Según datos de la Universidad Católica, los aranceles regulados, que deberán pagar los alumnos que no tienen gratuidad de acuerdo a su situación socioeconómica, provocarán pérdidas cercanas a los 500 millones de pesos durante 2018, a las que se suman cerca de 2.300 millones de pesos extra por los semestres adicionales a la duración de la carrera de los alumnos con gratuidad que se atrasen en sus estudios.

Ignacio Sánchez, rector de la institución pontificia, adelantó que durante 2018 mantendrán la gratuidad entre sus beneficios, pero que después de eso no puede asegurar la continuidad en el proyecto, debido a la implementación de la ley.

Alrededor de 5 mil alumnos, de los casi 20 mil matriculados en pregrado de la Universidad Católica, cuentan con gratuidad para financiar sus estudios, por eso la importancia para los beneficiados de saber si su casa de estudios continuará adscrita.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UC, Josefina Canales, señaló que su postura es que la institución busque formas alternativas de contrarrestar el déficit, sin que deban aumentar el arancel o dejar de adscribir a la gratuidad.

El propio Sánchez reconoció que el déficit económico lo han contrarrestado con una menor inversión por parte de la universidad, además de estancar su crecimiento económico, pero que en el futuro deberán priorizar para sacrificar montos y así asegurar la calidad.