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No cabe alguna duda que el verano de 2017 será recordado por los devastadores incendios forestales que afectaron la zona centro sur de nuestro país. La tragedia terminó con 11 muertos, más de 3 mil afectados y 467 mil hectáreas consumidas por el fuego.
En medio de la catástrofe surgieron una serie de hipótesis ante el avance del fuego, que intentaban explicar el origen múltiple de focos, donde se apuntó a supuestos pirómanos y al lumpen.
A casi un año de la tragedia, en las carpetas investigativas no aparece alguna pista que evidencie un actuar coordinado de algún grupo delictual, y por el contrario, todo apunta a la psicosis de los vecinos, que terminó con muchos casos de detenciones de personas inocentes.
Condena sin cárcel
Según datos oficiales de las Fiscalías entregados a BioBioChile, entre las tres regiones que concentraron los siniestros -O’Higgins, Maule y Bío Bío-, hubo 101 formalizados y 21 condenas.
Desde la Defensoría Penal Pública, en tanto, las cifras difieren, debido a que el registro muestra 60 formalizaciones y 12 condenas.
No obstante, hay un detalle que no varía entre ambos datos. Y es que ninguno de los condenados cumple una sentencia en la cárcel.
Los incendios forestales son investigados bajo dos figuras legales. Por un lado está el origen intencional, sancionado en el Código Penal, con penas que van de 5 años y un día a 20 años de cárcel. Pero además, está el actuar negligente, en donde se invoca la Ley de Bosques, que contempla penas de entre 541 días a 5 años de presidio, más una multa de entre 50 a 150 UTM, es decir, entre $2,3 millones y $7 millones.
En el caso de la región del O’Higgins, por ejemplo, las investigaciones apuntaron a tres orígenes del fuego: causas eléctricas, intencionales y negligencia.
Esta zona fue quizá la más dañada con más de 105 mil hectáreas afectadas, y donde un 80% corresponde a los megaincendios, apuntando a una mantención deficiente del cableado de alta tensión por parte de la empresa CGE.
La psicosis encarceló a inocentes
En diálogo con BioBioChile, desde el departamento de comunicaciones de la Fiscalía de O’Higgins se destacó la implementación de una mesa de coordinación estratégica e investigativa que reunió a la Conaf, PDI (Bridema) y Carabineros (OS-5) para determinar lo más rápidamente posible los puntos de origen de los focos, a inicios de la pasada temporada estival.
De esta forma, se capacitó al personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, de retenes, comisarías y patrullas de sectores rurales, para realizar las diligencias que se necesitan -empadronamiento de testigos, por ejemplo- para determinar origen del fuego, durante los primeros instantes de la emergencia.
A juicio del Ministerio Público, esto habría sido fundamental para lograr las 16 sentencias condenatorias, pese a que hay algunas causas vigentes, sobre todo con el Caso Incendios, donde los imputados son ejecutivos de la empresa CGE, por actuaciones negligentes.
Por otro lado, además, se destacan los acuerdos indemnizatorios, como “Alto Población” en la comuna de Paredones, donde 70 víctimas en situación vulnerable fueron indemnizados por CGE.
Sin embargo, desde la Defensoría Penal del Bío Bío, por ejemplo, la mirada es distinta, especialmente debido a que en la región, de los 12 casos, sólo 2 terminaran en condenas.
Esto se repite en el resto de las regiones, donde además, al menos 10 imputados terminaron sus causas sobreseídas o con suspensión condicional, es decir, no llegaron jamás a juicio.
Según el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, se iniciaron una serie de pesquisas con información poco confiable y de baja calidad, lo que sumado al hecho de querer encontrar rápidamente a los responsables, provocó -a su juicio- detenciones injustas.
Si bien evitó de apuntar a un apresuramiento de la Fiscalía, Pizarro indicó que la mayoría de estos casos se originaron en denuncias de quienes fueron testigos de estos incendios o que ayudaban a apagarlos.
“Hubo una sobrerreacción de parte de las policías y de parte del Ministerio Público en la pesquisa de estos delitos en particular”, aseguró el defensor, agregando que “hay un alto porcentaje de casos en los que no existen intencionalidad en la generación del incendio”.
Esto último también fue refrendado por Carabineros, porque de los 56 siniestros investigados por instrucción del Ministerio Público en Bío Bío, apenas un 3% fue intencional, predominando otras causas, como quemas no controladas de pastizales, basurales clandestinos con elementos inflamables o ramas de árboles caídas sobre el tendido eléctrico.
Así lo señaló el capitán Andrés Correa López, vocero de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros en Concepción.
Respecto a los detenidos, el defensor Pizarro descarta un actuar coordinado entre ellos para generar los incendios.
“Hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento de ningún caso en que esta hipótesis haya sido objeto de investigación criminal y que haya tenido alguna persona imputada en una situación de estas características”, señaló.
“Ninguno de los imputados tenía alguna relación con las empresas forestales”, sentenció.
Los casos mediáticos
En la región del Bío Bío, dos casos reflejan perfectamente lo que muestran las cifras respecto a las detenciones y pesquisas que terminaron con sólo dos condenados por los incendios forestales.
El primero corresponde a E.J.R. (24) quien fue formalizado por el delito de incendio intencional el 2 de febrero de 2017, tras una “detención ciudadana” en Talcahuano.
Según el fiscal adjunto de la comuna puerto, Cristian Oróstica, vecinos de la Villa Badarán habrían sorprendido a Jara “en un lugar desde donde salía fuego en un sector de matorrales”. Según detalla la Defensoría, lo amarraron de pies y manos y lo entregaron a carabineros, quienes encontraron un encendedor entre sus ropas.
“Es un sector de una quebrada y las condiciones de sequía que conocemos, hicieron que la Fiscalía presentara una hipótesis de incendio doloso en un sector destinado a la habitación”, detalló en la oportunidad Oróstica.
“La Región del Bío Bío es decretada zona de catástrofe, por lo que es una circunstancia agravante al cometer este tipo de delitos”, agregó el persecutor.
Tras los peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se logró precisar que el territorio quemado corresponde a 180 por 70 metros.
Luego de ser formalizado, E.J.R. quedó en prisión preventiva por dos meses, hasta que en octubre pasado la Fiscalía resolvió no perseverar en el procedimiento, por no existir, por ahora, antecedentes suficientes para fundar una acusación.
El otro caso está relacionado con uno de los pocos condenados en la zona, por un incendio forestal registrado el 26 de enero de 2017. Se trata de Víctor Becerra Robles (25), un joven estudiante universitario que junto a un amigo, instalaba postes para un cerco en el sector Santa Clara, en Bulnes, cuando decidió prender fuego a una maleza para limpiar rápidamente su zona de trabajo.
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No obstante, debido a las altas temperaturas y la falta de medidas de seguridad, el fuego se expandió rápidamente destruyendo unas 500 hectáreas de bosque, cercos, bodegas, casas habitaciones y vehículos de diversos propietarios, provocando pérdidas materiales cuantificadas por la Fiscalía en $1.800 millones.
La Fiscalía les imputó haber actuado con imprudencia y negligencia, por lo que se les formalizó por infracción a la Ley de Bosques.
Finalmente, Becerra fue condenado a 100 días de cárcel, con el beneficio de pena sustitutiva de firma mensual por un año, junto con el pago de una multa de 5 UTM, unos $150 mil pesos, en 10 cuotas. Su amigo, en tanto, fue absuelto ya que el tribunal consideró que solamente Becerra desplegó acciones delictivas.
