El Poder Judicial notificó este viernes, al presidente Sebastián Piñera, a fin de que retire el cheque de 2 millones 500 mil pesos, girado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez por conceptos de costas tras la querella infructuosa que el parlamentario presentó en contra del mandatario en el marco del Caso Dominga Exalmar.
“Notifíquese a don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, a través de su abogado defensor particular, a fin que comparezca ante este tribunal a retirar el mencionado documento, debiendo para ello acompañar su cédula de identidad”, dice el documento emanado del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, al cual tuvo acceso BioBioChile.
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Cabe recordar que en septiembre de 2017 la contienda judicial iniciada por Gutiérrez -debido a los negocios de las sociedades de la familia Piñera en la pesquera peruana Exalmar y el proyecto minero Dominga- fue zanjada a favor del actual gobernante, cuando la Corte Suprema cerró de manera definitiva el caso al rechazar el recurso de queja de la defensa de Gutiérrez contra el fallo que aplicó el sobreseimiento del exmandatario.
El jueves 4 de enero, luego de que Gutiérrez se negase a cancelar las costas en cuestión, la justicia embargó parte de la dieta parlamentaria del diputado con el objetivo de asegurar el pago. “Me imagino que será para engrosar el patrimonio de Sebastián Piñera, no será mucho aporte que digamos, es en cierta medida risible, pero entiendo lo que hay detrás de la resolución y no tengo más que acatarla”, ironizó el diputado a Radio Bío Bío en aquel entonces.
El abogado Rodrigo Vera Lama, quien participó como Amicus curiae en el proceso (terceros ajenos al litigio que ofrecen voluntariamente su opinión frente a un punto de derecho), se refirió al pago de costas judiciales a Piñera, explicando por que el pago fue ordenado por el Juez de Garantía y no por la Corte de Apelaciones, como lo ameritaban los debidos fueros de los protagonistas.
La defensa del exmandatario había solicitado el pago de 10 millones de pesos por las costas del juicio. Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que no existían argumentos objetivos suficientes para justificar dicho monto.