El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, pidió ampliar la objeción de conciencia para todo el equipo de profesionales de la salud, ya que el proyecto que busca despenalizar el aborto en 3 causales la considera sólo para los facultativos que realicen dicho procedimiento.

Una posición que se contrapone a la del Gobierno en esta iniciativa, en medio de la polémica que ha generado dicha indicación en el Congreso, donde algunos parlamentarios piden que se les permita a todos los profesionales de la salud abstenerse de efectuar la intervención aduciendo un conflicto con sus convicciones.

En ese contexto, Paris dijo que -una vez que el proyecto sea ley- el Estado debiera poner a disposición de las mujeres a los equipos médicos necesarios para efectuar la intervención y, al mismo tiempo, derivar a los pacientes a los establecimientos que cumplan con las condiciones necesarias para entregar dicha prestación de salud.

“El sistema público tiene que hacerse responsable sí o sí de que la prestación se entregue. Por lo tanto, hay que tener equipos preparados”, señaló.

Se trata de una opción que están evaluando desde el Gobierno para así lograr los votos necesarios para la aprobación del proyecto, puesto que un grupo parlamentarios de la Democracia Cristiana se han mostrado partidarios de ampliar la objeción de conciencia a todo el equipo de salud.

En conversación con el programa Expresso Bío Bío, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, propuso hacer un listado de los establecimientos que se encuentren en condiciones de interrumpir embarazos, para evitar que se imponga la entrega de la prestación a instituciones que no quieran hacerlo.

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En ese sentido, afirmó que la imposición de la norma a todos los establecimientos provocará una disminución de profesionales que trabajen en el sistema público.

Así las cosas, la Comisión de Constitución del Senado discutirá los últimos detalles de la iniciativa el próximo lunes 3 de julio, donde trabajarán hasta total despacho del proyecto para luego enviarlo a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

La discusión que está pendiente incluye la objeción de conciencia y la obligatoriedad de denuncia en el caso de una violación, entre otros puntos.