En la tranquilidad que ofrecen las Termas de Cauquenes, en la región de O´Higgins, el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) y el Ministerio de Educación comenzaron a afinar los detalles del proyecto de ley que dará una nueva institucionalidad a estos planteles, cuyo capítulo fue retirado del proyecto de educación superior para ser tramitado de forma paralela.

Tras semanas de trabajo, este miércoles la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras, entregó a los rectores un informe de 19 páginas con el avance de la iniciativa, donde se estructuran los cinco ejes que se abordarán y que dicen relación con las disposiciones generales, las normas comunes, la coordinación, el financiamiento y las disposiciones transitorias que afectarán a las universidades estatales.

El presidente del Cuech y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, valoró la acogida del Gobierno sobre sus planteamientos y se mostró confiando en que si se avanza en esta iniciativa se podrá, a su vez, destrabar la tramitación del proyecto que abarca a todo el sistema.

Según fuentes de Radio Bío Bío, que tuvieron acceso al documento, en lo relativo al financiamiento éste se realizará por medio de dos vías: el actual Convenio Marco -el cual quedará regulado en la ley- y los Aportes Fiscales Directos, cuya asignación no sufrirá cambios.

El rector Vivaldi evitó profundizar sobre este punto, debido a la controversia que ha generado la entrega de recursos públicos en las universidades privadas del Consejo de Rectores.

Sobre la nueva institucionalidad, se está pensando en la creación de una División de Educación Superior Estatal o un Consejo compuesto por las universidades, el Congreso y organismos estatales que permitan articular a estos planteles, respecto de los intereses y prioridades que tenga el Estado.

Si bien en las universidades privadas del Cruch aseguran que sus reparos a este proyecto de ley no buscan perjudicar a las estatales, consideran que no se está dando el mismo trato a los planteles del G9, como lo señaló el presidente del organismo el rector, Claudio Elórtegui.

Será en medio de este escenario, que este jueves, el Consejo de Rectores abordará los alcances que tendrá la iniciativa y los cambios que experimentará el proyecto de educación superior.

El vicepresidente Ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, intentó bajarle el perfil a las diferencias que ha generado este tema entre los rectores del G9 y el Cuech.

En cuanto al gobierno universitario, el proyecto contempla que todos los planteles del Estado deberán tener un Consejo Superior, que estará compuesto por tres miembros elegidos por el presidente de la República, otros tres por el Consejo Académico, dos profesionales de destacada trayectoria y que deberá presidir el rector.

También se establece que la Contraloría Universitaria ejercerá la legalidad de los actos administrativos y se buscará que la toma de razón que en la actualidad hace la Contraloría General de la República, sólo se mantenga para casos excepcionales.

De acuerdo al propio cronograma que establece el documento, durante la primera quincena de abril se hará la redacción del proyecto. En la segunda quincena será sometido a revisión del Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, para los primeros días de mayo enviarlo al Congreso.