Luego que la presidenta Michelle Bachelet anunciara este lunes el envío del proyecto de ley que establece la Nueva Constitución en Chile, la mandataria pasó a firmar y presentar oficialmente la emblemática medida en La Moneda.

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En aquella instancia, Bachelet detalló las modificaciones que el proyecto traerá consigo si llega a ser aprobado por el Congreso, pero algunas dudas quedaron por parte de la comunidad: ¿Cuáles son exactamente los principales elementos de la Nueva Constitución y cuáles son los cambios que causaría en Chile de ser aprobada?

En primer lugar, tiene como principal objetivo reencontrar a la sociedad chilena con la “tradición constitucional republicana, democrática y social, la cual fue interrumpida con el Golpe Militar y el proceso de elaboración de la Constitución vigente”, señala el resumen ejecutivo de la presentación del proyecto.

En ese sentido, la Nueva Constitución se basa en “la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos”.
        
Por lo mismo, uno de los primeros cambios es reconocer la existencia de las familias en sus diversas modalidades, a los pueblos indígenas como parte fundamental del orden constitucional y su participación en el Congreso, y que la salud y educación serán afectadas por tributo.

Fortalece los derechos tradicionales (igualdad, no discriminación, salud, educación, entre otros) y agrega otros nuevos como “el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, en especial la prohibición de discriminaciones en materia salarial, los derechos de los niños niñas y adolescentes, el derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho de acceso a la información que obre en los órganos del Estado y reconoce a las aguas como bienes nacionales de uso público”.

En caso de que uno de estos derechos sea vulnerado, un ciudadano podrá denunciarlo ante cualquier tribunal ordinario de primera instancia gracias a la nueva tutela universal de los derechos.

En tanto, el nuevo texto elimina los quórum supra-mayoritarios en el Congreso, por lo que sólo existirán la mayoría simple y mayoría absoluta, y también le otorga al organismo iniciativa legal en materia laboral, de seguridad social y en la creación de servicios públicos.

También establece audiencias públicas obligatorias en la Sala del Senado o la Cámara de Diputados para todos los nombramientos de autoridades, para aumentar así el control ciudadano de los órganos públicos.

Además, se contempla que el Estado pueda desarrollar una actividad empresarial “con autorización legal” y que el mandato presidencial sea de 6 años sin reelección en el período siguiente.

En relación al Tribunal Constitucional (TC), se eliminaría el control preventivo que actualmente puede requerir una minoría de esta institución.

Y propone un nuevo sistema de nombramiento de los Ministros del TC: la Corte Suprema llama a concurso público y elabora una terna, luego el Presidente de la República elige uno de los miembros de la terna y lo propone al Congreso Nacional; ambas cámaras deberán aprobar el nombramiento. A continuación, el Presidente designa al candidato que aprobó el Congreso.

Finalmente, también se crearía la Iniciativa Ciudadana de ley que podrá activar el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio.

Sin embargo, todas estas modificaciones dependen exclusivamente de que el proyecto de ley sea aprobado primero en el Congreso, para luego tener que ser aceptado en un plebiscito final por los ciudadanos.