A pocos días de dejar su cargo, el ministro de Justicia, Jaime Campos, enfrenta los cuestionamientos por la designación del exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando. Incluso podría ser acusado constitucionalmente.

Esto, luego que Chile Vamos no descartara presentar la acción, dados los antecedentes por este nombramiento y luego de que el propio secretario de Estado reconociera que inicialmente había designado al defensor regional de O’Higgins, Alberto Ortega, como notario de San Fernando.

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Sin embargo, un presunto llamado al secretario de Estado lo habría presionado para retirar el decreto enviado a Contraloría, con el nombramiento de Ortega, e ingresar uno nuevo, ahora con el nombre del exfiscal Luis Toledo.

El futuro jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, dijo que usarán sus herramientas de fiscalización en la Cámara de Diputados.

Señaló que “obviamente que es una situación de vinculación con algo que pudo haberse hecho de una manera mucho más transparente y comunicada por parte del ministro de Justicia, y por eso no descartamos las acciones de fiscalización que, en uso de nuestras atribuciones como diputados, podemos tener no sólo hoy día que él es ministro, sino incluso después, y eso incluye la posibilidad de una acusación constitucional que vamos a evaluar en nuestras bancadas”.

Por los presuntos delitos de cohecho y soborno, el diputado independiente pro derecha José Antonio Kast solicitó que la Fiscalía investigue la nominación de Toledo.

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A juicio del excandidato presidencial, el problema radica en que Toledo fue el persecutor que encabezó la investigación del Caso Caval, en el que el hijo y la nuera de la Jefa de Estado están involucrados.

“Aquí los requisitos legales el exfiscal Toledo los cumple, yo no estoy diciendo que a él le falta un título, que le faltan antecedentes, no. Yo estoy diciendo que la manera en que se le nombra a él infringe la probidad. Infringe la fe pública, y eso es algo que tiene que determinar, en este caso, la fiscalía, y si hay antecedentes, iniciar un proceso judicial”, argumentó Kast.

Kast, en su denuncia, solicitó que se cite a declarar a la jefa y al secretario de Estado, además que se ordene el allanamiento a las dependencias de la Presidencia y del Ministerio de Justicia.

El defensor regional, Alberto Ortega, comentó que el problema pudo ser los méritos que se habrían considerado para la designación de Toledo.

“Hay un viejo dicho que dice que la justicia no solamente debe ser justa, sino que también debe parecerlo. No me corresponde a mí sopesar los antecedentes que pudo haber tenido el ministro para bajar mi nombre y colocar otro”, reflexionó.

En tanto, el futuro ministro de Justicia, Hernán Larraín, reforzó la necesidad de revisar el método que se utiliza para asignar este tipo de cargos.