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Exactamente hace 20 años, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle logró que el Congreso aprobara el marco legal para iniciar el proceso de privatización de las empresas sanitarias. Y no se puede negar que tuvo éxito: hoy, Chile es el país con la mayor privatización de agua del mundo, con un 95.8% de la población bajo sus servicios.
Visto en retrospectiva, el proceso parece haber sido exitoso. Actualmente nuestro país posee acceso casi universal al agua potable, con un 99% de la población cubierta. Pero, ¿es esto realmente mérito de la empresa privada?
No según un reportaje publicado por el medio británico The Guardian. Y muy por el contrario.
En un artículo firmado por Meera Karunananthan, directora de la ONG canadiense Blue Planet Project (BPP) y patrocinado por la fundación mexicana Femsa, se explica cómo el supuesto éxito del proceso de privatización del agua chileno no sólo es un mito, sino que se está convirtiendo en un castillo cuyos cimientos horadados lo tienen a punto de colapsar.
“A nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura. De hecho, la ONG danesa Transnational Institute ha documentado 235 casos de comunidades que han recuperado la administración del agua de manos privadas entre 2000 y 2015″, explica Karunananthan.
El texto indica que si bien en Chile es común creer que la privatización mejoró las condiciones sanitarias del país, fue en realidad el financiamiento público previo al traspaso a manos privadas el que permitió extender la cobertura. Aún más preocupante, mientras el desgaste de aquella inversión estatal y los nuevos desafíos del cambio climático exigen una nueva inversión por parte de los actuales dueños de las sanitarias, estas han incumplido los requerimientos mínimos estipulados por la autoridad.
En efecto, según cifras del gobierno, la empresa Aguas del Valle sólo invirtió un 49% del mínimo recomendado para 2014, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% del mínimo recomendado, respectivamente.
Las cifras se condicen con las denuncias que en febrero de este año hacía el intendente de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien aseguró que la empresa Aguas Andinas no ha realizado las inversiones necesarias para evitar que los efectos de sistemas frontales que azoten a la zona resulten en los últimos 3 cortes masivos de suministro que han afectado a más de 7 millones de santiaguinos.
“Las medidas no son suficientes y necesitamos cosas de mayor envergadura. No es que la autoridad se haya quedado de brazos cruzados, sino que las inversiones que hay que realizar son cuantiosas y significativas y le corresponden a Aguas Andinas”, indicó en la oportunidad el personero.
La situación se hace más crítica en lugares afectados por la sequía o aún sin acceso al agua potable. Los primeros, porque las mismas sanitarias han canalizado el agua para abastecer a los grandes centros urbanos dejando sin acceso a pequeñas comunidades, como denuncian los habitantes del pueblo de Cabildo en la provincia de Petorca. Los segundos, porque simplemente no son zonas lucrativas, dejando la misión de abastecerlas de agua a los servicios de Agua Potable Rural (APR) financiados por el Estado.
¿Un problema sin vuelta atrás?
Ante lo que parece ser la evidente necesidad de un cambio en el modelo de administración de las empresas sanitarias, Chile se encuentra en un dilema. Debido a que ha firmado 26 acuerdos comerciales con 62 países desde que se iniciaran los procesos de privatización en 1990, estos advierten severas sanciones o abren la puerta a demandas por parte de las corporaciones afectadas en caso de que nuestro país decida cambiar las normas o las cuotas de privatización.
La situación se ha tornado tan surrealista, que organizaciones como BPP están pidiendo a la Asociación de Profesores Pensionados de Ontario (OTPP) en Canadá, que accedan a apoyar la restitución de los derechos de agua al Estado chileno. ¿Por qué? Porque su consorcio es el mayor inversionista en las principales sanitarias chilenas, con un 41% de acciones en Essbio, Esval y Aguas del Valle.
“La crisis del agua en Chile es compleja, pero entrega a los profesores canadienses de una oportunidad única para apoyar el creciente movimiento antiprivatización y ayudar a los chilenos a sacudirse las últimas cadenas legadas por el régimen de Pinochet”, sentencia Karunananthan, invitándolos a firmar una petición al respecto.
Las empresas Esval y Aguas del Valle tomaron contacton con BioBioChile a fin de hacer la siguiente declaración, que reproducimos íntegra:
En 2014 Aguas del Valle y Esval desplazaron inversiones consideradas en el plan de desarrollo para enfrentar la sequía. Ambas empresas invirtieron más de lo inicialmente previsto, pero en conceptos distintos a los contemplado en su compromiso con el regulador (Plan de Desarrollo), principalmente en nuevas fuentes para la producción de agua potable. Ello pues este plan no contemplaba la intensificación de la sequía en ambas zonas y se buscó velar por la continuidad del suministro.
Esval y Aguas del Valle destinaron más $30.600 millones para hacer frente al déficit hídrico, gracias a ello se logró mantener la continuidad del suministro pese a la gravedad de la situación sin que ello tuviera ningún costo adicional para los clientes.
El rezago en el Plan de Desarrollo fue una excepción que fue abordada con un plan especial, donde sólo se desplazaron las inversiones, No se eliminaron y ya fueron regularizadas al día de hoy.
La operación de Esval y Aguas del Valle se ajusta a la normativa vigente y es constantemente fiscalizada por la SISS.
Vale la pena recordar que las tarifas en Chile están bajo el promedio de países OCDE. Por $1 por litro de agua los clientes acceden a un recurso seguro, que es potabilizado, conducido a sus hogares y luego recogido para sanitizarlo.
Uno de los mayores aportes de la industria sanitaria es justamente ese: tratar las aguas servidas, protegiendo la salud de los chilenos y el medioambiente, Esto es algo que nos diferencia de nuestra región y nos pone al nivel de países desarrollados.
