Esta semana será clave para el proyecto Ley de Educación Superior en el Congreso, puesto que se inicia la discusión en particular del mecanismo para alcanzar la gratuidad universal.
Se espera que este lunes la Comisión de Educación del Senado, termine de votar en el proyecto, lo referente al nuevo sistema de acreditación, para dar paso al capítulo más controversial de la iniciativa: el financiamiento y el mecanismo como se garantizará por ley el beneficio.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que esta es una promesa de Gobierno y, por lo tanto, honrarán el compromiso de ir aumentando la gratuidad a los demás deciles, por medio de los “gatillos” económicos que establece el proyecto.
Si bien en el marco de la votación en general del proyecto, que tuvo lugar durante la segunda vuelta presidencial, los senadores de Chile Vamos aprobaron la idea de legislar, tras el cambio de giro que hizo Sebastián Piñera sobre la gratuidad; los integrantes de la comisión de Educación el RN, Andrés Allamand y la UDI, Ena von Baer, ya han esbozado su rechazo a que el beneficio se extienda a todos los estudiantes.
Otro tema que preocupa al Gobierno, es evitar que Chile Vamos termine llevando el proyecto de Educación Superior al Tribunal Constitucional, para lo cual, se han desarrollado diversas reuniones con la oposición para negociar sus exigencias, como que a las universidades del G9 también se le fije por ley la entrega de sus aportes basales, como lo detalló la congresista von Baer.
En este sentido, el senador del PPD, Jaime Quintana, emplazó a la oposición a retirar las reservas de constitucionalidad que han hecho al proyecto y ratificar el respaldo que le dieron a la iniciativa en la segunda vuelta.
Con las posturas definidas dentro de la Comisión de Educación, ahora las miradas apuntan a saber la votación que tendrá el senador Ignacio Walker, sobre la gratuidad universal, cuyo mecanismo no lo convence del todo.
En el Gobierno, de hecho, han sido cautos con los votos de rechazo que ha tendio el senador DC en temas como el sistema de admisión y el adelantamiento de la acreditación para universidades en crisis, descartando que haya “un patrón de conducta en esto”, por parte del legislador.