La Fiscalía reactivó las diligencias sobre civiles que ocupaban cargos en instituciones del Estado con el fin de determinar el rol que pudieron tener en la presunta organización criminal que se habría montado al interior de Carabineros para malversar 21 mil millones de pesos.

El fiscal Oriente, Miguel Ángel Orellana, interrogó al jefe de la Dipres del Ministerio de Hacienda, Hugo Zúñiga Pailamilla, por su posible participación en la malversación y también en delitos de soborno.

Según confirmaron fuentes de La Radio, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, citó al exfiscalizador de la Contraloría General de la República, Juan Víctor Munieres Villegas, quien se desempeñó entre 2005 y 2009 como jefe de auditoría, supervisor y fiscalizador.

El requerido era conocido como el “chico Munieres” según se relata en la declaración de un imputado que indicó que cuando “iba a auditar tapaba o manejaba las auditorías“, todo en el período del general de Intendencia, Iván Whipple.

Allegados a la causa confirmaron que esta no es la primera citación a Munieres sino que ya había comparecido anteriormente: en esta ocasión, se acogió a su derecho a guardar silencio.

“Invisibilización”

A pesar de que aún no fue citado, los jueces también indagan el rol del también exfiscalizador, Carlos Moreno.

El pasado lunes, en la formalización de 12 requeridos más, se imputaron cargos a personas clave en esta presunta organización criminal que cumplían el rol, al interior de Carabineros, de “invisivilizar el fraude”, tal y como explicó el fiscal Centro Norte, Patricio Macaya.

Uno de estas personas fue el coronel Fernando Pérez Barría, a quien se le atribuye que recibió dinero de origen ilícito por mil millones de pesos, que invirtió captando ganancias. Su abogado, Luis Masferrer, dijo que la Fiscalía “mete a todos los imputados en el mismo saco”.

El fiscal Oriente, Miguel Ángel Orellana, dijo que trabajan en torno a la recuperación de los 21 mil millones de pesos malversados.

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetch, desestimó la necesidad de una renuncia por parte del general Bruno Villalobos.

Además, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió este miércoles los argumentos de la Fiscalía y aumentó la cautelar en contra de Alejandro Ponce de arresto domiciliario total a prisión preventiva.