El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, investiga los presuntos delitos de estafa y emisión de boletas falsas por parte del hijo de la presidenta de la República, Sebastián Dávalos Bachelet.

Según fuentes consultadas por Radio Bío Bío, en esta última arista del caso Caval además se indaga el probable ocultamiento de información por parte del Servicio de Impuestos Internos.

La indagatoria se abrió tras la querella por estafa que interpuso el empresario Gonzalo Vial Concha, quien pagó cerca de mil millones de pesos a Caval por informes que habrían sido plagiados o de escaso valor.

En su declaración ante la fiscalía el 13 de abril de 2015, Dávalos reconoció que en el primer semestre de 2012 realizó labores paralelas para la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y para sociedad de la que es parte su esposa Natalia Compagnon.

Este sábado El Mercurio publicó la declaración del pasado 29 de noviembre del socio de Caval, Mauricio Valero, en la que señala que las glosas de las boletas emitidas por el hijo de la presidenta, por 10 millones de pesos, fueron determinadas como asesorías comunicacionales por orden de Compagnon.

“Debo aclarar que las mismas no corresponden a la asesoría que en ella se expresa; esto porque Natalia Compagnon decidió que su marido emitiera boletas con dicha ‘glosa’ por los trabajos que efectuaba para Gonzalo Vial, ya que él aún se desempeñaba en un cargo de gobierno; y, según ella, consideraba que una asesoría comunicacional no implicaba una transgresión administrativa”, se lee en el texto suscrito por Valero.

El abogado de este último, Ricardo Schomburgk, dijo que su cliente siempre ha mantenido esta versión ante los fiscales.

En conversación con La Radio, el abogado Luis Hermosilla, defensor del empresario Gonzalo Vial, se manifestó satisfecho con el avance de las investigaciones a cargo del fiscal regional de O´Higgins.

En esta arista además se indagan informes y asesorías por las que se pagaron un total de $17.777.000 a través de boletas emitidas tanto por Dávalos como por la directora de Caval, Sol Herreros.

Para el abogado querellante en la causa, Mario Zumelzu, que representa a parlamentarios Chile Vamos en el caso Caval, ambos no tenían expertis para ejecutar este trabajo, lo que podrían constituir estafa.

Esto ocurre justo cuando la nueva defensa del hijo de la presidenta, que ahora es encabezada por el abogado Antonio Garafulic, solicitara su sobreseimiento en la causa principal, donde fue investigado por negociación incompatible, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y cohecho, delitos por los que no ha sido formalizado.