la merluza estuvo en veda reproductiva. Según el organismo, se decomisó un 86% menos de merluza negra que el año pasado, cayendo de 4.509 kilos a solo 661 kilos.
A pesar de la buena noticia, algunos prefieren no cantar victoria. La experiencia ya les ha demostrado antes que las estadísticas no siempre conversan con la realidad y que más vale no fiarse de ellas.
Breve historia en picada de la merluza
Hasta 139.500 toneladas de merluza se desembarcaron en la época de oro de la merluza. De esa cantidad, un 70% era para la pesca industrial y un 30% para la artesanal. Corría el año 2003. En 2005, los desembarques cayeron abruptamente y la cuota anual total se redujo a 73 mil toneladas, la mitad de lo habitual, y continuaría cayendo. Por primera vez se comenzaba a hablar de crisis de la merluza.
En 2012, la entonces nueva Ley de Pesca generó una institucionalidad que revalorizaba el trabajo científico y obligaba a hacer efectivas sus recomendaciones. Se crearon los Comité Científicos Técnicos y para el año 2015 éstos recomendaron a la Subsecretaría de Pesca, y debido a la deteriorada biomasa del recurso, establecer una cuota total de 23 000 toneladas.
Con la caída de las cuotas a niveles nunca antes vistos, las empresas pesqueras se fusionaron para sobrevivir a la crisis y los artesanales continuaron siendo pescadores individuales con sus ingresos reducidos a la mitad.
Un sistema de subsidios se puso en marcha para amortiguar la crisis socioeconómica del sector artesanal, pero según un estudio realizado en 2016, por el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable CEDEPESCA, “en los hechos, este sector percibe las compensaciones económicas, por la reducción de cuotas, como claramente insuficientes y las complementa con pesca no reportada (ilegal) para mantener estables sus ingresos familiares (…) por encima de los 350.000 pesos (523 dólares)”.
El estudio señala que paradójicamente “el sistema de cuotas habría conducido a una elevación de las capturas. Ello puesto que la sobreoferta, que se produce a partir del pescado desembarcado ilegalmente, genera una significativa disminución de los precios y una necesidad económica de más pescado realimentando el círculo vicioso de esta pesca no reportada”.
En 2017 el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF determinó, a partir de una investigación, que la pesca ilegal de merluza común podría alcanzar las 40 mil toneladas anuales: casi dos veces la cuota total anual permitida. Y es que en las regiones de El Maule y Bío Bío, en la zona centro sur del país, donde hay mayores concentraciones de merluza, la pesca ilegal de artesanales es hasta 7,21 veces superior al desembarque declarado. Al igual que CEDEPESCA, el informe señala que la principal razón que incentiva esta práctica es la pérdida de ingresos debido a las bajas cuotas.
Aun así, el año pasado las autoridades anunciaron una recuperación en los stock de merluza. Según un informe elaborado por los Comités Científicos Técnicos para recomendar las cuotas de captura para el 2018, “este proceso de recuperación se confirma a partir de una mejora relativa de las tallas medias en las capturas y en los rendimientos de pesca industriales. Del mismo modo, el crucero de evaluación directa efectuado en agosto de 2017 muestra signos leves de recuperación, observándose un aumento de la biomasa de un 24 % respecto a 2016”.
La merluza superó así su estado de colapso y hoy se encuentra en la categoría de sobreexplotada con una cuota anual de extracción de 25 mil toneladas.
Pero no todos comparten el optimismo de los organismos de Estado. Hugo Arancibia, biólogo marino del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción ríe y luego dice: “es puro artilugio matemático. Simplemente cambian algunos criterios y la bolita de cristal dirá que pasamos de agotado a sobreexplotado”.
Quién mató a la merluza
Según datos del Servicio Nacional de Pesca, al 2 de octubre de este año, el consumo de la cuota global ha alcanzado un 55%. Es decir, que en lo que queda de año, aún queda por extraer, holgadamente, casi el 50% de las cantidades autorizadas. “El problema —dice Arancibia— es que esos porcentajes están calculados con las cifras oficiales de desembarques y no es considerada la pesca que no fue registrada, la ilegal”.
El informe de CEDEPESCA señala que “estas capturas no declaradas producen una distorsión enorme en la evaluación del stock, incrementando hasta valores difíciles de calcular la incertidumbre de dichas evaluaciones”. En otras palabras, la sugerencia del Comité Científico Técnico estaría ampliamente sobrepasada por lo que la real recuperación de la merluza sigue siendo una incógnita.
Por otro lado, el biólogo marino Stefan Gelcich, quien ha venido estudiando el fenómeno de la pesca ilegal en el sector artesanal, explica que “los mayores índices de ilegalidad no se dan en períodos de veda reproductiva, sino cuando el precio de la merluza está bajo”. En ese sentido, si bien las estadísticas de SERNAPESCA, respecto de las incautaciones de merluza durante el mes de septiembre son significativas en términos comparativos al 2017, no serían determinantes para afirmar una reducción de la pesca ilegal.
A la hora de establecer culpables, la maraña de responsabilidades se hace difícil de desenredar. Los artesanales culpan a los industriales, los industriales culpan a los artesanales, los académicos culpan a los sucesivos gobiernos y hasta la jibia, el calamar gigante, es culpable de la crisis de la merluza.
Héctor Bacigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) que agrupa a los industriales, recuerda que “por el 2005, al mismo tiempo que comenzábamos a darnos cuenta del escenario real de la merluza, irrumpió la jibia que devoraba 230 mil toneladas de merluza al año. Si ya no era sostenible la 130 toneladas de cuota, menos lo eran 360”.
Quiroz recuerda que “nosotros —los artesanales— pedíamos que por favor los industriales capturaran la jibia, se la llevaran. Después, como es la vida, cuando nos quedamos sin merluza, la jibia fue una bendición”.
En el debate de culpabilidades todos parecen converger en que la pesca ilegal ha sido engendrada por múltiples razones pero donde la mala gobernanza cumple un papel fundamental.
Además de la errónea percepción del estado de conservación de la especie, plasmada en estadísticas calculadas a partir de cifras oficiales que difieren de la realidad, Arancibia es crítico al señalar que “los subsidios —las compensaciones que los gobiernos entregan a los pescadores artesanales cuando bajan las cuotas— son incentivos perversos”. Ello puesto que “subsidian una actividad que si no fuera subsidiada no tendría la dimensiones que hoy tiene”.
En efecto, el sector ha ido creciendo progresivamente en el tiempo.
En 2010, cuando el terremoto y tsunami golpeó las costas del centro sur del país, “barcos, redes, motores llegaron por medio de subsidios y donaciones internacionales para apoyar a los pescadores artesanales que habían perdido su fuente de trabajo” recuerda Arancibia.
Según señala Bacigalupo, “hubo personas que, antes del tsunami, no tenían botes y que luego se vieron beneficiadas con embarcaciones. O pescadores que tenían malos botes y que recibieron otros nuevos, lo que aumentó el poder de pesca”.
En contraposición a este aumento, la reducción a la mitad que en 2012 se le impuso a la cuota de merluza, provocó la ecuación fatal y miles de pescadores se quedaron prácticamente sin ingresos.
A pesar de ello, el registro de pescadores artesanales de merluza ha seguido aumentando y hoy son 10.000 según datos del Servicio Nacional de Pesca. Y es que la pesca es un sector productivo que históricamente ha recibido a los desempleados de otras industrias. El problema es que “cuando hablamos de aumento de pescadores, hablamos de aumento de los que tienen autorizados recursos, pero también tenemos una cantidad no determinada de pescadores que no tienen permisos y que están también trabajando en el mar”, explica Montes.
Además, dicho registro no ha sido revisado ni actualizado por lo que “existen personas que no están trabajando en el mar, pero que están inscritas y cobran las compensaciones”, dice Eduardo Quiroz, secretario de la federación de pescadores artesanales Nuevo Amanecer, que reúne a las principales caletas de la región de Valparaíso. “También existen casos de personas que venden sus cuotas y que luego siguen pescando sin registrar los desembarcos”, explica.
Por otro lado, Montes señala que “existe una mala orientación de los financiamientos” invertidos en proyectos que no ven la luz y que no contribuyen al desarrollo del sector artesanal, condenándolo a la dependencia de los subsidios. “Existen muchos elefantes blancos: proyectos que se postulan que no tienen un sistema de acompañamiento, ni de chequeo para comprobar si fueron exitosos o no. Tenemos una visión centralista de cómo solucionar los problemas de las pesquerías y no hay una bajada territorial a las realidades de cada caleta o región”. Los ejemplos son varios, como un moderno muelle en Duao que no puede ser utilizado porque fue construido en un lugar donde la marea baja a tal punto, que los botes no pueden atracar junto a él. O una caleta de pescadores que logra, gracias a la consultoría de una universidad, comercializar sus productos directamente, prescindiendo de un intermediario, pero que vuelve a su antigua práctica una vez que la consultoría termina porque en realidad nunca aprendió el método.
Para Quiroz, el problema radica en una mala distribución de las cuotas. “Hay gente que tiene una cuota equivalente a una caja —20 kilos de pescado—. Yo no le puedo pedir a esa persona que no pesque ilegalmente, porque tiene que poder vivir”, dice. La solución que el dirigente y el sector artesanal en general demandan, es una redistribución de las cuotas entre industriales y artesanales las que actualmente están divididas en 60% y 40% respectivamente.
Lo que piden los artesanales
A Quiroz no le parece justo que 10.000 pescadores artesanales tengan que repartirse 9.810 toneladas en el año y que 14.760 toneladas se repartan entre cinco barcos pertenecientes a dos empresas pesqueras: Pacific Blu y Landes.
La pesca industrial de merluza en Chile se realiza mediante la técnica de arrastre. El arte de pesca considerado el más destructivo debido a que sus redes, de gran tamaño y peso, se arrastran por el fondo del mar para capturar especies marinas removiendo, aplastando y destruyendo hábitats que albergan a una gran cantidad de organismos. Una extensa bibliografía científica da cuenta de estos impactos, además del hecho que la red de arrastre captura a una gran diversidad de especies, que no son el objetivo de la pesca, y que una vez fuera del agua en su mayoría son descartadas y arrojadas muertas al mar. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) invierte actualmente esfuerzos para implementar tecnologías que permitan reducir los impactos de la pesca de arrastre, principalmente en la capturas de descarte.
Las merluzas de mejor calibre, que son capturadas por la flota industrial, son exportadas a Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Australia, Brasil y España, mientras que con el resto se procesan productos derivados como por ejemplo los naguet de merluza.
La pesca que también opera por arrastre es la de crustáceos y, según los análisis, su captura de descarte alcanza el 20% y es justamente de merluza.
Los pescadores artesanales ven así, en esta industria, una amenaza que se ha visto concretada en episodios como el denunciado en septiembre del 2014 cuando, en plena época de veda de la merluza, barcos de arrastre de crustáceos devolvieron al mar toneladas de estos peces muertos tras ser capturados por sus redes.
Además, puesto que el langostino vive dentro de las primeras 5 millas calculadas desde la costa, los barcos de arrastre operan dentro de este espacio que, por ley, se le ha asignado con exclusividad a los pescadores artesanales. La ley sin embargo, en su artículo 49, supo incluir una excepción para la pesca de crustáceos.
Alicia Gallardo, Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca, dijo a Mongabay Latam que se está trabajando para dimensionar y analizar la incidencia de los descartes y que “de aquí a fin de año será exigible para los industriales, la implementación de unas cámaras que registrarán la pesca efectiva de las embarcaciones”. Según explicó Gallardo, después de cada desembarque ese registro deberá ser entregado a SERNAPESCA para que sea revisado.
El actual gobierno asumió durante su campaña la revisión y modificación a la ley de pesca. Esto, debido a la comprobada corrupción mediante la cual fue formulada y aprobada en 2012. Según evidencias judiciales, la industria pesquera cometió cohecho, al pagar a parlamentarios y otros protagonistas del sector, para que aprobaran esta ley que entregó a perpetuidad los derechos de pesca a siete grupos económicos. Entre ellos, los dueños de Pacific Blu y Landes, las dos empresas que controlan la pesca industrial de merluza en Chile.
El pasado 12 de septiembre, el Senado aprobó la Ley Corta de Pesca, que busca modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para terminar con la renovación automática y a perpetuidad de las licencias de captura del sector industrial. En 2032 se podrá realizar la licitación del 100% de los derechos pesqueros.
Sin embargo, la medida ha generado disconformidades dentro del sector artesanal quienes señalan que esta no se hace cargo de las necesidades urgentes. Para ellos los correcto es “la derogación de una ley corrupta”.
Escrito por Michelle Carrere
Este artículo fue publicado originalmente en Mongabay Latam
